Durante los últimos años, nuestro país ha atravesado transformaciones estructurales como resultado de la aplicación de un nuevo modelo de desarrollo orientado a la apertura comercial, y al mercado global.
Los cambios a las estructuras instituidas en administraciones posrevolucionarias, han otorgado nuevos roles a los principales actores, entre ellos al gobierno, el cual debe instrumentar acciones que conduzcan a la economía y sus respectivos sectores, a espacios donde la competitividad y la eficiencia son los mecanismos de acumulación de capital.
Este modelo y la reestructura de la base económica, iniciado a principios de los años 80 conocido como Reformas Estructurales, evidenció su bondad y generó oportunidades para sectores con alto nivel de tecnificación de su proceso productivo, cuyos objetivos se orientaron al mercado exterior; pero a la vez provocó desequilibrios para aquellos sectores tradicionales, poco tecnificados, y orientados al mercado interno.
La aplicación de políticas de fomento a las exportaciones y la apertura comercial, agravó en el largo plazo las inequidades que en el plano social se habían venido acumulando por años, acentuando la desigualdad social producto del desempleo y la mala distribución del ingreso ocasionado por el cierre de empresas que no se incrustaron al flujo comercial, o bien a la política de desarrollo implementada por el gobierno.
La reestructura del gobierno y de sus instituciones lo llevaron a constituir diferentes vínculos intergubernamentales a los empleados durante muchos años previos, así como a establecer nexos más cercanos con la sociedad civil. De esta forma la descentralización como un proceso, aparece como un instrumento o medio que permite el establecimiento de nuevas relaciones entre los distintos niveles de gobierno así como con la población, de ahí las reformas en el marco jurídico institucional a fin de ver en la descentralización un proceso de transferencia de funciones y atribuciones de una instancia gubernamental a otra, por ello la importancia del desarrollo local como un proceso de agencia de los órganos gubernamentales locales a fin de tomar las acciones y atribuciones que nunca debieron habérselas quitado para centralizarlas en la federación, es decir, quienes debieron hacerle siempre frente a los compromisos de salud, educación, bienestar social, atención a la pobreza, entre otros, debieron ser los gobiernos locales, sin embargo, el gobierno federal centralizó los recursos fiscales, quedando enmarcados en la Ley de Coordinación Fiscal, el proceso a través del cual, el gobierno federal les transfiere a las entidades federativas una parte de los recursos fiscales, es decir las participaciones federales (Ramo 28 del Presupuesto de Egresos de la Federación. PEF) son recursos que los Estados y Municipios ejercen libremente, mientras que las aportaciones federales (Ramo 33 del PEF) son recursos etiquetados o condicionados, porque la Federación determina en qué se deben gastar.
Si bien es cierto que la descentralización fiscal enmarcada en la Ley de Coordinación Fiscal pretende incrementar el desempeño de los gobiernos estatales y municipales, es necesario reconocer que las aportaciones y las participaciones son recursos que se distribuyen de acuerdo a una Ley que en su momento fue agendada para su análisis, discusión y aprobación en el Congreso Federal, las inequidades en la distribución del ingreso que esta pueda generar para algunas entidades federativas, implicaría en primera instancia una revisión profunda a la Ley existente, a fin de proponer modificaciones y eliminar las supuestas distorsiones de la actual ley, lo anterior implica un proceso de mediano y largo plazo, por lo que sería prudente más que pedir la salida del pacto fiscal como lo han planteado algunos gobernadores, sería más viable, proponer dicha revisión en la agenda legislativa, para verificar las inequidades y modificar la Ley de Coordinación Fiscal vigente, por ello, se sugiere más ciencia política y menos política en la ciencia.
Regeneración 19
