El pluralismo y la tolerancia son los factores que garantizan en una sociedad a la democracia. En primer término, es el respeto al derecho de manifestar libremente las opiniones en torno a un tema de carácter público y de interés de la comunidad en la que se está insertado y, posteriormente, el ser abierto a escuchar y a aceptar cada una de las críticas constructivas con el firme objetivo de erigir, con base en la suma de estas, la mejor propuesta y resultado que prodiguen el bien común.
Bajo ningún motivo o circunstancia sería válido o útil el llamado a la manifestación violenta, a la agresión a las instituciones y al deterioro de la sociedad con el fin de socavarla, mucho menos cuando la incitación tiene su origen en una visión parcial de un hecho en lo particular del que, por su condición intrínseca, nos pone como “juez y parte” para conseguir o mantener un beneficio en lo individual.
Catastrófico sería también que, abrazando unos malentendidos conceptos de democracia y libertad, los protagonistas se lanzaran a la reyerta señalando el derecho a ejercer lo mismo que están buscando desestimar. Sería como si un individuo tratara de vendarle los ojos a los demás mientras pecha el derecho a ver libremente o, caso contrario, como si les asegurara la libertad de expresión mientras censura lo que se ha dicho en su contra.
En los últimos días, la nota “de ocho columnas” en el plano internacional se la ha llevado quien próximamente será el expresidente de los Estados Unidos de Norteamérica, Donald Trump. Primero por haber alentado a sus simpatizantes a manifestarse frente al Capitolio. Hecho que desbordó en actos de violencia al interior del recinto legislativo de la Unión Americana. Posteriormente, convocó a sus huestes a volver a sus hogares y, por último, lanzó fuertes críticas a los procederes de los representantes del pueblo estadounidense. Asimismo, el empresario y político acusó de fraude electoral a su rival y demás personajes de la política involucrados en el proceso del que resultó perdedor y anunció que no estará presente en la ceremonia de transición de poderes. Los medios ocupados por el magnate para despotricar en contra de personas, sistemas, procesos y de las instituciones, fueron las redes sociales.
Aquí debemos abrir un paréntesis y hacer un breve recordatorio. Las redes sociales son un ente de la iniciativa privada. Son una empresa y tienen dueño. Un usuario de ellas, como usted o yo, gentil amigo lector, no es propietario de nada, ni siquiera de la información que, por decisión propia, volvemos pública. En otras palabras, si el dueño de este “negocio” decide restringir el uso de este espacio porque considera que viola las normas y reglas establecidas, está en su pleno derecho.
El dueño de estas plataformas ha hecho pública su decisión de bloquear las cuentas de Donald Trump hasta después de que pase la toma de protesta de Joe Biden y, así, colaborar en el control y erradicación de cualquier hecho de violencia posible. Por su parte, el multimillonario presidente ha gritado a mitad de su rabieta que él creará su propia red social y no dependerá de nadie.
De este conflicto ya tomó partido el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador quien condenó de “arrogante”, entre otras cosas, al propietario de las redes sociales y calificó su accionar como un atentado a la libertad de expresión, pues cerrar las cuentas de Trump era un acto de censura “a todas luces” y apoyó la postura de que se crearan más redes digitales e, incluso, dejó entrever la posibilidad de una plataforma social netamente mexicana y administrada por el gobierno.
Sin embargo, el debate que ocurre en tierras extranjeras y que trajo al contexto de la opinión mexicana el ejecutivo de nuestro país por las declaraciones que se expresaron en el párrafo anterior, se ha asentado a mitad del altercado intestino que hay entre el ejecutivo federal y los órganos autónomos. Me refiero, en lo particular al Instituto Nacional de Acceso a la Información, por sus siglas, Inai.
Si bien es cierto que, desde la creación de este órgano, el ciudadano mexicano ejerce el derecho de pedir datos, cifras y documentos al gobierno en turno, también es verdad que las autoridades y las instituciones tienen el derecho de negarse a proporcionar información por considerarla delicada para el bienestar nacional o, caso contrario, entregar libremente los elementos solicitados.
Esta decisión se justifica, según el jefe del Estado mexicano, debido a la fuga de dinero que representa mantener al Inai y al Ifetel, y ha asegurado que estos órganos se deberían incorporar a las dependencias públicas relativas a los procesos en cuestión. Por tanto, el primero –que nos atañe en la entrega de hoy– quedaría albergado en la figura de la Secretaría de la Función Pública. Y se ha asegurado que la parte sustantiva de su quehacer no desaparecerá, por el contrario, se ha sostenido que, en menos de 72 horas, cualquier mexicano tendrá la información solicitada.
Para muchos individuos, en especial para periodistas de carácter nacional, la determinación vino a raíz del descubrimiento y posterior divulgación de los contratos que celebró Pemex con las empresas propiedad de la prima del mandatario, Felipa Obrador, en la que esta última se vio beneficiada con varios millones de pesos, situación que “echó por tierra” los argumentos del tabasqueño de que ningún familiar suyo tendría vinculación con el ejercicio de la administración pública federal. Dichos documentos fueron obtenidos a través del Inai.
Entonces, pudiéramos plantear dos preguntas. La primera sería: ¿Qué representa en realidad el Inai para López Obrador?, ¿Una fuga de recurso o una fuga de información? Y la segunda, ¿No se está censurando la opinión pública de la sociedad mexicana con esta determinación mientras se está exigiendo libertad de expresión de un particular extranjero en un conflicto en el que no se tiene injerencia?
¿No lo ve contradictorio, gentil amigo lector?
¡Y hasta aquí!, pues como decía cierto periodista: “El tiempo apremia y el espacio se agota”
Escríbame a: licajimenezmcc@hotmail.com
Y recuerde, será un gran día.
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