No hay casualidades pero desde que la Polícia Militar con uniforme de Guardia Nacional desplazó a los civiles que pertenecían a la Policía Federal en la vigilancia de la carreteras del país, los asaltos, extorsiones y asesinatos se han disparado. El relato que asomó el martes 22 de marzo con el bloqueo de más de 10 horas de las principales rutas de acceso a la capital del país, y la paralización de al menos una docena de vías en varias partes de la república, es que las carreteras pertenecen al crimen organizado.
Con el bloqueo la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas AC, que agrupa 80 mil propietarios con alrededor de 400 mil vehículos, logró visibilizar un fenómeno que se resiste a ser tomado como “normal”. Sobre todo cuando el año pasado hubo ocho mil 762 denuncias de robo a transporte, un promedio de 730 al mes, 24 al día. Algunas empresas registran robos de mercancías dos o tres veces por semana, en algunas carreteras son elementos de la Guardia Nacional los que extorsionan a los choferes.
Los señalamientos se incrementaron desde que policías militares relevaron en noviembre pasado a los civiles de la vigilancia carreteras en Estado de México, Hidalgo, Campeche, Colima, Puebla, Veracruz, Morelos, Oaxaca, Chiapas y Guerrero, donde se han disparado los delitos.
Cotejar fechas de la toma de carreteras por parte de la Policía Militar con el repunte de asaltos, robos y extorsiones es una extraña coincidencia. Un dato adicional es que los robos en la región Centro, Bajío, Occidente, que comprende Aguascalientes, San Luis Potosí, Guanajuato y Jalisco, han dejado también 15 choferes muertos del año pasado a la fecha. Con la tendencia a la alza los delitos denunciados en diciembre pasado rompieron récord con 790 casos, la cifra más alta en lo que va del sexenio. Los estados donde se concentró la mayor incidencia delictiva fueron Estado de México (el Arco Norte es foco rojo), Puebla y Michoacán, donde los transportistas que usan las vías que salen del puerto de Lázaro Cárdenas, y los que salen de otros lugares como Uruapan y Apatzingán con aguacate y limón, son pasto de la delincuencia.
Los especialistas advirtieron desde el año 2020 que el despliegue en carreteras de Policía Militar con uniforme de Guardia Nacional, tras un curso express de dos meses, abonaría a la criminalidad ante la nula preparación profesional de este cuerpo castrense creado para otros fines. Su labor primordial es dar seguridad a instalaciones militares, vigilar inmuebles estratégicos y actuar en apoyo a unidades operativas al brindar seguridad logística en terreno. Algunas unidades tienen preparación antimotines y otras materias, pero ninguna en tareas reservadas por ley a civiles como la vigilancia en carreteras.
La corriente disidente del sector transportista, cuyo origen de reclamos debería estar en primeros sitios de la lista de temas en alerta para la seguridad nacional, ha escalado en fuerza y presencia y superado a la oficialista Canacar. El 28 de marzo próximo habrá otro relevo de civiles por policías militares en carreteras de otras entidades, y en junio será el último. La posibilidad de un escenario explosivo asoma ante las acusaciones contra policías militares en labores de Guardia Nacional.
@velediaz424
