/ viernes 15 de julio de 2022

El Espectador | Sí están presentes los grandes cárteles en la Ciudad de México

La percepción de que la Ciudad de México estaba “blindada” contra la operación de los cárteles de la droga terminó de derrumbarse esta misma semana, cuando las fuerzas del orden se enfrentaron, y detuvieron al sur de la capital, a una célula criminal que presuntamente formaría parte del poderoso Cártel de Sinaloa.

Aunque especialistas en materia de seguridad refieren que las grandes organizaciones delictivas tienen operaciones en la ciudad, las autoridades habían intentado mantener la idea de que no había presencia del crimen en el principal centro urbano, político, académico, económico y empresarial del país, mismo que aporta hasta el 35 por cientro del PIB nacional.

Es más, en el sexenio pasado, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, el entonces jefe de Gobierno insistía en que los carteles no habían logrado penetrar la CDMX, sino que las organizaciones que operaban eran “organizaciones delictivas de amplia cobertura”; esto a pesar de que el ahora senador perredista se desempeñó como procurador en la capital, donde se ha confirmado que tenían reportes de la presencia del narco al menos desde hace una década.

Con la llegada de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad, parece que se dejó de tener miedo de nombrar las cosas por su nombre; el jefe de la policía, aunque con cautela, no ha temido enunciar la evidente presencial del crimen organizado, no solo por el evento reciente en la México-Cuernavaca, sino por las cada vez más frecuentes escenas de criminalidad y grandes decomisos de armas y droga; sin dejar de lado aquel atentado en una de las zonas de más alta plusvalía de la ciudad, cuando sobrevivió a más de 410 disparos que le habrían propinado presuntos integrantes del Cartel Jalisco.

Fuentes de seguridad consultadas por esta columna apuntan que hay al menos una decena de organizaciones delictivas operando en el centro del país, disputando el control de las carreteras y la venta, a través de células locales más pequeñas, de estupefacientes y combustible; así como la comisión de otros delitos como robos, secuestros, extorsiones y cobro de piso.

Por el control de la ruta México-Cuernavaca, hasta Guerrero, habría disputando carteles como el de Sinaloa, CJNG, Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, Los Rojos, etc., mientras que del otro lado, la ruta hacia Puebla y Veracruz, estaría bajo el asedio de organizaciones como Los Rojos, Los Zetas y el Jalisco Nueva Generación.

Esto ha propiciado que en la CDMX se vean en la actualidad escenas como las del pasado martes, ante una estrategia de seguridad federal de “abrazos no balazos” que los propios especialistas han calificado de fallida y a la que algunos secretarios del ramo en las entidades han contravenido ante la necesidad de combatir el avance de los criminales que se van enquistando cada vez más en diferentes rubros de la sociedad.


Determinando incluso la dieta y los insumos que se proveen en las comunidades, teniendo el control de algunos servicios y reclutando a menores cada vez más jóvenes, incluso desde los siete años, que son obligados a hacer tareas como el traslado, venta o acopio de armas y droga

La percepción de que la Ciudad de México estaba “blindada” contra la operación de los cárteles de la droga terminó de derrumbarse esta misma semana, cuando las fuerzas del orden se enfrentaron, y detuvieron al sur de la capital, a una célula criminal que presuntamente formaría parte del poderoso Cártel de Sinaloa.

Aunque especialistas en materia de seguridad refieren que las grandes organizaciones delictivas tienen operaciones en la ciudad, las autoridades habían intentado mantener la idea de que no había presencia del crimen en el principal centro urbano, político, académico, económico y empresarial del país, mismo que aporta hasta el 35 por cientro del PIB nacional.

Es más, en el sexenio pasado, durante la administración de Miguel Ángel Mancera, el entonces jefe de Gobierno insistía en que los carteles no habían logrado penetrar la CDMX, sino que las organizaciones que operaban eran “organizaciones delictivas de amplia cobertura”; esto a pesar de que el ahora senador perredista se desempeñó como procurador en la capital, donde se ha confirmado que tenían reportes de la presencia del narco al menos desde hace una década.

Con la llegada de Omar García Harfuch a la Secretaría de Seguridad, parece que se dejó de tener miedo de nombrar las cosas por su nombre; el jefe de la policía, aunque con cautela, no ha temido enunciar la evidente presencial del crimen organizado, no solo por el evento reciente en la México-Cuernavaca, sino por las cada vez más frecuentes escenas de criminalidad y grandes decomisos de armas y droga; sin dejar de lado aquel atentado en una de las zonas de más alta plusvalía de la ciudad, cuando sobrevivió a más de 410 disparos que le habrían propinado presuntos integrantes del Cartel Jalisco.

Fuentes de seguridad consultadas por esta columna apuntan que hay al menos una decena de organizaciones delictivas operando en el centro del país, disputando el control de las carreteras y la venta, a través de células locales más pequeñas, de estupefacientes y combustible; así como la comisión de otros delitos como robos, secuestros, extorsiones y cobro de piso.

Por el control de la ruta México-Cuernavaca, hasta Guerrero, habría disputando carteles como el de Sinaloa, CJNG, Guerreros Unidos, La Familia Michoacana, Los Rojos, etc., mientras que del otro lado, la ruta hacia Puebla y Veracruz, estaría bajo el asedio de organizaciones como Los Rojos, Los Zetas y el Jalisco Nueva Generación.

Esto ha propiciado que en la CDMX se vean en la actualidad escenas como las del pasado martes, ante una estrategia de seguridad federal de “abrazos no balazos” que los propios especialistas han calificado de fallida y a la que algunos secretarios del ramo en las entidades han contravenido ante la necesidad de combatir el avance de los criminales que se van enquistando cada vez más en diferentes rubros de la sociedad.


Determinando incluso la dieta y los insumos que se proveen en las comunidades, teniendo el control de algunos servicios y reclutando a menores cada vez más jóvenes, incluso desde los siete años, que son obligados a hacer tareas como el traslado, venta o acopio de armas y droga