El concepto de Capital Social ha sido objeto de múltiples análisis en las últimas décadas y, según Durston, está asociado a las “normas, instituciones y organizaciones que promueven: la confianza, la ayuda recíproca y la cooperación generando relaciones estables de confianza, reciprocidad y cooperación”, mismas que pueden contribuir al mejoramiento de las condiciones sociales.
El concepto ha sido usado en varios momentos de la historia por distintos autores, no obstante, la atribución fundacional del término está situado en la década de los 80 con el trabajo de Bordieu, quien define capital social como “la totalidad de los recursos potenciales y actuales asociados a la posesión de una red duradera de relaciones más o menos institucionalizadas de conocimiento y reconocimiento mutuos”. Esta definición puntualiza la colaboración asociada a la obtención de recursos comunes.
En otros términos, como también lo han señalado varios autores al respecto, cuando se habla de Capital Social se habla también de compañerismo, relaciones sólidas y vínculo entre sujetos y familias que puede, además, formar una cultura que da identidad a determinado grupo poblacional y que no solo lo define con respecto a otros sino que desde la praxis –esta particularidad– genera mejores condiciones de convivencia para sus integrantes. Ese Capital Social es la manera en que los grupos poblacionales se fortalecen y pueden generar vinculación y proyectos en diferentes niveles de compromiso y participación.
La importancia de este concepto es que los sujetos son actores fundamentales del desarrollo de su propio entorno. En principio la colaboración pudiera estar en los pactos vecinales que se establecen para atender necesidades particulares, pero puede ir incluso a la participación con entidades gubernamentales o no gubernamentales a favor de la dinámica social y el desarrollo.
La realidad que hoy experimentamos no es sencilla ni fácil de asumir, hoy más que nunca las sociedades del mundo se enfrentan a una dinámica compleja y singular. La pandemia, como señala un documento de la ONU de 2020, “desató una crisis sanitaria y económica sin precedentes tanto en alcance como en magnitud” que ha exacerbado los retos económicos, políticos y sociales a escala planetaria y ha puesto de manifiesto la importante necesidad de la colaboración entre los ciudadanos y las instituciones.
El tránsito hacia una sociedad sostenible y la hoja de ruta trazada por la Agenda 2030 exige procesos sólidos de gobernanza que permitan la colaboración entre los diversos actores y articulen políticas públicas para el desarrollo, la competitividad y la sostenibilidad. “Para lograr los ambiciosos objetivos de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la economía mundial tiene que ser dinámica e inclusiva” (Ibid). Si bien es cierto que los esfuerzos de los organismos internacionales y los estados a nivel mundial son un faro y un factor vital para el desarrollo, el capital social es una condición, sin la cual no se puede llegar a operar ningún plan estratégico. La acción pública es el punto de encuentro entre los actores, pero el momento vital previo es ese momento en el que, desde el propio contexto, se vence el individualismo y se participa activamente de la reconstrucción del tejido social.
