Hace algunos días, The Washington Post publicó un texto del Senador estadounidense Mike Lee donde se plantea un breve y pertinente análisis de las herramientas que el Estado podría utilizar frente a la crisis y de cara a las consecuencias económicas de la pandemia.
En el texto titulado “Washington no solucionará la crisis del COVID-19 pero puede aprovechar el sector privado”, Lee reconoce la necesidad de asumir las limitaciones del Estado y la importancia de la participación del sector privado en la recuperación económica. En dicho planteamiento se incluye el tema de beneficios fiscales y resalta la urgencia de ampliar la deducción de impuestos a donaciones caritativas. La lógica de su discurso es una tendencia clara al empoderamiento social y la reducción del Estado. No es casual que la propuesta de Lee tenga que ver con la participación de entidades sociales. Desde hace casi cuatro décadas ha emergido en los círculos académicos un concepto que ha evolucionado hasta convertirse en el eje primordial de la narrativa de la acción gubernamental moderna: la gobernanza.
El destacado politólogo mexicano Luis Fernando Aguilar ha explorado profundamente el tema en confrontación con la realidad de la Administración Pública en México y el mundo y ha afirmado en diversas obras que contrario a la década de los setentas, cuando se consideraba que el gobierno era incapaz de generar condiciones de gobernabilidad –si no se atendía a un cambio institucional–, en la actualidad no se trata de incapacidad sino de la insuficiencia de los gobiernos para dirigir las sociedades sin la interacción de actores no gubernamentales que complementen las acciones de gobierno. La gobernanza implica una nueva forma de gobernar que no equivale a la sola dirección del gobierno sino a la participación de diversos grupos sociales en múltiples rubros de la vida social.
La experiencia internacional pone de manifiesto que el monopolio de la acción gubernamental de los gobiernos genera un desgaste de las instituciones, del Estado y de la propia democracia por la falta de suficiencia que expone Aguilar. La centralización de recursos y soluciones satura el aparato gubernamental, mientras que la colaboración de los diversos actores económicos y sociales permitirían un efecto multiplicador a favor de la estabilización. Es por eso que la tendencia del modelo postgubernamental y las alianzas entre los diversos actores sociales se ha incrementado en los últimos años y ha avanzado en dos direcciones; por una parte la articulación de mecanismos institucionales para la participación de los diversos organismos de la sociedad civil, como es el caso de las políticas asociadas al presupuesto participativo y por otra parte el incremento de la participación de una sociedad organizada que en ocasiones utiliza tales mecanismos y en otras, propone nuevas formas de actuación.
La participación de todas las fuerzas sociales es un planteamiento indispensable de las democracias modernas y desde el enfoque de la Gobernanza, estas fuerzas se manifiestan en un inexorable mosaico de expresiones organizadas que atienden distintos temas y en muchos casos han estado históricamente comprometidas con causas específicas. Tan solo la Organización de Naciones Unidas registra casi 1500 organizaciones que “apoyan los esfuerzos de difundir información sobre los temas importantes de la agenda mundial, cómo conseguir el desarrollo sostenible, lograr un mundo más seguro, concienciar sobre la importancia de la prevención, ayudar a países en transición, dar más poder a las mujeres y a los jóvenes, abordar la pobreza”, entre otras. La acción de estos grupos organizados no suple las acciones gubernamentales, más bien complementa saludablemente resoluciones a asuntos públicos y ofrece la posibilidad de refrescar la dinámica institucional de los gobiernos. Es tarea de gobiernos y sociedad civil disponer canales de integración. En la medida en que se expanda la acción de los ciudadanos organizados y las instituciones favorezcan la participación mediante legislaciones y políticas, podremos apreciar mejores condiciones para el desarrollo.
Ante la incapacidad técnica y presupuestaria de la vigencia de un Estado Benefactor cada vez más infactible, la participación de organismos sociales a favor de problemáticas comunitarias posibilita el desarrollo y genera cohesión social, favorece la transparencia, el fortalecimiento del capital social y en últimas cuentas vigoriza la democracia. La radicalización que incendia expresiones ideologizadas de confrontación corresponde a la esfera de una dinámica cultural obsoleta conceptualmente superada y pragmáticamente improductiva. La interacción de la sociedad civil que es la participación de ciudadanos organizados en la toma de decisiones en diversos ámbitos de lo público, en los procesos gubernamentales y en la arquitectura de las políticas públicas, es la respuesta más precisa a la sombría vorágine de estos tiempos de grandes tensiones y polarizaciones.
La asociación entre ciudadanos y entidades para favorecer la salida del éxodo de la postpandemia y la reconfiguración de una nueva realidad próspera, hoy más que nunca es imprescindible. Es tiempo de asociarnos por la democracia y por nuestra tierra. Es tiempo de asociarnos por el porvenir.
Perspectivas
Un magnífico ejemplo de la interacción entre actores diversos para mejorar las condiciones sociales es la Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia que surge en 2015 en un contexto de graves problemas en materia de seguridad por iniciativa del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas (CIES). La Mesa Ciudadana de Seguridad y Justicia actualmente integra los esfuerzos de empresarios, sociedad civil, autoridades de diversos niveles, instituciones académicas y religiosas.
JIM YONG KIM
"La comunidad internacional del desarrollo ya no debería preguntarse: "¿Cuál es la política adecuada?", sino más bien: "¿Qué es lo que hace que las políticas contribuyan a mejorar la calidad de vida de las personas?". La respuesta, según el Informe sobre el desarrollo mundial (…) es la gobernanza, entendida como la manera en que los Gobiernos, los ciudadanos y las comunidades interactúan para diseñar y aplicar las políticas".
