Mañana domingo se llevará a cabo en todo el país la consulta popular promovida por el gobierno de la 4T, para pedirle a la ciudadanía su parecer si debe o no enjuiciar a los expresidentes por sus actuaciones históricas y que a lo largo de los años se les ha vinculado sin llegar a ningún juicio y se les someta ante la justicia.
Y si, por lo increíble que parezca, primero como una promesa de campaña del hoy presidente Andrés Manuel López Obrador, este 1 de agosto los mexicanos con credencial del INE en mano podrán participar en la consulta.
Este ejercicio democrático ha dividido opiniones entre quienes por un lado celebran que los expresidentes ya no gozarán de impunidad vitalicia y en contraparte las opiniones de quienes ven que más allá de pulsar al ciudadano, es simplemente un distractor para evadir los verdaderos problemas de que se vive en México y que en base al morbo del pópulo habrán días para entretenerlos en base a los resultados que alcance la jornada ciudadana.
Sobre la misma consulta ciudadana, por disposición constitucional se oficializaron el primer domingo de agosto; se lee en el artículo 35 que son derechos del ciudadano votar en las consultas populares sobre temas de trascendencia nacional o regional.
Con un simple sí o no; sobre el mismo es el Instituto Nacional Electoral será quien la organiza, difunde, lo contabilizará y dará a conocer los resultados, incluso para las impugnaciones el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación será quien reciba, sesione y emita su resolución.
La controversia sobre pedir su aprobación o no al pueblo para enjuiciar a los expresidentes, llegó a la Suprema Corte de la Nación quien corrigió la pregunta de la consulta popular y dándole un sentido diferente la redactó de la siguiente manera.
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo las acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal, para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas?
Indudable que la intención es que los expresidentes, Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo Ponce de León, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto, serían los protagonistas de esta cruzada popular, de ahí que escarbarle con lupa a las acciones que en cada uno de los sexenios los arriba mencionados tuvieron darán para que les lluevan denuncias en la fiscalía sobre la posible participación o culpabilidad que hayan tenido los ex mandatarios de forma voluntaria o involuntaria y que dará motivos para abrir y desempolvar expedientes históricos.
Razón suficiente para que el gobierno actual o los mismos partidos políticos preparen sus denuncias para buscar la manera de sentar en el banquillo de los acusados a los personajes políticos que han gozado de inmunidad al entregar el cargo como presidentes de la república.
Pero ¿qué tan necesario tiene que ser la consulta popular? En el año 2006 al expresidente Luis Echeverría Álvarez, en base a denuncias acumuladas por años y después de más de un lustro de un proceso judicial, un juez lo encontró culpable por genocidio, por la matanza de los estudiantes en Tlatelolco, aquel 2 de octubre de 1968; si bien en esa época él era Secretario de Gobernación y el Presidente era Gustavo Diaz Ordaz, pero dos años después tomó protesta como mandatario federal y gozó de impunidad hasta que le dictaron prisión domiciliaria ya que a sus 84 años la ley le concedió no pisar la cárcel y bastaron tres años después quedó en libertad.
La consulta del día de mañana seguramente el SI vendrá en la mayoría de las boletas, muy pocos decidirán con un NO que dejen en paz a los ex presidentes o a los protagonistas del pasado, pero lo más importante es, que esos personajes políticos no gozan de fuero y ante cualquier resultado que se de en la consulta popular, en el futuro si ante una acusación que se presente, un juez lo ve viable que sea procesado, cualquier exmandatario o funcionario que haya cometido un probable delito puede y debe de ser enjuiciado para que prevalezca el imperio de la ley.
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