En la época contemporánea de la política mexicana, la prisión es el destino de muchos políticos encumbrados que ante los excesos del poder y ante las revanchas políticas, llegan además de purgar penas, también como trofeos de caza de los políticos que asumen la autoridad, apostando a sumar simpatías, validar su triunfo en las urnas y romper con el pasado inmediato.
En los últimos 40 años, los políticos que caen en desgracia y que una vez que terminan sus encargos gubernamentales, son perseguidos, acusados, exhibidos en la sombra de la cárcel, además de ser objeto como fenómenos de circo en imágenes de los noticieros, periódicos y medios de comunicación esposados y con su rostro desencajado, ya sin la sonrisa que tantos votos les dio.
Nombres de políticos y funcionarios de varios niveles de gobierno han pasado por los juzgados penales, muchos han purgado penas, otros más después de vivir por meses en prisión han sido absueltos y sin duda es aún sorprendente como la opinión pública reacciona ante ese tipo de detenciones; en los últimos años, detener a exgobernadores cimbró a la clase política, Mario Villanueva Madrid, quien gobernó Quintana Roo fue acusado por tener nexos con la delincuencia organizada, fue detenido y puesto tras las rejas por más de dos décadas.
Enrique Peña Nieto, siendo presidente se enfocó a consolidar su liderazgo al no solapar actos de corrupción en los gobernadores, barrió con una decena de ellos quienes fueron detenidos y puestos tras las rejas; la foto histórica donde sale el mandatario en su toma de protesta con el grupo de gobernadores de los estados, fue objeto de memes y escarnio al mostrar que varios de ellos, su mismo gobierno los investigó, acusó y encarceló, ante el aplauso de la ciudadanía que reconocía la mano dura de Peña donde sin distingo de partidos, mandó encerrar a varios de los cuales incluso fueron compañeros de luchas partidistas y otros más colegas cuando fueron mandatarios estatales.
Con la llegada de Andrés Manuel López Obrador a Palacio Nacional el primero de octubre del 2018, las promesas de acabar con la corrupción caiga quien caiga alentó a la población en general para que se termine con los excesos gubernamentales y haya una nueva cultura en el servicio público; AMLO por lo pronto amenaza y advierte que no habrá distinción en quien sea sorprendido cometiendo un ilícito con recursos del pueblo; el momento de la verdad se vio en la detención de Emilio Lozoya Austin, director de Pemex en el sexenio anterior, la decepción llegó en la inmediatez al ver que el ex funcionario peñista fue liberado y tratado como mexicano distinguido por ser literalmente contratado como soplón de funcionarios que usaron dinero público para campañas políticas.
Quien sí ha demostrado que para el asunto de acusar y detener a los funcionarios de las administraciones mexicanas es el gobierno estadounidense, sin tanto ruido, ni advertencias, ni amenazas ha detenido a dos funcionarios de alto nivel de sexenios anteriores, primero a Genaro García Luna, secretario de Seguridad de Felipe Calderón Hinojosa y hace dos días al General Salvador Cienfuegos Zepeda, secretario de la Defensa Nacional con Enrique Peña Nieto; ambas detenciones se hicieron en territorio norteamericano y sin ninguna colaboración con el gobierno mexicano.
Con la contundencia como el gobierno de Donald Trump aplica la justicia con funcionarios de altos niveles, y donde son llevados ante los tribunales estadounidenses, el temor de los políticos del pasado reciente, estarían más preocupados por no ser investigados por los gringos que por las autoridades de la 4T; ya que López Obrador, pareciera que distrae la atención señalando los actos de corrupción en diversas secretarías y oficinas de gobierno, pero determinación sólo lo ha tenido con la exsecretaria Rosario Robles Berlanga, cuya acción tiene más un tufo de venganza que de justicia.
Por lo que toca a la consulta popular para enjuiciar a los expresidentes, esta ha sido una forma de entretener al pueblo para que descarguen sus corajes en contra de quien los gobernó en el pasado, pero sin ninguna acción sólida para fincar delitos en firme; por lo anterior es más seguro que Enrique Peña Nieto pueda ser detenido en algún otro país como Estados Unidos y ahí sí sería el primer presidente mexicano que pise la cárcel por algún delito que para las autoridades gringas tenga motivo de aplicarle la justicia.
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