Los recientes acontecimientos de protesta protagonizados por los colectivos feministas que reclaman medidas concretas de parte del gobierno para disminuir la alta incidencia de delitos de género contra las mujeres, puede ser la puerta de acceso a una reflexión y revisión más profunda de las políticas públicas en materia de prevención, procuración e impartición de justicia en Mexico.
En efecto, el problema de la delincuencia en nuestro país, no puede confinarse al ámbito de las penas y sanciones, como ha sido el enfoque en los últimos años, sino, debe ampliarse el horizonte de la discusión desde la perspectiva de las políticas generales que se involucran con el tema, claro está, partiendo de los cuerpos de seguridad, pero debe ir más allá de los tópicos tradicionales que pueblan los discursos políticos como la capacitación y combate a la corrupción de los órganos de procuración e impartición de justicia, sino también considerando el estado de los ministerios públicos, jueces y el sistema penitenciario en general, valorando dentro del contexto de lo que se requiere, y no en función simple de lo que le precede en tiempo y gobierno, las capacidades no solo técnicas y legales para cumplir su función, sino materiales y presupuestales para poder desempeñarlas acorde a las necesidades de la sociedad.
Ciertamente la agenda del movimiento feminista pareciera más estrecha de lo que sería una reforma política en la procuración e impartición de justicia, sus consignas en realidad sólo buscan acciones efectivas que se traduzcan en un descenso de los índices de violencia sobre las mujeres, sin embargo, no parece posible que alguna acción así de aislada, desvinculada de una reforma de todo el aparato de procuración e impartición de justicia puede ser posible y realmente efectiva.
En algún momento el movimiento feminista puede asumir el hecho de que el éxito de su lucha radica en la necesidad de trascender la estrechez de los objetivos actuales y puede tomar la ofensiva para impulsar un remozamiento político, institucional del Estado, con el concomitante beneficio para todos lo ciudadanos.
No queda espacio para la duda sobre el fracaso que ha resultado la simple decisión política de aumentar los tiempos de pena de prisión como disuasivo para una criminalidad que se muestra en ascenso, y no podría ser de otra forma, puesto que al primo delincuente por ejemplo, no lo intimida tanto la dimensión de castigo, como la posibilidad de no salir impune del mismo.
Es decir, entre mayores posibilidades haya de que el delincuente se salga con la suya, menos ataduras tendrá para evitar cometer toda suerte de conductas antisociales.
Cierto es, que la naturaleza del delito de feminicidio en el cual concurre en muchas ocasiones la sevicia y brutal ferocidad, hunde sus raíces en lo profundo de la estructura nuestra cultura, es decir, en los casos patológicos, el feminicidio surge a partir de una relación asimétrica de poder, en dónde uno es quien busca dominar, someter e incorporar o asimilar a su propio ser, el ser de otra persona, la naturaleza de delito de género le viene dado por el sexo, en este caso, mujer.
El feminicidio por lo tanto, es un fenómeno en el que el sujeto del dominio del hecho delictivo, no alcanza el estado de auto conciencia por el cual, se pueda reflejar en otros, y en su lugar se queda en el plano de desarrollo de la simple conciencia que objetiva y deshumaniza al Prójimo.
No obstante esta peculiaridad psicológica del agente del tipo penal del feminicidio, el camino para su pleno castigo y en su caso readaptación si lo fuere, está unida al ensachamiento de las capacidades de investigación y enjuiciamiento, lamentablemente, como respuesta a los reclamos de los colectivos feminista, el gobierno ha ofrecido como respuesta una muy burda, la tentativa de cancelar las garantías del debido proceso, para compensar las carencias e insuficiencias presupuestales de todo el aparato de justicia y por esta vía, mejorar los resultados estadísticos sobre el desempeño del Estado en la protección de los ciudadanos, un simple retoque cosmético del frankenstein institucional.
No es la corrupción, lugar común que se repite en los discursos políticos, donde radica el éxito o fracaso contra la delincuencia, sino en el abatimiento de la impunidad, la impunidad es el camino que ha recorrido la inseguridad que desemboca en la corrupción o viceversa, la corrupción de no es otra cosa que la degradación progresiva de un estado de cosas, y de esa degradación es causa eficiente la permisividad producto de la impunidad.
La oportunidad de volverse un agente de transformación y un sujeto de la historia contemporánea toca a la puerta del movimiento feminista, porque en el éxito de su causa se cifra el de toda la sociedad, más aún, por ser el único movimiento contestatario que no se ha satisfecho con rumiar sus penas adoptando una actitud indulgente con un gobierno por más identificación política que pudiera tener.
Todo movimiento dialéctico para que sea progresivo requiere como estímulo su negación, si en algunos hay autocomplacencia, desdén o indiferencia rayana en lo criminal, es lógico y necesario que exista un movimiento que ponga el acento sobre las íes y eleve sus reclamos a tal punto, que saquen de su confort a los responsables de la conducción del país.
No es la corrupción, lugar común que se repite en los discursos políticos, donde radica el éxito o fracaso contra la delincuencia, sino en el abatimiento de la impunidad
