Uno de los temas que más se trabajó en la Secretaría de Energía bajo el mando de pedro Joaquín Coldwell en la administración de Enrique Peña Nieto fue el entramado legal para cubrir la reforma energética, fue usar todos los caminos legales para poderla blindar, por eso hoy el Gobierno de la 4T intenta por todos lados darle la vuelta y no puede, simplemente no puede.
Los fracasos legales de las iniciativas de la 4T tienen que rebasar al menos nueve leyes nuevas, creadas para la regulación y operación de sector energético más otras 18 leyes que se modificaron para darle viabilidad.
“La reforma está blindada para poder garantizar certeza jurídica”, nos explicó uno de los escribientes de los cambios, incluso, se fue más allá: “La consulta popular no procede en ningún caso de la reforma energética, no es solo abrogar y terminar una ley, es cambiar todo” además, a pesar de las mañas paralegales usadas en esta administración la consulta no se aplica a reformas constitucionales.
La única vía que le queda al presidente López Obrador y a la 4T es intentar hacer un nuevo procedimiento de reforma constitucional, no hay ningún otro medio para cambiar un artículo, es más, en este momento ni siquiera la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene la facultad de revisar el contenido de las reformas constitucionales.
Las leyes secundarias que se modificaron destruyen cualquier acuerdo que se tenga en hidrocarburos y en electricidad, estas leyes están acordes a los lineamientos legales que estaban vigentes en el TLC original y su protección se extiende al T-MEC firmado por la administración actual, algo que no han querido reconocer plenamente en el gobierno mexicano, tanto Rocío Nahle, titular de la Sener en funciones de contratista de Pemex en el proyecto de la refinería de Dos Bocas, como en Pemex y la CFE es que la firma del acuerdo comercial -con otro nombre, con otras siglas, con otras palabras- no solo no los libera sino que los sujeta con una mayor fuerza a cumplir con el marco legal vigente.
Ojo, el T-MEC encierra un peligro importante para el Gobierno de la 4T y tiene que ver con las disposiciones ambientales y la libertad regulatoria. Los demócratas en la Casa Blanca van a acompañar al presidente López Obrador en lo que resta de su administración y sabemos que hay intereses en el cumplimiento de ciertos ordenamientos, por ejemplo, están en contra del secuestro de los reguladores, contra el uso del carbón, a favor de las renovables.
Se viene una relación complicada para la burocracia del sector energético mexicano que tendrá que cuidar y moderar su lenguaje y la actuación de su gente.
Buzos
1.- Por cierto, las empresas petroleras privadas agrupadas en la AMEXHI, que representa Juan Manuel Delgado, dieron a conocer sus resultados y la verdad no les fue mal: de entrada incrementaron los empleos directos de la industria, este año invertirán 940 millones de dólares en Contenido Nacional; incrementaron en un 35% las inversiones realizadas frente al tercer trimestre del 2019 y ya alcanzaron una inversión ejecutada de más de 15 mil millones de dólares, descubrieron seis nuevos yacimientos y esperan cerrar el año con una producción de 57 mil barriles diarios de petróleo, lo que representa un incremento de más del 20% respecto de la producción del 2019.
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