Hasta hace poco tiempo la aptitud de estar conectado era una libertad inédita, y su necesidad y uso un renglón prácticamente desconocido.
Actualmente hay quienes se preguntan si la red global computarizada, internet (que facilita el intercambio de información acerca de cualquier tema entre millones de computadoras, con la sencillez de quien oprime una tecla en la intimidad de su hogar o sitio público), representa verdaderamente el nicho de libertades que se pregona. Se esgrime las Fake News, “noticias falsas”; información que circula por intermedio de las plataformas digitales, primicias a lo que la mitad de los mexicanos está expuesto diariamente.
El efluvio de datos falsos por intermedio de portales digitales alimenta el surgimiento de voces que insisten en la necesidad de un debate público para saber qué tan necesario es reglamentar lo que por esta vía se difunde.
El pasado 3 de febrero se firmó un convenio entre el INE y Facebook, plataforma que tiene 83 millones de usuarios activos en México, en un intento por contrarrestar en lo posible las noticias falsas propaladas para influir en procesos sociales y democráticos (incluye las elecciones presidenciales).
El daño moral que causa lo que se consideran calumnias, desinformación y ofensas, afirman, nos sitúa ante un gran peligro, porque “la gente ya no sabe lo que es real y lo que es falso”.
Actualmente se habla de la aprobación de mecanismos de control aplicados por el Estado con el propósito de evitar abusos, fraudes y rumores a través de las redes sociales. Pero la historia nos dice que todo intento por aplicar mecanismos de censura termina en algo peor.
Por ejemplo ¿Los encargados de llevar a cabo las tareas de censura resistirían el impulso o tentación de poner la ley mordaza?
¿Qué censor oficial u oficioso podría meterse en esta complejidad y, principalmente, bajo qué principios?
Remembremos, nada como reprimir en algo para luego seguirse reprimiendo en todo lo demás, como lo demuestra la historia.
