La activación por parte de la Fiscalía General de la República de un juicio de procedencia ante la Cámara de Diputados en contra del gobernador de Tamaulipas, FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA, para que sea desaforado y enjuiciado por supuestos graves delitos de índole federal, ha abierto no solo un insólito debate mediático sino que también, al margen de las motivaciones políticas que podrían estar implicadas, pone en el tapete de la discusión cuestiones jurídicas a las que nunca antes se les habían concedido importancia, pero que deben ser analizadas técnica y objetivamente, para saber lo que podría pasar.
Antes que nada, debe precisarse que la presunción de inocencia prevalece ante cualquier imputación, antes de que haya un veredicto de la autoridad competente que funde y motive la causa legal de procedimiento.
La Fiscalía acusa al gobernador de Tamaulipas de delincuencia organizada, enriquecimiento ilícito y de evasión fiscal, delitos en los que se involucra a miembros de su familia, mismos que él niega afirmando que sus actos personales y oficiales siempre se han apegado a la ley y que solo se trata de una “embestida política” del gobierno federal que busca revancha ante su postura opositora.
Gobernadores de la llamada Alianza Federalista han manifestado su apoyo a su homólogo tamaulipeco, aunque algunos como los de Jalisco y Chihuahua, que en otro tiempo era fieros críticos de la cuarta transformación, se deslindaron abierta o soslayadamente del tema y el domingo en Ciudad Victoria hubo una manifestación de apoyo a CABEZA DE VACA.
Pero no es con discursos, con argumentos en las redes sociales o con marchas callejeras, como se dirimirá este asunto, en que un gobernador en funciones es puesto en el banquillo de los acusados con riesgo de ir a la cárcel. El asunto es más bien de técnica jurídica.
La Cámara de Diputados, erigida en un gran jurado, tendrá que escuchar los argumentos de la parte acusadora y de la defensa del presunto inculpado, con plazos bien determinados para emitir finalmente un veredicto. Se habla de que este será un juicio donde las pruebas de una y otra parte se harán públicas, para que la ciudadanía sea un testigo mudo.
Si la defensa de FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA y él mismo, logran demostrar que los cargos son infundados, la instancia legislativa tendrá que desestimar las acusaciones y el gobierno de ANDRÉS MANUEL LÓPEZ OBRADOR y la Fiscalía de la República habrán quedado en ridículo y aquel a quien creyeron muerto se levantará para cobrarles la afrenta.
Pero, si el dictamen es contrario, el imputado quedará a merced de la justicia federal y podría ser aprehendido inmediatamente, un supuesto que a su vez ha abierto otra discusión jurídica a la que hay que estar atento. Hay quienes dicen que el veredicto del orden federal tiene que pasar por la aprobación de la Legislatura de Tamaulipas, dominada por CABEZA DE VACA que lógicamente lo absolvería de los cargos.
Pero algunos especialistas en Derecho Constitucional, opinan que una simple declaratoria de procedencia de la Cámara de Diputados es suficiente para suspender de su cargo a un servidor público, en este caso el gobernador y no requiere homologación, ratificación o aprobación de un congreso local para que surta efectos. Es tanto como admitir un doble procedimiento de desafuero, lo que es absurdo. En todo caso, la legislatura estatal será notificada del veredicto para efecto de que designe a un gobernador sustituto.
Y aquí es donde encuentran espacio las elucubraciones. De aprobarse el recurso de procedencia y que CABEZA DE VACA sea despojado de su cargo e inmunidad, ¿Quién podría asumir la jefatura del poder ejecutivo en Tamaulipas? ¿El senador ISMAEL GARCÍA CABEZA DE VACA? ¿El secretario de Gobierno, CÉSAR VERÁSTEGUI? ¿El diputado local GERARDO PEÑA FLORES? Pero como estas figuras de alguna manera también están ligadas a la indagatoria, resultarían altamente cuestionables.
Suponiendo sin conceder, en apego a la presunción de inocencia, que el gobernador fuera destituido, muchas amarras se soltarían dentro del propio PAN y muchos militantes inconformes con la distribución que se hizo de las candidaturas, donde no pocos priístas resultaron beneficiados en perjuicio de derechos más legítimos, buscarían cobrar agravios, provocando un reacomodo de fuerzas.
Hay quienes están pensando, ya que en ese hipotético entorno, la actual alcaldesa de Reynosa, MAKI ORTIZ, pudiera proyectarse como el nuevo factor de conjunción del panismo tamaulipeco, tras de que ha sido atacada por todos los flancos por el grupo cabecista. ¿Estará la doctora en condiciones de convertirse en gobernadora sustituta? Así, el gobierno de Tamaulipas continuaría en manos de Acción Nacional, aunque con una línea diferente, algo que la presidencia de la república vería con buenos ojos.
Pero la política es el arte de las negociaciones ocultas. En un supuesto extremo aflictivo, ¿podría CABEZA DE VACA convenir en arreglos políticos que aminoren las consecuencias de su hipotético encauzamiento penal si la Cámara de Diputados decidiera su desafuero?
Insistimos, por mucho que FRANCISCO GARCÍA CABEZA DE VACA pueda ser lapidado por unos y defendido por otros, la resolución del asunto está en manos de un órgano del poder legislativo federal y habrá que atenerse a lo que resulte de las pruebas de cargo y de su versión defensiva y no a las alharacas en las redes sociales.
- La inocencia se presume
- La técnica jurídica, fundamental
raulpazos45@gmail.com
