LO CLARO. La aplicabilidad de las políticas públicas que rige el Estado como autoridad en esta nueva normalidad, son el reto para fomentar el desarrollo de cada comunidad.
Así lo consideran los expertos de la academia y son materia de estudio, mediante el análisis que recién pusieron en la mesa bajo el tema “Cohesión Social y Políticas Públicas”.
Lo llevaron a efecto la Universidad Autónoma de Tamaulipas, en conjunto con universidades de Chile, Perú y Colombia.
Con la finalidad de entender los desafíos a que se impone el desarrollo de cada comunidad, desde el punto de vista de los derechos humanos ante la pandemia y el papel que el Estado jugaría como ente controlador.
Aun bajo ese imperativo control que debía mantener, la velocidad de propagación y la crisis que provocó, son aspectos a considerar para replantear las estrategias de la aplicabilidad de las transformaciones desde la pandemia.
El nuevo reto será -entre otros-, infundir confianza para mantener unión y desarrollo en cada sociedad y cada pueblo.
LO OSCURO. Lamentable pero bastante cierto. A México nos conocen con más certidumbre por los hechos de inseguridad que habrían dominado la escena político-social desde las postrimerías del siglo XX y lo que lleva de avance el actual.
Aunque la historia se encarga de juzgar el actuar de cada mandatario, el vindicar la lucha contra las fuerzas oscuras en una guerra “que no era guerra”, señalaba como auténtica la presencia de las bandas delictivas.
Así comenzó la legal lucha del estado contra la delincuencia en el sexenio calderonista con el apoyo de la milicia.
Él asegura que avanzó y cada mandatario deberá señalar lo propio.
Es obligatorio que el jefe del estado mande signos de recuperación y avance, pues ese discurso sostiene o debilita en su caso, el progreso del país.
En su momento la propia casa de la nación (simbolizada por las Cámaras de representantes -diputados y senadores-) señalaron como un ‘tino’ el generar una fuerza policial a cargo del ejército, al que llamarían mando único; con la potestad de regular el combate a los delitos en cada estado de la república.
Hasta aquí vamos bien.
Sin embargo, las cuentas no cuadran del todo.
El Índice de Paz en México retrocede por cinco años consecutivos; lo que significa que retrocedemos en materia de procuración de justicia.
Los delitos en materia de combate al narcotráfico quizá dejaron de ser el principal problema y los escándalos que nos daban fama en el mundo.
Predominan sin embargo los homicidios dolosos y la gran presencia de armas de fuego en todo el territorio nacional.
Incurre a que estados como Baja California, Chihuahua, Colima, Guanajuato, Quintana Roo figuran como entidades de mayor ‘cuidado’ para vivir, por su alta tasa de mortalidad merced a los números de decesos por arma de fuego.
Para las personas en el rango de 15 a 44 años de edad resulta ser la principal causa de muerte según las cifras de 2019.
¿La solución? Encausar y sumar esfuerzos para el fortalecimiento de los sistemas de procuración de justicia locales y la mayor presencia de fuerzas policiales es primordial. Sean militares o cualquier forma que decida la autoridad. Hoy solo se atiende y resuelve en estas comunidades, tres de cada cien casos conocidos. El resto es impunidad.
Según se vea el vaso a llenar: 3% de efectividad o 97% impune.
La sentencia es clara… el infractor sabe que tiene tres posibilidades entre cien de ser castigado.
No existen entonces incentivos que provoquen a la denuncia.
Es importante continuar con un discurso conciliador desde el ámbito gubernamental que genere confianza y que estimule al crecimiento y la unión.
Pero también es importante robustecer al monopolio de la violencia en manos del mismo Estado. Y que la justicia sea el sistema que prevalezca.
El miedo provoca caos… y que las armas sirvan también para defenderse, sería catastrófico.
Que no sea la seguridad el eslabón débil del progreso de esta nación.
COLOFÓN: Ventaja de muchos, es que pasamos los 44 hace un gran rato.
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