Para abordar este tema que de antemano sé que a mucha gente le puede incomodar, es necesario partir de la definición elemental de “noticia”, la cual se puede entender como el suceso inesperado e impresionante que es de interés de la sociedad y difundido a través de un medio de comunicación. En un resumen de palabras clave, rescatamos “inesperado”, “impresionante” y “de interés”.
El pasado fin de semana nos despertamos con la información –no con la noticia– de que la Auditoría Superior de la Federación, órgano supremo de control y fiscalización de los recursos ejercidos por las dependencias públicas, dio a conocer los resultados arrojados por el escrutinio hecho en torno a la cancelación del que hubiera sido el Nuevo Aeropuerto de la Ciudad de México, (NAIM por sus siglas).
Dicha determinación que fue tomada por el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, en las primeras semanas al frente del Poder Ejecutivo de la nación, fue una de las promesas de campaña, por considerarlo un “monumento a la corrupción”. En aquel entonces se argumentó ecocidio, sobrecosto de insumos, nepotismo, tráfico de influencias y asignaciones directas de contratos que aludían a ganancias considerables para unos cuantos empresarios simpatizantes “de la mafia del poder”.
“Cien mil millones de pesos”, dijo el recién nombrado mandatario hace aproximadamente tres años. Eso costaría la cancelación de la obra que, además, sería inundada como símbolo de que la corruptela en México quedaba sepultada y en el olvido. En contrasentido, economistas, cuerpos colegiados y órganos observadores nacionales e internacionales le pidieron que reconsiderara la orden pues, a todas luces, el costo final sería muy superior a lo que se estaba estimando. En otras palabras, lo recién declarado por la ASF ya se sabía, se esperaba y, por tanto, ya no nos impresionó. Es decir, ya no era una “noticia” como tal. Era una información que, tarde o temprano, saldría a la luz pública.
Resulta que hace tres años, la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a través de la figura del Ing. Javier Jiménez Espriú, quien fuera un personaje incondicional al presidente López hasta su renuncia del año pasado por el malentendido de la militarización de los puertos y las aduanas, no contempló en ese análisis prospectivo de gastos, aquellos relacionados al coste legal de la cancelación anticipada y del esquema de financiamiento y solo se limitó a enlistar lo ya invertido –que obviamente se perdería– y el valor de los contratos.
Insisto. Lo que se escribió en el párrafo anterior se divulgó por todos los medios noticiosos nacionales e internacionales; especialistas opinaron al respecto y se advirtió que en este tipo de movimientos no hay “borrón y cuenta nueva” pues las empresas no se arriesgan a pérdidas; cuerpos colegiados de profesionistas realizaron escritos en los que se sugería realizar una “limpieza” en la administración de las cuentas de la obra y continuar con ella. No obstante, todo lo anterior fue desestimado porque el NAIM al igual que el avión presidencial que, literalmente no sale “ni en rifa”, de mantenerse, representarían la comunión de AMLO –el de campaña– con los regímenes anteriores y eso, a la postre, hubiera generado una mella considerable en la imagen que trata de mantener el tabasqueño.
En la tercera entrega de la cuenta pública del 2019, el órgano auditor señala que, en gastos relacionados al proceso en ese año, se superó la cantidad de 163 mil 500 millones de pesos. De esta cifra, 70 mil millones son considerados no recuperables pues corresponden a la administración de EPN, empero, poco más de 93 mil millones son enteramente responsabilidad del gobierno actual. Como diría mi buen amigo, Mario Alberto Gámez, ¡Imagínese! Ese “pequeño” detalle rebasó lo que se tenía estimado en el principio de la gesta en contra de la terminal aeroportuaria.
Además de ello, se habla de un avance del 30% de la recompra de bonos por casi 51 mil millones de pesos y la liquidación de certificados bursátiles relativos a la adquisición de Fibra-E por más de 34 mil millones de pesos. A eso hay que agregar el coste legal derivado de la cancelación del proyecto por, aproximadamente, 500 millones de pesos. Asimismo, en el texto, la Auditoría Superior de la Federación señala que se erogaron poco más de 168 mil millones de pesos por gastos adicionales no considerados de obligaciones pendientes que incluyen contratos por liquidar, gastos de juicios y demandas en proceso.
Como “cereza del pastel”, en el documento oficial que circuló por el Internet, el ente fiscalizador reconoce que las cifras pueden verse incrementadas puesto que no se ha recomprado el 70% restante de los bonos emitidos y, además, el Grupo Aeroportuario de México no ha declarado “limitantes”, en palabras sencillas, este órgano no ha entregado “el corte de caja” y por eso no se contemplaron esos gastos.
Lo cierto es que, hasta el momento, la decisión que costaría cien mil millones de pesos lleva acumulado un gasto de 331 mil 996 millones de pesos y eso, tenemos que reconocer como país, que no es noticia, porque ya todos lo sabíamos, aunque algunos no lo quisimos reconocer. Ahora resta la pregunta ¿De verdad está saliendo tan económico edificar la terminal “Felipe Ángeles”?
¡Y hasta aquí!, pues como decía cierto periodista: “El tiempo apremia y el espacio se agota”.
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Y recuerde, será un gran día.
