/ viernes 4 de junio de 2021

El Espectador | La misteriosa auditoría pendiente

En donde se prenden las alertas es en Sinaloa, pues todo indica que Carlos Gerardo Ortega Carricarte, secretario de Administración y Finanzas hasta febrero de 2020, cuando por “causas personales” renunció, dejó una bomba de tiempo que está a punto de estallar.

En enero de 2017 se giró la instrucción de detener los pagos a las empresas financieras, provenientes de las retenciones realizadas a los trabajadores que adquirieron créditos de nómina con dichas compañías, el argumento fue que se llevaría a cabo una auditoría general para revisar el nivel de endeudamiento y morosidad en la nómina de los burócratas. Sin embargo, desde entonces llamó la atención del sector financiero que dicha auditoría se realizaría a través de una empresa externa representada por Jorge Gameros Rojas, auditoría que, hasta la fecha, y a poco más de cuatro años de iniciada, sigue sin ser concluida.

En septiembre de 2017 el gobierno estatal convocó a una reunión a todos los representantes de las financieras, esta tuvo lugar en Palacio Nacional de Sinaloa y fue presidida por el mismo Ortega Carricarte, quien informó de la llegada de la empresa administradora de nómina Nomipay, propiedad del político yucateco Emilio Gamboa Patrón, que se sumaba a Jorge Gameros para realizar y dar el dictamen final de la auditoría. Y justo ahí viene la polémica, pues desde ese entonces la administración estatal continúa realizando los descuentos puntuales a cientos de trabajadores, sin reportar los pagos a las financieras, situación que de entrada se traduce como una afectación directa al burócrata en su historial crediticio, embargos, demandas e imposibilidad de obtener nuevos créditos o financiamientos. Se trata de empleados activos, pensionados y jubilados de dependencias como la Secretaría de Gobierno, la de Salud y la de Educación y Cultura de Sinaloa; así como trabajadores afiliados a la SNTE Sección 27 y Sección 53, quienes ven como pasan los meses, siguen los descuentos y su adeuda aumenta ya que no le pagan a las financieras.

Y ante la inmovilidad del actual titular de Finanzas para resolver el tema, quien alzó la voz fue la diputada local de Morena, Delia Esmeralda López Altamirano, quien pide una investigación de las empresas y de la misma autoridad para saber a dónde se van dichos recursos y cómo se operan estos créditos. La clave es que aquí todo indica que la “bolita” nunca llegó a las empresas, y es el gobierno el que tiene, o debería tener en caja varios millones de pesos para pagar estos créditos. ¡Ojalá ahora sí se pueda concluir la famosa auditoría, y también se aclare el servicio prestado por Nomipay en todos estos años!

En donde se prenden las alertas es en Sinaloa, pues todo indica que Carlos Gerardo Ortega Carricarte, secretario de Administración y Finanzas hasta febrero de 2020, cuando por “causas personales” renunció, dejó una bomba de tiempo que está a punto de estallar.

En enero de 2017 se giró la instrucción de detener los pagos a las empresas financieras, provenientes de las retenciones realizadas a los trabajadores que adquirieron créditos de nómina con dichas compañías, el argumento fue que se llevaría a cabo una auditoría general para revisar el nivel de endeudamiento y morosidad en la nómina de los burócratas. Sin embargo, desde entonces llamó la atención del sector financiero que dicha auditoría se realizaría a través de una empresa externa representada por Jorge Gameros Rojas, auditoría que, hasta la fecha, y a poco más de cuatro años de iniciada, sigue sin ser concluida.

En septiembre de 2017 el gobierno estatal convocó a una reunión a todos los representantes de las financieras, esta tuvo lugar en Palacio Nacional de Sinaloa y fue presidida por el mismo Ortega Carricarte, quien informó de la llegada de la empresa administradora de nómina Nomipay, propiedad del político yucateco Emilio Gamboa Patrón, que se sumaba a Jorge Gameros para realizar y dar el dictamen final de la auditoría. Y justo ahí viene la polémica, pues desde ese entonces la administración estatal continúa realizando los descuentos puntuales a cientos de trabajadores, sin reportar los pagos a las financieras, situación que de entrada se traduce como una afectación directa al burócrata en su historial crediticio, embargos, demandas e imposibilidad de obtener nuevos créditos o financiamientos. Se trata de empleados activos, pensionados y jubilados de dependencias como la Secretaría de Gobierno, la de Salud y la de Educación y Cultura de Sinaloa; así como trabajadores afiliados a la SNTE Sección 27 y Sección 53, quienes ven como pasan los meses, siguen los descuentos y su adeuda aumenta ya que no le pagan a las financieras.

Y ante la inmovilidad del actual titular de Finanzas para resolver el tema, quien alzó la voz fue la diputada local de Morena, Delia Esmeralda López Altamirano, quien pide una investigación de las empresas y de la misma autoridad para saber a dónde se van dichos recursos y cómo se operan estos créditos. La clave es que aquí todo indica que la “bolita” nunca llegó a las empresas, y es el gobierno el que tiene, o debería tener en caja varios millones de pesos para pagar estos créditos. ¡Ojalá ahora sí se pueda concluir la famosa auditoría, y también se aclare el servicio prestado por Nomipay en todos estos años!