El pasado mes de abril, en la Cámara de Diputados federal se aprobó una reforma que amplía el periodo de Arturo Zaldívar como Ministro Presidente de la Suprema Corte de Justicia de cuatro a seis años. Es decir, que su mandato no terminaría en 2022, sino en 2024.
La propuesta de reforma es, en sí misma, inconstitucional, ya que contradice lo establecido en el artículo 97 Constitucional: “cada cuatro años, el Pleno elegirá de entre sus miembros al Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
Los diputados federales lo sabían. Los expertos lo advirtieron. Y a pesar de todo, los legisladores de Morena, PRI y PVEM votaron a favor y la iniciativa se aprobó, poniendo en juego la división de poderes que nos rige y la democracia mexicana como la conocemos. No sólo violenta el texto de la Constitución sino que busca que desde el Legislativo se dicte el funcionamiento del Poder Judicial, lo cual violaría el principio de división de poderes.
Ahora, el destino de la reforma está en manos de los ministros de la Suprema Corte de Justicia, tres de los cuales han declarado que se excusarían de la votación por tener conflicto de interés en la materia.
Durante décadas hemos luchado por construir y fortalecer instituciones que limiten el ejercicio arbitrario del poder y hoy, lentamente, se busca debilitar los contrapesos democráticos desde el Poder Ejecutivo. La aprobación de la “Ley Zaldívar” abre las puertas a nuevos actos de inconstitucionalidad, ilegalidad y autoritarismo. Debemos tener claro que si pierde la democracia, pierde el país, y perdemos todos y todas.
Es momento de reconocer, además, que esta reforma no es un acto aislado. Por el contrario, llevamos meses conociendo de cambios legislativos que violan la ley, la Constitución, la división de poderes y el federalismo. Un ejemplo es la ley de la industria eléctrica, que ya ha sido suspendida en repetidas ocasiones por jueces federales.
Las y los ciudadanos de Tamaulipas tenemos especial cercanía con esta ley, porque significa un ataque a nuestra economía. Pero, nuestra soberanía fue también víctima de estos ataques.
El intento del gobierno federal para desaforar al gobernador Francisco García Cabeza de Vaca fue una seria violación al pacto federal. La persecución política a la que el gobernador se enfrentó en las últimas semanas, y que enfrenta todo tipo de oposición en esta administración, es una amenaza a la tradición federalista mexicana que había permitido, hasta la fecha, la colaboración y cooperación entre los gobiernos estatales y el gobierno federal.
Un ejemplo más son los constantes ataques y amenazas que el gobierno federal actual ha hecho a los organismos autónomos. Instituciones como el Instituto Nacional Electoral y el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos son logros de la lucha democrática mexicana. Su desaparición, o la violación a su autonomía, son sinónimo de retroceso.
Las acciones del gobierno federal han llegado al punto de ser inadmisibles. El uso de la ley y la Constitución amenazan nuestra democracia. Nuestra mejor arma para defender nuestra democracia es utilizarla. Salir a votar, exigir, ejercer nuestros derechos y obligaciones como ciudadanos y ciudadanas, y recordar la importancia y la necesidad de que el Estado de derecho nos proteja frente a la arbitrariedad del poder. Las elecciones serán una prueba de fuego para que las y los mexicanos decidamos en qué tipo de régimen queremos vivir. Para mí, la respuesta es obvia: tenemos que defender la democracia.
