/ miércoles 10 de febrero de 2021

Aguas Profundas | Las demandas (que vienen) contra CFE

La historia que nos cuentan es como sigue: al menos tres despachos mexicanos con conexiones muy fuertes en Estados Unidos estarían preparando el escenario para demandar a nombre de sus representados, unas siete grandes empresas del sector eléctrico, a la CFE en juzgados internacionales, eso en segunda instancia.

Porque resulta que la primera decisión que estarían tomando las compañías, una vez que el Congreso de la Unión apruebe la nueva Ley de la Industria Eléctrica y el presidente Andrés Manuel López Obrador la publique en el Diario Oficial de la Federación, publicación que, según los cálculos del gobierno federal se estaría haciendo en junio, poco antes de las elecciones intermedias; es ampararse para proteger el actual estado de las cosas, luego vendría pelear el amparo definitivo y, en última instancia, una definición por parte de la Suprema Corte.

Mientras ocurre este primer proceso de amparo inmediato, que alega sobre todo la anticonstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, se iniciarían sendas demandas ante los juzgados de Nueva York y, lo más interesante, en la Corte Internacional de Comercio de París, en donde entidades mexicanas ya han sido sentadas por empresas. El caso más famoso es la demanda de Siemens de Alemania y la coreana S.K. Engineering con Pemex.

Tanto la demanda de amparo como la que se pone en la Corte Internacional de Comercio tienen la ventaja de que abren una ventana entre las empresas afectadas y la 4T, específicamente con la CFE, la Secretaría de Energía y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Dicho de otra forma, las empresas eléctricas tendrán que ir a Palacio Nacional a trabajar en una salida negociada con Manuel Bartlett, Rocío Nahle y Julio Scherer, más, probablemente, emisarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Marcelo Ebrard, que tendrá que hablar con las embajadas de EU, Europa y tal vez Asia.

Nos explican que el concepto usado por las cúpulas empresariales en las últimas semanas de expropiación indirecta sí tiene una base legal muy importante basada, sobre todo en que la ley que se aprobará en el Congreso de la Unión tiene un carácter retroactivo muy fuerte, va contra los contratos y la propiedad privada de las plantas que fueron construidas bajo parámetros legales muy diferentes a los que resultaron tras la reforma energética.

Finalmente, las demandas van a ser enormes, para que se tenga una idea: la expropiación indirecta implicaría que se tendrían que pagar contratos legados, autoabastos, capacidad y mercado mayorista y, por supuesto, las subastas. Todo esto son cerca de 110 mil millones de dólares. La 4T no puede creer que su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no tiene un costo o que es sólo pagar los fierros de las centrales privadas, sus paneles solares o sus turbinas eólicas. Es tomar el contrato, leerlo y pagar el valor del negocio en marcha con una proyección a 30 años, estos son los más de 110 mil millones de dólares.

Buzos

1. La desesperación de Pemex, de Octavio Romero, crece todos los días y se va a poner peor, porque aunque tenga el respaldo presidencial, su gente más cercana está, literalmente, cercada por el enemigo: Alberto Velázquez, director de Finanzas; y Marcos Herrería, director de Administración, tienen que avisar de todos sus movimientos a la SHCP, de Arturo Herrera. La correa, dicen, está muy corta.




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La historia que nos cuentan es como sigue: al menos tres despachos mexicanos con conexiones muy fuertes en Estados Unidos estarían preparando el escenario para demandar a nombre de sus representados, unas siete grandes empresas del sector eléctrico, a la CFE en juzgados internacionales, eso en segunda instancia.

Porque resulta que la primera decisión que estarían tomando las compañías, una vez que el Congreso de la Unión apruebe la nueva Ley de la Industria Eléctrica y el presidente Andrés Manuel López Obrador la publique en el Diario Oficial de la Federación, publicación que, según los cálculos del gobierno federal se estaría haciendo en junio, poco antes de las elecciones intermedias; es ampararse para proteger el actual estado de las cosas, luego vendría pelear el amparo definitivo y, en última instancia, una definición por parte de la Suprema Corte.

Mientras ocurre este primer proceso de amparo inmediato, que alega sobre todo la anticonstitucionalidad de la Ley de la Industria Eléctrica, se iniciarían sendas demandas ante los juzgados de Nueva York y, lo más interesante, en la Corte Internacional de Comercio de París, en donde entidades mexicanas ya han sido sentadas por empresas. El caso más famoso es la demanda de Siemens de Alemania y la coreana S.K. Engineering con Pemex.

Tanto la demanda de amparo como la que se pone en la Corte Internacional de Comercio tienen la ventaja de que abren una ventana entre las empresas afectadas y la 4T, específicamente con la CFE, la Secretaría de Energía y la Consejería Jurídica de la Presidencia de la República.

Dicho de otra forma, las empresas eléctricas tendrán que ir a Palacio Nacional a trabajar en una salida negociada con Manuel Bartlett, Rocío Nahle y Julio Scherer, más, probablemente, emisarios de la Secretaría de Relaciones Exteriores, de Marcelo Ebrard, que tendrá que hablar con las embajadas de EU, Europa y tal vez Asia.

Nos explican que el concepto usado por las cúpulas empresariales en las últimas semanas de expropiación indirecta sí tiene una base legal muy importante basada, sobre todo en que la ley que se aprobará en el Congreso de la Unión tiene un carácter retroactivo muy fuerte, va contra los contratos y la propiedad privada de las plantas que fueron construidas bajo parámetros legales muy diferentes a los que resultaron tras la reforma energética.

Finalmente, las demandas van a ser enormes, para que se tenga una idea: la expropiación indirecta implicaría que se tendrían que pagar contratos legados, autoabastos, capacidad y mercado mayorista y, por supuesto, las subastas. Todo esto son cerca de 110 mil millones de dólares. La 4T no puede creer que su reforma a la Ley de la Industria Eléctrica no tiene un costo o que es sólo pagar los fierros de las centrales privadas, sus paneles solares o sus turbinas eólicas. Es tomar el contrato, leerlo y pagar el valor del negocio en marcha con una proyección a 30 años, estos son los más de 110 mil millones de dólares.

Buzos

1. La desesperación de Pemex, de Octavio Romero, crece todos los días y se va a poner peor, porque aunque tenga el respaldo presidencial, su gente más cercana está, literalmente, cercada por el enemigo: Alberto Velázquez, director de Finanzas; y Marcos Herrería, director de Administración, tienen que avisar de todos sus movimientos a la SHCP, de Arturo Herrera. La correa, dicen, está muy corta.




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