/ martes 13 de abril de 2021

Economía y bienestar | La ciudadanía y el Estado Benefactor

Uno de los conceptos más importantes en el campo de las ciencias sociales de los últimos años, sin lugar a duda es el concepto de ciudadanía y cómo éste se ha ido moldeando de acuerdo a las condiciones específicas de los procesos históricos.

Como lo explica el economista y filósofo Albert O. Hirschman en su libro Retóricas de la Intransigencia, publicado en 1991, cuando hace alusión a la conferencia dictada por el sociólogo inglés T.H. Marshall acerca del desarrollo del concepto de ciudadanía, quien distinguía que éste contiene tres dimensiones que son el civil, el política y el social. Marshall al analizar el concepto, destinaba el tiempo de un siglo a cada una de las dimensiones para su desarrollo; por ejemplo durante el siglo XVIII fue tiempo suficiente para conformar la dimensión civil, es decir, a través de moldear los denominados derechos del hombre, la libertad de expresión desde el pensamiento hasta de religión; durante el siglo XIX, se formó y maduró la dimensión política de la ciudadanía, mediante el derecho de los ciudadanos a participar en el ejercicio del poder político mediante el sufragio efectivo y la posibilidad de elegir a sus representantes, la práctica de voto se difundió cada vez más para que grupos sociales participaran de los regímenes democráticos; por último, en el siglo XX, se da el nacimiento del Estado Benefactor, dando por sentado que el concepto de ciudadanía alcanzaba las dimensiones social y económica, a través del reconocimiento a las condiciones mínimas de educación, salud bienestar económico y seguridad social entre otros, para todos los ciudadanos.

Las anteriores dimensiones fueron producto de luchas y movimientos sociales denominados progresistas, los que a su vez tuvieron y siguen teniendo grupos antagónicos quienes parten del objetivo de que no se registre ningún cambio en el estado de las condiciones existentes, lo anterior, debido a sus privilegios en regímenes sociales donde lo que menos impera es el concepto de ciudadanía, ya que se reconocen las distinciones de clases sociales asociadas a principios ideológicos, culturales e inclusive consanguíneos, en este sentido, tanto el estado de bienestar que sintetiza la dimensión social del concepto ciudadanía así como las otras dos, han sido objeto de duras críticas, entre la acción de la propuesta progresista y la reacción de aquellos grupos que se oponen a las mismas.

En este sentido, el Estado Benefactor como uno de los motores de la dimensión social de la ciudadanía, ha sido objeto de duras críticas por parte de aquellos grupos sociales que se oponen a las posturas consideradas como de avanzada, lo anterior se ha convertido en una especie de vaivén entre quienes proponen mejoras en las esferas institucionales a fin de garantizar acceso a los satisfactores más elementales para los ciudadanos en general, y entre quienes se oponen, éstos últimos, argumentan en primera instancia las dificultades económicas que el gasto público pudiera representar, sin embargo hay puntos de suma importancia que se deben considerar, por ejemplo, en el caso las políticas sociales que se implementaron en nuestro país con la intensión de construir más ciudadanía desde la dimensión social, el gobierno fundó una serie de instituciones desde la década de 1930 en los sectores tanto educativos como en el campo del sector salud, lo anterior con la finalidad de garantizar la justicia social, y construir al menos un piso mínimo de condiciones que garantizara el bienestar de los ciudadanos por el simple hecho de ser mexicanos

Sin embargo, al paso de los años este modelo que se pretendió construir, se fue desmantelando poco a poco, bajo el argumento que el mercado es más eficiente, sin considerar, que éste tiene la sencilla característica que discrimina a través de precio, excluyendo a grandes grupos poblacionales de los derechos ciudadanos de acceso a la salud principalmente así como a los educativos entre otros, es por ello que hoy es necesario reconsiderar la importancia de retomar por parte del gobierno, bien sea este federal, estatal o municipal las condiciones operativas para fortalecer las instituciones que durante mucho tiempo fueron debilitadas, a fin de que se reanude el camino en la construcción de un Estado Benefactor que garantice los derechos ciudadanos para todos.

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Uno de los conceptos más importantes en el campo de las ciencias sociales de los últimos años, sin lugar a duda es el concepto de ciudadanía y cómo éste se ha ido moldeando de acuerdo a las condiciones específicas de los procesos históricos.

Como lo explica el economista y filósofo Albert O. Hirschman en su libro Retóricas de la Intransigencia, publicado en 1991, cuando hace alusión a la conferencia dictada por el sociólogo inglés T.H. Marshall acerca del desarrollo del concepto de ciudadanía, quien distinguía que éste contiene tres dimensiones que son el civil, el política y el social. Marshall al analizar el concepto, destinaba el tiempo de un siglo a cada una de las dimensiones para su desarrollo; por ejemplo durante el siglo XVIII fue tiempo suficiente para conformar la dimensión civil, es decir, a través de moldear los denominados derechos del hombre, la libertad de expresión desde el pensamiento hasta de religión; durante el siglo XIX, se formó y maduró la dimensión política de la ciudadanía, mediante el derecho de los ciudadanos a participar en el ejercicio del poder político mediante el sufragio efectivo y la posibilidad de elegir a sus representantes, la práctica de voto se difundió cada vez más para que grupos sociales participaran de los regímenes democráticos; por último, en el siglo XX, se da el nacimiento del Estado Benefactor, dando por sentado que el concepto de ciudadanía alcanzaba las dimensiones social y económica, a través del reconocimiento a las condiciones mínimas de educación, salud bienestar económico y seguridad social entre otros, para todos los ciudadanos.

Las anteriores dimensiones fueron producto de luchas y movimientos sociales denominados progresistas, los que a su vez tuvieron y siguen teniendo grupos antagónicos quienes parten del objetivo de que no se registre ningún cambio en el estado de las condiciones existentes, lo anterior, debido a sus privilegios en regímenes sociales donde lo que menos impera es el concepto de ciudadanía, ya que se reconocen las distinciones de clases sociales asociadas a principios ideológicos, culturales e inclusive consanguíneos, en este sentido, tanto el estado de bienestar que sintetiza la dimensión social del concepto ciudadanía así como las otras dos, han sido objeto de duras críticas, entre la acción de la propuesta progresista y la reacción de aquellos grupos que se oponen a las mismas.

En este sentido, el Estado Benefactor como uno de los motores de la dimensión social de la ciudadanía, ha sido objeto de duras críticas por parte de aquellos grupos sociales que se oponen a las posturas consideradas como de avanzada, lo anterior se ha convertido en una especie de vaivén entre quienes proponen mejoras en las esferas institucionales a fin de garantizar acceso a los satisfactores más elementales para los ciudadanos en general, y entre quienes se oponen, éstos últimos, argumentan en primera instancia las dificultades económicas que el gasto público pudiera representar, sin embargo hay puntos de suma importancia que se deben considerar, por ejemplo, en el caso las políticas sociales que se implementaron en nuestro país con la intensión de construir más ciudadanía desde la dimensión social, el gobierno fundó una serie de instituciones desde la década de 1930 en los sectores tanto educativos como en el campo del sector salud, lo anterior con la finalidad de garantizar la justicia social, y construir al menos un piso mínimo de condiciones que garantizara el bienestar de los ciudadanos por el simple hecho de ser mexicanos

Sin embargo, al paso de los años este modelo que se pretendió construir, se fue desmantelando poco a poco, bajo el argumento que el mercado es más eficiente, sin considerar, que éste tiene la sencilla característica que discrimina a través de precio, excluyendo a grandes grupos poblacionales de los derechos ciudadanos de acceso a la salud principalmente así como a los educativos entre otros, es por ello que hoy es necesario reconsiderar la importancia de retomar por parte del gobierno, bien sea este federal, estatal o municipal las condiciones operativas para fortalecer las instituciones que durante mucho tiempo fueron debilitadas, a fin de que se reanude el camino en la construcción de un Estado Benefactor que garantice los derechos ciudadanos para todos.

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