Desde mediados y hasta diciembre del año anterior se pronosticaba que el2020 sería una etapa de desacuerdos, confrontaciones y entredichos entre el gobierno de los Estados Unidos Mexicanos, el cual está encabezado por el tabasqueño Andrés Manuel López Obrador y el de Tamaulipasdirigido por Francisco Javier García Cabeza de Vaca. Los expertos no se equivocaron.
Y aunque este servidor, en una entrega pasada, comentó tratar de evitar encabezados como el que ocupo este día para la columna que, como siempre, pongo a su amable dispensa y opinión, gentil amigo lector, es imposible evitarlo, puesto que, todo parece indicar que dará inicio un nuevo “encontronazo” entre ambas fuerzas ejecutivas y, debemos decirlo, también son potencias políticas, de cara al 2021 cuando un nuevo periodo electoral culmine con el sufragio del pueblo de México.
Si recordamos un poco, esta serie de malentendidos y diferencias de opiniones sobre el ejercicio del poder y la metodología de la aplicación de recursos inició con el tema de la adjudicación de las partidas presupuestales emanadas de las mismas contribuciones que las entidades hacían llegar a las arcas de la nación. En palabras del tamaulipeco – que fueron repetidas en varios eventos a los que pude asistir – lo que devolvía la federación no era acorde a lo aportado por nuestro estado.
La decisión de readecuar la distribución de las partidas económicas fue parte de la premisa del tabasqueño de dar “más a los que menos tienen”, así los estados del norte, cuyo flujo económico es mayor al de otros, vieron reducidas la proporción otorgada de sus propias participaciones, provocando la cancelación de proyectos y programas de carácter local o regional.
Aun así, se esperaba que para este ciclo hubiera un acercamiento y, derivado de este, un buen entendimiento entre los estados que se asumían como afectados y el presidente López Obrador. Dicho encuentro no se dio y, por el contrario, por factores intrínsecos de la llamada 4T y por otros ajenos como la pandemia, el alejamiento entre los elementos incidentes fue mayor, más evidente y crudo.
Para enero de este año con la llegada del INSABI y la anunciada desaparición del seguro popular que, según insistió AMLO, “ni era seguro, ni era popular”, la tensión creció y los malentendidos traspasaron los límites de la diplomacia y FGCV, y sus homólogos de otros estados, optó por no firmar el acuerdo de participación en este instituto que – también debemos decirlo – nació de forma abrupta, incompleta y, a juicio de muchos, atropellada. En una de las conferencias mañaneras del ejecutivo federal se reconoció que había cuestiones de tipo“administrativo” que se debían concluir, pero era cuestión de un par de meses.
La llegada de la pandemia a nuestro país y la metodología para reportar a pacientes del COVID – 19 y los fallecidos a causas asociadas a este mal, dio pie a una nueva retahíla de declaraciones en voz de los representantes de ambos gobiernos en materia de salud.
Cuando las cifras mostradas por el gobierno federal minimizaban las reportadas por la secretaría de salud en Tamaulipas, un medio nacional cuestionó al subsecretario Dr. Hugo López – Gatell a este respecto, quien dio su versión indicando que sí se mostraba lo reportado por cada una de las entidades, de inmediato y a través de sus redes sociales, la Dra. Gloria Molina, responsable del área en nuestro estado, mostró cómo sí había una inconsistencia informativa en el sistema proporcionado por el gobierno de la república por el que no se podía “cargar” la información de todos los pacientes.
A la postre, el facultativo que hace las veces de vocero del gobierno de México, reconoció que sí había más enfermos de los que se apreciaban en las gráficas de cada tarde.
Y, en el marco de la pandemia, pareciera que ha sonado “el campanazo” con el que arranca el tercer asalto de esta “golpeada”relación entre ambos gobiernos. Con la política impulsada por AMLO a través de la secretaría de energía que detiene las inversiones en materia de fuentes renovables, otra serie de proyectos – eólicos, principalmente – han quedado a la deriva en territorio tamaulipeco, ello ha generado malestar tanto en las cúpulas del gobierno estatal y de la iniciativa privada nacional e internacional.
Con la decisión de AMLO se detuvo la llegada de, por lo menos, cinco grandes empresas trasnacionales y se ha caído la formación de los clusters desarrollados por los pequeños y medianos empresarios de las zonas fronteriza, centro y sur de Tamaulipas quienes serían los receptáculos finales del circulante extranjero.
Ante esa situación, el gobierno de Tamaulipas promovió una controversia en contra de tal determinación. La suprema corte de justicia ha reconocido la valía de este recurso y le ha dado “luz verde”, lo que significa que la relación entre las entidades gubernamentales ha llegado a terrenos jurídicos, por lo menos en el sector de la producción energética y serán los magistrados los encargados de valorar las posturas de ambas partes.
Pues, por un lado, AMLO ha manifestado que la llegada de empresas extranjeras en los últimos sexenios, particularmente en el sector energético, ha sido materia de corrupción y, como ya es costumbre, ha citado en repetidas ocasiones a Felipe Calderón, a quien, de manera velada, lo señala como consultor de una empresa española de este ramo. FCH, ya se pronunció de forma parcial al respecto.
Por el otro, FGCV y su gobierno, defenderá los beneficios en materia de empleos y recursos económicos que traigan los consorcios; buscará apoyo en los actores de la iniciativa privada local y regional que, desde mitad del año anterior, se organizaron, conformaron y certificaron como proveedores de materiales y servicios en la entidad, de esas trasnacionales y volverse las vías idóneas para canalizar el capital a las familias tamaulipecas a través de sus empleados.
Como dijimos al inicio de la entrega, aunque nos hemos resistido a usar la analogía, es imposible evitarlo. El final del 2019 bien pudiera haber representado la ceremonia del pesaje con los constantes “dimes y diretes” en materia fiscal. La llegada del INSABI, la negación a desaparecer el seguro popular en Tamaulipas y la inconsistencia de las cifras en materia de COVID – 19 , fueron los dos primeros desencuentros. Hoy, en materia energética se prevé un tercer conflicto entre ambas potencias. Será interesante ver la determinación de los juristas al respecto y qué rumbo tome la relación de los gobernantes en beneficio de los ciudadanos.
Y hasta aquí, pues como decía cierto periodista, “El tiempo apremia y el espacio se agota”.
¡Hasta la próxima!
