Es cierto, los trabajadores al servicio del Estado, los llamados burócratas, no gozan de buena reputación por una imagen que se han ganado al paso de los años al dar la impresión de que desdeñan la atención ciudadana y porque no cumplen con la vocación de servicio que todos esperaríamos.
También es cierto que muchos cargos de mando están ocupados por personas que tienen como mayor mérito ser amigos del jefe en cualquiera de sus versiones, pero que están muy lejos de ser los más capaces, responsables y honestos.
El amiguismo está enquistado en los tres niveles de gobierno y en los tres poderes, y ya lleva ahí decenas de años.
Sin embargo, también es justo reconocer que en las dependencias de gobierno, o en los poderes legislativo y judicial, hay trabajadores comprometidos con la responsabilidad encomendada y laboran dando lo mejor de ellos.
Ya sean de los primeros o los segundos, a todos ellos que ostentan un cargo de mando medio, se les descontará el 25 por ciento de su salario mensual porque así lo decretó el presidente de la República como una medida de austeridad para atender la emergencia sanitaria. Adicionalmente, no recibirán aguinaldo ni alguna otra prestación de fin de año, desde subdirectores hasta el presidente.
A simple vista se podría percibir como una medida solidaria por parte del Ejecutivo, pero es, en realidad, una decisión unilateral que no corresponde a la lealtad que muchos de los burócratas han demostrado a la actual administración. El mensaje es algo parecido a “quiero que seas leal a mí, pero no esperes lealtad de mi parte”.
No podemos perder de vista que detrás de cada trabajador que tendrá menos ingresos hay una familia, una planeación, así como compromisos que se asumieron al elaborar el presupuesto doméstico.
Abaratar el servicio público, sin duda tiene su riesgo. El salario bajo no es buen consejero, sobre todo de alguien que toma decisiones oficiales o que ofrece un servicio ciudadano. Muchos de los trabajadores afectados ocupan posiciones que hacen posible nivelar sus ingresos de otras maneras, contrarias a los intereses de los ciudadanos.
La buena noticia para todos ellos: la Ley Federal del Trabajo los protege.
La noticia espectacular: el coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal, aseguró que es improcedente este decreto porque contraviene disposiciones constitucionales.
La mala noticia: el mismo senador Monreal aclaró que, no obstante, la donación puede ser voluntaria por parte de los empleados.
La peor noticia: en dependencias gubernamentales reparten ya los escritos personalizados a todos los trabajadores de los niveles jerárquicos afectados, para que solo la firmen y el descuento surta efecto.
Y como este decreto no contempla excepciones, habría que avisarles a funcionarios del sector Salud, como el subsecretario Hugo López Gatell, o a los directores de hospitales públicos que trabajan todos los días en enfrentar la pandemia, que como recompensa se les reducirá el sueldo. Claro, de manera voluntaria.
Hay quórum
Hace exactamente una semana que el Senado de la República aprobó la Ley de Amnistía.
Con mascarillas, cubrebocas, guantes y todas las medidas posibles para evitar contagio, los legisladores aprobaron la iniciativa que beneficia a mujeres, médicos o parteras que participaron en algún aborto y que están presos; a indígenas que no tuvieron oportunidad de una adecuada defensa, a presos políticos o de consciencia, y a jóvenes relacionados con delitos contra la salud, como narcomenudeo.
En la misma sesión quedó manifiesta la poca coincidencia en las prioridades de los grupos parlamentarios, pues fue rechazado por Morena y sus aliados un plan económico de emergencia frente a la emergencia sanitaria y medidas punitivas por ataques en contra del personal médico.
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