/ sábado 15 de junio de 2019

Política del gran hermano

El derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, desató la política del miedo en los Estados Unidos, nación con la que compartimos tres mil 169 kilómetros de frontera.

Las medidas de seguridad en contra del terrorismo se extendieron a nuestro territorio y las confusiones y desarreglos en la relación bilateral…aumentaron. Esto se advierte, sobre todo, en materia de justicia, migración y la participación de organismos de inteligencia en operaciones encubiertas.

Irónicamente, ahora que en México las organizaciones ciudadanas parecen estar organizadas mejor que nunca para vigilar y supervisar que se respeten los derechos civiles, la desconfianza de la población semeja ir en aumento.

Entre las medidas en materia de seguridad que el Congreso de los Estados Unidos adoptó después del fatídico 11 de septiembre se incluye la declaración de guerra contra Irak (que finalmente fue aprobada), y las bases para legislar acerca del establecimiento de restricciones en las visas de entrada a su territorio, la aprobacion de tarjetas de identidad nacional a los ciudadanos y la intervención de llamadas telefónicas de las personas que los servicios de inteligencia así lo consideren.

Resalta, sin duda, los intentos para someter al gobierno mexicano a los designios del gobierno estadounidense, lo cual no es nuevo. El asunto de los aranceles a nuestros productos es una muestra reciente.

En la relación bilateral es como si alguien hubiera decidido que las mexicanas y mexicanos ya tuvimos demasiadas libertades y ahora lo que necesitamos es ser vigilados, fiscalizados, patrullados y controlados. Solo que los derechos individuales se ven comprometidos.

La migración indocumentada corre el riesgo de convertirse en una lucha que, a juzgar por las acciones de protección que se han propuesto y comienzan a aplicarse, implica el riesgo de caer en la tentación de establecer un mayor número de medidas de control en detrimento de las libertades individuales.

El derrumbe de las Torres Gemelas de Nueva York el 11 de septiembre de 2001, desató la política del miedo en los Estados Unidos, nación con la que compartimos tres mil 169 kilómetros de frontera.

Las medidas de seguridad en contra del terrorismo se extendieron a nuestro territorio y las confusiones y desarreglos en la relación bilateral…aumentaron. Esto se advierte, sobre todo, en materia de justicia, migración y la participación de organismos de inteligencia en operaciones encubiertas.

Irónicamente, ahora que en México las organizaciones ciudadanas parecen estar organizadas mejor que nunca para vigilar y supervisar que se respeten los derechos civiles, la desconfianza de la población semeja ir en aumento.

Entre las medidas en materia de seguridad que el Congreso de los Estados Unidos adoptó después del fatídico 11 de septiembre se incluye la declaración de guerra contra Irak (que finalmente fue aprobada), y las bases para legislar acerca del establecimiento de restricciones en las visas de entrada a su territorio, la aprobacion de tarjetas de identidad nacional a los ciudadanos y la intervención de llamadas telefónicas de las personas que los servicios de inteligencia así lo consideren.

Resalta, sin duda, los intentos para someter al gobierno mexicano a los designios del gobierno estadounidense, lo cual no es nuevo. El asunto de los aranceles a nuestros productos es una muestra reciente.

En la relación bilateral es como si alguien hubiera decidido que las mexicanas y mexicanos ya tuvimos demasiadas libertades y ahora lo que necesitamos es ser vigilados, fiscalizados, patrullados y controlados. Solo que los derechos individuales se ven comprometidos.

La migración indocumentada corre el riesgo de convertirse en una lucha que, a juzgar por las acciones de protección que se han propuesto y comienzan a aplicarse, implica el riesgo de caer en la tentación de establecer un mayor número de medidas de control en detrimento de las libertades individuales.

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