/ miércoles 6 de mayo de 2020

Con Café y a Media Luz | Severos golpes

En los últimos días y teniendo como marco el avance de las cifras del Covid-19 en México, dos sonoros “cañonazos” mediáticos se han escuchado en los frentes políticos de nuestro país poniendo en un complejo entredicho a los sistemas de gobierno – el actual y uno pasado – y a las figuras del poder ejecutivo y, por ende, a los escaparates que los cobijaron hasta llevarlos al poder.

En primer término y gracias a la captura en los Estados Unidos de Norteamérica del secretario de seguridad durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa y con base en datos recabados durante arduas investigaciones que, si bien es cierto no están confirmados y todo se basó en rumores, también es verdad que fueron provenientes de altos funcionarios de la cúpula gubernamental en ese sexenio, se hizo pública la presunta vinculación entre el panista y un importante grupo del crimen organizado a través del encargado de la seguridad nacional.

Esto lo dijo la exembajadora de la Unión Americana, Roberta Jacobson, misma que, posteriormente suavizó sus declaraciones al enfatizar que nunca observó pruebas de lo dicho y, mucho menos, confirmaciones de los supuestos que pudieran dar indicios del conocimiento que Calderón tenía sobre las operaciones que García Luna realizaba.

Frente a lo antes dicho y, fiel a su costumbre, Calderón Hinojosa ha ocupado insistentemente sus redes sociales para rechazar de manera categórica los señalamientos que se le imputan, incluso hizo pública una carta dirigida al titular de una revista de investigación en la que asegura nunca haber estado al tanto de las supuestas conexiones de su subalterno en materia de seguridad.

Como una mera “anotación al calce”, debemos recordar que, en su momento, se revelaron declaraciones del General Tomás Ángeles Dauahare, figura militar prominente en el gobierno del 2006 al 2012 quien, con documentos en mano, comentó al recién electo Calderón, acerca de “los tratos” que tenía el ingeniero con gente del cártel de Sinaloa. A la postre, al miembro del desaparecido Estado Mayor Presidencial le costó la libertad, aunque posteriormente, fue absuelto durante el mandato de Peña Nieto.

Como si eso no fuera poco, hace días una conocida periodista subrayó que, en noviembre de 2012, el excapo de la mafia Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, le envió una carta en la que sostenía que era el propio mandatario quien encabezaba las reuniones con miembros prominentes del círculo delincuencial.

Hasta el momento en que se escribe la presente entrega, el PAN –partido que llevó al poder a FCH– no se ha pronunciado al respecto y ya que tocamos la materia política, podríamos suponer que este asunto representaría una “estocada letal” para el naciente escaparate fundado por el morelense, “México libre”.

Por otra parte, y aunque uno de los eslóganes principales de su campaña, fue la “No tolerancia a la corrupción” y el rechazo a las derivaciones de esta como el “influyentismo”, el compadrazgo, los “tratos a oscuras” y ensalzar el acto de limpiar al poder como “a las escaleras” –de arriba para abajo– , el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador ha sido reiteradamente cuestionado al respecto, después de que se “destapara” una serie de contratos de compra-venta entre el gobierno que él encabeza y una empresa propiedad de la familia de Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad.

La historia del poblano como pilar del priismo de los años ochenta no es desconocida para nadie. Desde el 88 y hasta la fecha, es señalado como el actor principal en la “caída del sistema” que llevó al poder a Carlos Salinas de Gortari, a pesar de que el favorito para triunfar en esas elecciones era el perredista Cuauhtémoc Cárdenas. Para los votantes de aquellos años, el movimiento fue declarado como “un robo en despoblado”. Por cierto, que el mismo presidente López señaló en uno de sus libros, a su ahora “mano derecha” en materia de energía, de realizar adquisiciones de propiedades de manera cuestionable.

El hecho es que se le imputa a uno de los hijos del funcionario –León Manuel Bartlett– el haber recibido un contrato por asignación directa con valor de poco más de 93 millones de pesos por concepto de 75 unidades portátiles de mesa para realizar estudios de ultrasonido torácico, a través de la empresa “Cyber Robotics Solutions” para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

Curiosamente, este tipo de detalles se empezó a ventilar después de que la asociación “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad” diera cuenta de una compra hecha por el IMSS con un valor de 31 millones de pesos por concepto de ventiladores mecánicos para pacientes graves de Covid-19. Lo anterior desató una serie de investigaciones en torno a este consorcio propiedad de la familia Bartlett, las cuales han arrojado transacciones similares de diferente valor con otras secretarías de la administración pública federal vigente.

La presión ejercida por lo ya explicado ha hecho que la Secretaría de la Función Pública tome cartas en el asunto.

Como lo compartimos en la entrega de hoy, esto ha hecho que el sustento de “No tolerancia a la corrupción” del presidente López sea severamente cuestionado durante sus conferencias mañaneras con preguntas de las que de manera muy inteligente se ha desmarcado para evitar generar polémica.

Este nuevo episodio en la vida política de México ha polarizado las críticas de la población, por una parte están aquellos que exigen se llame a cuentas a Felipe Calderón Hinojosa, mientras que justifican la asignación directa de los contratos de la familia Bartlett y al propio presidente López y, por otra, están los que demandan “cuentas claras” a AMLO y señalan que las imputaciones hechas a Calderón son parte de una venganza del crimen organizado por haberle declarado la guerra durante su mandato.

Lo cierto es que estas dos historias – la de los funcionarios en el gobierno de López Obrador y la de García Luna en los Estados Unidos – aún darán mucho de qué hablar y más temprano que tarde se harán públicos datos, nombres, hechos y movimientos que terminarán por darle la razón a unos y desmentir a otros.

Y hasta aquí, pues como decía cierto periodista: “El tiempo apremia y el espacio se agota”.

¡Hasta la próxima!

En los últimos días y teniendo como marco el avance de las cifras del Covid-19 en México, dos sonoros “cañonazos” mediáticos se han escuchado en los frentes políticos de nuestro país poniendo en un complejo entredicho a los sistemas de gobierno – el actual y uno pasado – y a las figuras del poder ejecutivo y, por ende, a los escaparates que los cobijaron hasta llevarlos al poder.

En primer término y gracias a la captura en los Estados Unidos de Norteamérica del secretario de seguridad durante el mandato de Felipe Calderón Hinojosa y con base en datos recabados durante arduas investigaciones que, si bien es cierto no están confirmados y todo se basó en rumores, también es verdad que fueron provenientes de altos funcionarios de la cúpula gubernamental en ese sexenio, se hizo pública la presunta vinculación entre el panista y un importante grupo del crimen organizado a través del encargado de la seguridad nacional.

Esto lo dijo la exembajadora de la Unión Americana, Roberta Jacobson, misma que, posteriormente suavizó sus declaraciones al enfatizar que nunca observó pruebas de lo dicho y, mucho menos, confirmaciones de los supuestos que pudieran dar indicios del conocimiento que Calderón tenía sobre las operaciones que García Luna realizaba.

Frente a lo antes dicho y, fiel a su costumbre, Calderón Hinojosa ha ocupado insistentemente sus redes sociales para rechazar de manera categórica los señalamientos que se le imputan, incluso hizo pública una carta dirigida al titular de una revista de investigación en la que asegura nunca haber estado al tanto de las supuestas conexiones de su subalterno en materia de seguridad.

Como una mera “anotación al calce”, debemos recordar que, en su momento, se revelaron declaraciones del General Tomás Ángeles Dauahare, figura militar prominente en el gobierno del 2006 al 2012 quien, con documentos en mano, comentó al recién electo Calderón, acerca de “los tratos” que tenía el ingeniero con gente del cártel de Sinaloa. A la postre, al miembro del desaparecido Estado Mayor Presidencial le costó la libertad, aunque posteriormente, fue absuelto durante el mandato de Peña Nieto.

Como si eso no fuera poco, hace días una conocida periodista subrayó que, en noviembre de 2012, el excapo de la mafia Edgar Valdez Villarreal, “La Barbie”, le envió una carta en la que sostenía que era el propio mandatario quien encabezaba las reuniones con miembros prominentes del círculo delincuencial.

Hasta el momento en que se escribe la presente entrega, el PAN –partido que llevó al poder a FCH– no se ha pronunciado al respecto y ya que tocamos la materia política, podríamos suponer que este asunto representaría una “estocada letal” para el naciente escaparate fundado por el morelense, “México libre”.

Por otra parte, y aunque uno de los eslóganes principales de su campaña, fue la “No tolerancia a la corrupción” y el rechazo a las derivaciones de esta como el “influyentismo”, el compadrazgo, los “tratos a oscuras” y ensalzar el acto de limpiar al poder como “a las escaleras” –de arriba para abajo– , el actual mandatario, Andrés Manuel López Obrador ha sido reiteradamente cuestionado al respecto, después de que se “destapara” una serie de contratos de compra-venta entre el gobierno que él encabeza y una empresa propiedad de la familia de Manuel Bartlett, actual director de la Comisión Federal de Electricidad.

La historia del poblano como pilar del priismo de los años ochenta no es desconocida para nadie. Desde el 88 y hasta la fecha, es señalado como el actor principal en la “caída del sistema” que llevó al poder a Carlos Salinas de Gortari, a pesar de que el favorito para triunfar en esas elecciones era el perredista Cuauhtémoc Cárdenas. Para los votantes de aquellos años, el movimiento fue declarado como “un robo en despoblado”. Por cierto, que el mismo presidente López señaló en uno de sus libros, a su ahora “mano derecha” en materia de energía, de realizar adquisiciones de propiedades de manera cuestionable.

El hecho es que se le imputa a uno de los hijos del funcionario –León Manuel Bartlett– el haber recibido un contrato por asignación directa con valor de poco más de 93 millones de pesos por concepto de 75 unidades portátiles de mesa para realizar estudios de ultrasonido torácico, a través de la empresa “Cyber Robotics Solutions” para el Instituto de Seguridad y Servicios Sociales para los Trabajadores del Estado.

Curiosamente, este tipo de detalles se empezó a ventilar después de que la asociación “Mexicanos contra la corrupción y la impunidad” diera cuenta de una compra hecha por el IMSS con un valor de 31 millones de pesos por concepto de ventiladores mecánicos para pacientes graves de Covid-19. Lo anterior desató una serie de investigaciones en torno a este consorcio propiedad de la familia Bartlett, las cuales han arrojado transacciones similares de diferente valor con otras secretarías de la administración pública federal vigente.

La presión ejercida por lo ya explicado ha hecho que la Secretaría de la Función Pública tome cartas en el asunto.

Como lo compartimos en la entrega de hoy, esto ha hecho que el sustento de “No tolerancia a la corrupción” del presidente López sea severamente cuestionado durante sus conferencias mañaneras con preguntas de las que de manera muy inteligente se ha desmarcado para evitar generar polémica.

Este nuevo episodio en la vida política de México ha polarizado las críticas de la población, por una parte están aquellos que exigen se llame a cuentas a Felipe Calderón Hinojosa, mientras que justifican la asignación directa de los contratos de la familia Bartlett y al propio presidente López y, por otra, están los que demandan “cuentas claras” a AMLO y señalan que las imputaciones hechas a Calderón son parte de una venganza del crimen organizado por haberle declarado la guerra durante su mandato.

Lo cierto es que estas dos historias – la de los funcionarios en el gobierno de López Obrador y la de García Luna en los Estados Unidos – aún darán mucho de qué hablar y más temprano que tarde se harán públicos datos, nombres, hechos y movimientos que terminarán por darle la razón a unos y desmentir a otros.

Y hasta aquí, pues como decía cierto periodista: “El tiempo apremia y el espacio se agota”.

¡Hasta la próxima!