A menos de dos años al frente del Gobierno de México, Andrés Manuel López Obrador está a un pequeño paso de convertir en una realidad una de las promesas de campaña que se veía imposible de cumplir: Desaforar a la figura presidencial para que los representantes del Poder Ejecutivo pudieran ser juzgados por la ley como cualquier otro ciudadano común ajeno a todo tipo de privilegios políticos.
Fue la Cámara de Diputados la encargada de dar el primer paso y dar el “visto bueno” a esta iniciativa de ley que, en palabras llanas, echaría por tierra un privilegio previsto por la Constitución desde 1857 y que estaba expresado en los artículos 108 y 111 de la Carta Magna. En los próximos días la Cámara de Senadores hará lo propio en torno a esta propuesta, pero, por lo que se observa, podemos decir que tomarán la misma decisión que el resto de los miembros del Poder Legislativo.
Esta reforma llega en el punto más álgido del ánimo popular respecto a la figura presidencial del pasado, particularmente con cuatro personajes, a saber: Carlos Salinas de Gortari, Vicente Fox Quesada, Felipe Calderón Hinojosa y Enrique Peña Nieto. Cada uno de ellos por diversos motivos que ha señalado, en su debido momento, el actual mandatario.
Durante su tribuna matutina desde que tomó el poder, López Obrador ha señalado y, en más de una ocasión, demostrado, que los expresidentes ya citados han cometido actos que han dañado a los intereses nacionales que bien pudieran considerarse como ilícitos. O bien, el tabasqueño los ha señalado, por lo menos, de ser responsables de la implantación y mantenimiento de una política económica que derivó en la pobreza de varios millones de mexicanos.
De esto último, y no es un secreto para nadie, se ha señalado como principal responsable a Carlos Salinas de Gortari quien, al abandonar el cargo, heredó una de las mayores crisis económicas disfrazada por aquella supresión de los ceros en la moneda nacional y la aparición de los “nuevos pesos”. Además, pudiera ser mencionado en este caso, Ernesto Zedillo Ponce de León, quien incrementó la deuda del país en un porcentaje desmesurado bajo el pretexto del rescate financiero nacional.
Mención aparte tendría Vicente Fox pues no debemos olvidar que el guanajuatense vio fracasada la intentona de desaforar “por la libre” al tabasqueño cuando este fue Jefe de Gobierno de la Ciudad de México, además de la pública rivalidad que han tenido ambos personajes, AMLO desde su palestra ha insistido en actos de corrupción ocurridos desde el año 2000 y hasta antes de la llegada de la 4T.
De igual manera, el presidente López ha insistido en señalar que fue durante el primer periodo panista cuando se abusó de la entrega de concesiones en diferentes giros de producción como parte de una “cadena de favores” que debía pagar el primer presidente de oposición.
En el caso de Felipe Calderón Hinojosa, AMLO ha sabido usar el dicho que reza “Para muestra, basta un botón”. Ese “botón” estaría representado por tres factores principalmente: La compra del avión presidencial que, a ojos del tabasqueño, es la muestra fiel de los “gobiernos faraónicos del pasado” y es un insulto a la sociedad mexicana; el caso García Luna que se lleva en tribunales de la Unión Americana y en el que se señala al otrora responsable de la seguridad nacional como protector de un grupo criminal y, por último, en el mismo tenor, las declaraciones del general Tomás Ángeles Dauahare, quien vio desestimadas las investigaciones de la inteligencia militar cuando fue electo el michoacano.
Del mandato de Enrique Peña Nieto, que hoy se califica como el más corrupto de la historia moderna del país, se puede señalar el caso Odebrecht cuyo tramado de “compra de voluntades” se extiende desde la campaña del mexiquense hasta las bancadas de diversos partidos de la pasada legislatura y políticos que hoy se encuentran en funciones en otras trincheras de la administración pública.
Este caso ha cobrado fuerza en los medios de comunicación debido a la detención del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien ha declarado ante la Fiscalía la participación de importantes figuras de la administración federal anterior empezando por EPN.
De la mano de todo lo anterior, AMLO ha promovido la “consulta popular” para llevar a juicio a los expresidentes y ha declarado que, “si el pueblo apuesta por no juzgarlos, él respetará esta decisión porque hay que mandar obedeciendo”.
La pregunta que le hago esta mañana, gentil amigo lector, es: ¿Usted cree que para este momento haya alguien que pida no juzgar a los mandatarios del pasado? Creo que la respuesta es obvia, la mayoría de la sociedad mexicana exigiría a través de esta consulta que se llame a cuentas a los que representaron el Poder Ejecutivo federal y que se les castigue de manera ejemplar en caso de resultar culpables de algún delito.
Como dirían en el mundo televisivo del hampa de ficción: “La cama ya está tendida”.
Por un lado, avanza imparable la iniciativa de ley para que se pueda desaforar a los expresidentes; por el otro, el pueblo está lo suficientemente animado en votar a favor de llevarlos a juicio. El orquestador, a la par de enardecer al pueblo con señalamientos, también evade cualquier responsabilidad al decir que solo cumpliría la voluntad popular pues “la gente manda”.
No cabe duda de que, en estos tiempos de desafuero, ya hay muchos que están temblando. Unos que queriendo hacerse a un lado, no pueden y, otros, que se hacen a un lado y no deben.
Y hasta aquí pues, como decía cierto periodista, “El tiempo apremia y el espacio se agota”.
¡Hasta la próxima!
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Y recuerde, para mañana ¡Despierte, no se duerma que será un gran día!
