Es bien sabido que las distorsiones que genera el mercado regularmente se traducen en que al menos alguno de los actores que participan en dicho proceso de intercambio salga con déficit, es decir, las aparentes justificaciones del equilibrio de mercado no es más que una quimera que ha quedado en el pasado, sin embargo las secuelas de los desequilibrios se dejan ver y se manifiestan en los altos niveles de pobreza y desigualdad económica y social.
Para ello, las políticas públicas son un factor de mitigación tanto a nivel macro como micro social, en otras palabras, estas son acciones que tienden a paliar los desequilibrios de mercado así como los sociales; particularmente la política social, que cuál se refiere a un conjunto de acciones y actuaciones administrativas e institucionales desde el ámbito del sector público para hacerle frente a diversos problemas de índole social, a fin de proveer el bienestar a la población en condiciones de vulnerabilidad.
La forma como se implementa la política social en nuestro país genera un férreo debate debido a la importancia que esta asume debido a que una amplia parte de la población vive en condiciones de pobreza así como con alarmantes niveles de desigualdad social, ya que uno de los principales propósitos de las políticas sociales es el incidir en generar las condiciones que eleven la calidad de vida de la población, máxime si se plantea un escenario donde el gobierno tiene enormes compromisos presupuestales derivados de la gran deuda pública que se ha ido acumulando durante años, además de la desarticulación de las instituciones del estado; de manera particular el debate se ha centrado en los alcances y las limitaciones que tiene la política social para hacerle frente al reto de generar mejoras en las condiciones de vida, es el cómo identificar a la población objetivo, ya que en términos de pobreza y la forma como se registran las carencias, esta se pulveriza, es decir, está diseminada en todos los espacios geográficos del país, tanto en el campo como en las ciudades, en otros términos, en un Área Geoestadística Básica (AGEB) que se compone de algunas manzanas delimitadas por calles, avenidas, andadores urbanos, entre otros; identificar a la población resulta un reto, ya que la población más vulnerable se encuentra diseminada en todo el territorio, lo que dificulta su atención, si pensamos solo en la población que vive en dichas condiciones, ahora bien, existen otros problemas con la misma urgencia por resolver, como son los problemas de seguridad, contaminación, vivienda, salud entre otros.
Derivado de lo anterior, el sentido de las políticas sociales ha cambiado de matiz, al pensar en ellas desde una perspectiva de derechos ciudadanos, es decir por el hecho de contar formalmente con la ciudadanía mexicana, la persona se hace sujeta a derechos y obligaciones, en el campo de los derechos se ha suscitado de nueva cuenta el debate entre el universalismo o políticas universales y las políticas focalizadas.
En las primeras de ellas son acciones que se aplican e implementan a toda la población sin considerar ninguna particularidad, esto es, que su aplicación es universal, el debate nos lleva a cuestionar si las condiciones financieras del gobierno central son las más adecuadas para implementar este tipo de acciones cuando llevaría implícito un fuerte gasto presupuestal.
Por otro lado, las políticas de corte focalizado, son aquellas que se dirigen hacia la población objetiva de acuerdo a algunas particularidades, como puede ser la edad o bien las condiciones en las que se desarrolla el sujeto, sin embargo, hay suficiente evidencia que muestra que la focalización si bien hace aparentemente más eficiente el gasto, también es cierto que existe un proceso de exclusión y discriminación hacia aquella población que no cumple con el requisito de habitar en los espacios geográficos o bien, las condiciones en las que se desarrolló aparentemente no cuentan con lo establecido en las reglas de operación y que definen las características que debe cumplir el sujeto de derechos.
Por ello es necesario ponderar las condiciones en las que se desenvuelven los ciudadanos a fin de diseñar las acciones gubernamentales, bien sean del gobierno central o de las entidades federativas a fin de implementar modelos universales o focalizados en pro de buscar mejorar las condiciones de vida de la población más vulnerable, que mucha falta hace a fin de reducir los grandes márgenes de desigualdad imperantes en el país.
Regeneración 19
