Recientemente cundió entre la sociedad mexicana y en especial entre los trabajadores de los medios de comunicación del país y buena parte de América Latina, el aviso de un reconocido comentarista de noticias de que la empresa que había fundado desde hace casi tres años estaba por concluir las transmisiones de manera definitiva. La inconsistencia social y política que se vive en estos momentos en México para hacer periodismo libre era el principal motivo para tomar tal determinación, misma que se vuelve un referente en el desarrollo, crecimiento y sostenibilidad de las empresas dedicadas a la divulgación de la información y el entretenimiento.
Sin embargo, a manera de rumor, se conoció que la razón anunciada por el comunicador estaba fundamentada en que, debido a las recientes reformas en materia laboral impulsadas por el Ejecutivo federal, el principal inversionista de esta empresa, dedicado principalmente a la subcontratación, veía en riesgo su patrimonio y su libertad, por lo que decidió tomar una conducta proteccionista de sí mismo y de sus bienes y, de manera indirecta, silenciar “el micrófono” del amigo que, desde el principio de esta gestión, se declaró contrario al poder público y a la figura presidencial en turno.
No obstante, y a manera de paréntesis, vale la pena reconocer que, desde la llegada de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación, así como el desarrollo de expertos en el uso de programas y equipos para dicho fin, los medios tradicionales han vivido una competencia que, aunque lo nieguen, cada vez es más difícil de sostener y a muchos, la presencia de generadores de contenido independiente los ha llevado a vivir una crisis económica severa pues, a diferencia de estos “microempresarios” que generan ingresos desde su celular de forma casi gratuita, los otrora, grandes monstruos empresariales mediáticos, deben pagar nóminas, cuotas al IMSS, impuestos al SAT y pago de servicios de energéticos para subsistir como tal. Factores que determinan la desigualdad.
Así que, volviendo al tema que compartimos el día de hoy, el cierre de transmisiones de una marca radiofónica como la que estamos señalando solo necesitaba “el puntillazo” jurídico para argumentar que, en estos momentos, no existen las condiciones de libertad de expresión social del ciudadano pensante y un ejercicio libre de la profesión periodística. Ello, bien pudiera interpretarse como una especie de berrinche o perreta adolescente por parte del interesado que está viendo afectado su modo de vida, por lo que decidió “cerrar las puertas del negocio”.
Empero, hay otro detalle del que no se ha hablado mucho en los últimos días. Me refiero al fallo de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación etiquetado con el número 499/2020, que bien pudiera interpretarse como el inicio del control de los medios de comunicación y sus contenidos informativos por parte del Estado a través de una figura político-social que había entrado en una especie de letargo: “La Asociación Mexicana de la Defensoría de las Audiencias”.
Para comprender lo que ocurre debemos hacer un rápido recuento.
Para finales del siglo pasado, se otorgó a los medios de comunicación electrónica –radio y televisión– la facultad de generar sus propios códigos de ética y, con base en ello, promover una autorregulación de los contenidos que emitían al consumidor de la información. Esto incluía, por supuesto, a los noticiarios, los cuales, no debemos olvidar, representan el principal producto de una empresa de medios. Este artículo fue, recientemente, ordenado derogar y la regulación y supervisión de los formatos, líneas editoriales, contenidos y más, pasaría a manos de la AMDA quien, gracias a la interposición de un amparo, ahora será la encargada de salvaguardar la integridad de las audiencias que se ven expuestas a informaciones que bien pudieran considerarse impropias.
Asimismo, se “filtró” que entre las principales figuras “defensoras de las audiencias” se encuentran personajes importantes de la 4T cercanas al representante del Poder Ejecutivo de la nación, Andrés Manuel López Obrador quien, cabe hacer mención, en lo que va de su mandato no ha desaprovechado la oportunidad para descalificar a todo aquel medio –o personaje periodístico– que no esté de acuerdo con su proyecto de nación.
Para tal efecto, según se difundió, se “revivieron” unos lineamientos del 2016 en los cuales se estipula que el medio debe diferenciar con claridad los contenidos de información de aquellos de opinión, particularmente, cuando se trata de dichos personales por el conductor, reportero o presentador en turno. De igual manera se indica que la investigación “comprobada” deberá respaldar aquello difundido como “veraz” en el estricto término periodístico. Si, por un lado, el Estado está buscando desaparecer los órganos autónomos como el Inai que divulgan información oficial a solicitud expresa de la sociedad y, por el otro, entra en vigor esta nueva regulación del contenido mediático, ¿Sabe usted cuándo se podrá hacer periodismo de investigación con fuentes serias y oficiales que puedan criticar al gobierno? ¡Nunca!
¿A qué etapa de México le recuerda esto, gentil amigo lector? ¿A una que se condena diariamente desde el salón Tesorería de Palacio Nacional?
Así, no debemos extrañarnos que, en fechas próximas, cualquier noticiario que veamos en la televisión o escuchemos por la radio, habrá pasado por un tamiz de los “defensores de las audiencias” que no permitirán ninguna crítica al gobierno actual que, de alguna manera u otra, habrá conseguido el control de los medios de información masiva y habrá sepultado la libertad de expresión.
Por cierto, y para despejar la duda que hasta este momento puede tener por el título de la entrega de este día, como dijo el desaparecido vocalista de The Doors, James Douglas (Jim) Morrison: “Quien controla los medios, controla las mentes”.
¡Y hasta aquí!, pues como decía cierto periodista: “El tiempo apremia y el espacio se agota”.
Escríbame a: licajimenezmcc@hotmail.com
Y recuerde, será un gran día.
