/ lunes 15 de agosto de 2022

El Espectador | Sospechan amistad de Tapia Franco con Miguel Barbosa

El ex funcionario José María Tapia Franco, presuntamente bajo la mira de las autoridades desde 2020 por supuesto lavado de dinero, estrechó lazos con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, cuando coincidieron en el Senado de la República. Poco después se encontraron nuevamente en el proceso electoral del estado. Barbosa Huerta como candidato de Morena y Tapia Franco como delegado especial del Revolucionario Institucional.

Sus cercanos señalan que así habrían logrado consolidar una bonita amistad que ahora le rinde frutos a varios actores, pues hay quienes señalan que el ex funcionario lleva unos meses gestionando la asignación de un contrato para la renta de mil patrullas hasta 2024 que será entregado por la administración de Miguel Barbosa. Y es que una vez que expiró el contrato que le adjudicó el gobernador a la empresa Lumo Financiera, de Luis Humberto Montaño García, para la renta de mil patrullas por un costo de mil 387 millones de pesos, por 27 meses, se aprestó a lanzar una nueva convocatoria. Según el calendario de la Secretaría de Administración, el fallo de esta nueva licitación GESAL-197-287/2022 se dará a conocer este lunes 15 de agosto.

Quienes se disputan el concurso son el grupo Casanova, de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova y LTP Global Services.

Es aquí que comienzan las suspicacias por una amistad, pues los implicados señalan a Tapia Franco como el operador del Grupo Casanova, y por lo mismo se espera que sea a ellos a quienes el morenista Barbosa Huerta le entregue la renta de patrullas por el resto de su gestión. Es la forma de ver negocios en este país, cabildeo le llaman algunos, amistad o favores dicen otros.

Entre 2013 y 2016, José María Tapia fue director general para la Gestión de Riesgos en la Coordinación de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, entonces a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong. Constituyó su empresa Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres en diciembre de 2018.

Con ella logró cerrar un contrato con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para venderles ventiladores necesarios en la atención de pacientes de Covid-19. No obstante, debido a que retrasó la entrega de 730 ventiladores, la Sedena le impuso una sanción de 61 millones 816 mil pesos. Desde 2020 al empresario se le investiga por presunto lavado de dinero.

Antes de ocupar cargos en el servicio público Tapia Franco fue un fiel operador del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Según sus declaraciones patrimoniales fue asesor de Beatriz Paredes cuando era presidenta nacional de ese partido; secretario de Acción Electoral del PRI, designado por el líder nacional del Partido, Enrique Ochoa Reza y coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade en la Ciudad de México, entre otros. Es decir, un viejo conocido de la política que ahora se cree está muy metido en los grandes negocios con gobiernos.


El ex funcionario José María Tapia Franco, presuntamente bajo la mira de las autoridades desde 2020 por supuesto lavado de dinero, estrechó lazos con el gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, cuando coincidieron en el Senado de la República. Poco después se encontraron nuevamente en el proceso electoral del estado. Barbosa Huerta como candidato de Morena y Tapia Franco como delegado especial del Revolucionario Institucional.

Sus cercanos señalan que así habrían logrado consolidar una bonita amistad que ahora le rinde frutos a varios actores, pues hay quienes señalan que el ex funcionario lleva unos meses gestionando la asignación de un contrato para la renta de mil patrullas hasta 2024 que será entregado por la administración de Miguel Barbosa. Y es que una vez que expiró el contrato que le adjudicó el gobernador a la empresa Lumo Financiera, de Luis Humberto Montaño García, para la renta de mil patrullas por un costo de mil 387 millones de pesos, por 27 meses, se aprestó a lanzar una nueva convocatoria. Según el calendario de la Secretaría de Administración, el fallo de esta nueva licitación GESAL-197-287/2022 se dará a conocer este lunes 15 de agosto.

Quienes se disputan el concurso son el grupo Casanova, de los hermanos Carlos y Joaquín Echenique Casanova y LTP Global Services.

Es aquí que comienzan las suspicacias por una amistad, pues los implicados señalan a Tapia Franco como el operador del Grupo Casanova, y por lo mismo se espera que sea a ellos a quienes el morenista Barbosa Huerta le entregue la renta de patrullas por el resto de su gestión. Es la forma de ver negocios en este país, cabildeo le llaman algunos, amistad o favores dicen otros.

Entre 2013 y 2016, José María Tapia fue director general para la Gestión de Riesgos en la Coordinación de Protección Civil, dependiente de la Secretaría de Gobernación, entonces a cargo de Miguel Ángel Osorio Chong. Constituyó su empresa Soluciones Integrales en Gestión de Riesgos de Desastres en diciembre de 2018.

Con ella logró cerrar un contrato con la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) para venderles ventiladores necesarios en la atención de pacientes de Covid-19. No obstante, debido a que retrasó la entrega de 730 ventiladores, la Sedena le impuso una sanción de 61 millones 816 mil pesos. Desde 2020 al empresario se le investiga por presunto lavado de dinero.

Antes de ocupar cargos en el servicio público Tapia Franco fue un fiel operador del Partido Revolucionario Institucional (PRI). Según sus declaraciones patrimoniales fue asesor de Beatriz Paredes cuando era presidenta nacional de ese partido; secretario de Acción Electoral del PRI, designado por el líder nacional del Partido, Enrique Ochoa Reza y coordinador de la campaña presidencial de José Antonio Meade en la Ciudad de México, entre otros. Es decir, un viejo conocido de la política que ahora se cree está muy metido en los grandes negocios con gobiernos.