Lector, un día, cuando llegue la hora del juicio histórico, no de la valoración política...
Se discutirá el asedio de la tecnocracia influyente por imponer en nuestro territorio el neoliberalismo económico hasta llegar al absurdo, sin escuchar los lamentos y ver el rostro adolorido del país.
El coctel que representa la apertura de fronteras al comercio internacional, desregulación, reducción del aparato estatal, privatización de empresas públicas, recorte a los subsidios y el gasto social, políticas de privilegio para los capitales financieros y comerciales por encima del sector industrial, y el surgimiento y fortalecimiento de grandes grupos empresariales en perjuicio de la pequeña y mediana empresa, solo trae un descenso en el poder de compra de la población y desempleo.
En otras regiones del planeta ya rectificaron la ola de privatizaciones, pero aquí seguimos en lo mismo desde hace treinta años. La pregunta es ¿Por qué? ¿Será que se actúa mecánicamente porque nos dicen que lo hagamos para parecernos a ellos?
En el muestrario del neoliberalismo económico surge con mayúsculas el rescate de los Bancos con dinero público aprobado en la 57 Legislatura de la Cámara de Diputados, y al frente Felipe Calderón, su domador, quien se encarga de privatizar las ganancias y socializar las pérdidas y deudas, al amparo de Fobaproa (Fondo Bancario para la Protección del Ahorro), finalmente blanqueado en el Congreso para convertirlo en IPAB (Instituto para la Protección del Ahorro Bancario). Esta estratagema se consuma “un viernes por la tarde” del 12 de diciembre de 1997, día en que millones de mexicanas y mexicanos inmersos en las festividades del Día Santo no acertaron a percatarse de los miles de millones de pesos que les endosaban; recursos que aún se pagan y lo harán futuras generaciones. Esta forma de esclavitud humana en pleno siglo XXI demuestra que el líder de la 57 Legislatura, Felipe de Jesus Calderón Hinojosa (quien en 2006 llegaría a Los Pinos), guadalupano, guadalupano, lo que se dice guadalupano… no es.
El propósito de la tan llevada y traída Reforma Energética, se dijo, era poner a Petróleos Mexicanos (Pemex) a competir en igualdad de condiciones con las empresas que eventualmente se incorporen para la explotación del crudo y gas mexicanos. Sin embargo, hoy todo es distinto a lo que se fijó para la hasta ahora principal empresa petrolera nacional, que sigue sujeta a múltiples restricciones de gasto, endeudamiento y control en su condición de empresa estatal. De acuerdo con observadores, “el régimen fiscal transitorio (2014-2015) no eliminó la posibilidad de que Pemex siga siendo objeto de una extracción excesiva de recursos por parte del fisco, como ha sido el caso durante cuando menos los últimos treinta años”. ¿Se trata de continuar estrangulando a Pemex? Y de ser así, ¿para qué?
Como nota al calce, el referido proceso de enajenación de los hidrocarburos en México que puso fin a 77 años de “autoridad nacional en el petróleo”, tiene en Alberto Bailleres, principal accionista de El Palacio de Hierro, la minera Peñoles, director del consejo de Grupo Nacional Provincial (GNP), considerada la mayor compañía aseguradora del país, y miembro del grupo de patrocinadores, según se dijo, de la ex candidata independiente a la presidencia de la república, Margarita Zavala de Calderón, a uno de sus grandes beneficiarios, ya que actualmente aparece como el feliz dueño de la empresa privada mexicana Petrobal de extracción de crudo y gas, suceso que lo pone en el candelero de los magnates del petróleo mexicano.
Al igual que en el proceso de apertura de la industria energética en la exUnión Soviética, le explotación de las vetas petroleras en México promete producir la instantánea aparición de grandes y nuevas fortunas petroleras. No debería ser una sorpresa. Casi todo mundo conoce las historias de enriquecimientos inexplicables de personajes que surgieron a raíz de una exitosa privatización. ¿Le llega a la mente el nombre del feliz propietario de una gran empresa telefónica? Pero qué me dice de la venta del Banco de México (Banamex) primeramente vendida al señor Roberto Hernández, y después su traspaso al CitiCorp, que implicó la transferencia de riqueza propiedad de la nación a un grupo de inversionistas particulares que pagaron precios sensiblemente menores a los activos que adquirieron. Esos miles de millones de pesos impunemente dedicados al subsidio a la riqueza equivale a haber entregado de manera gratuita a los propietarios nacionales de Banamex y después a los multinacionales de Citi- Corp, recursos presupuestales producto de años de trabajo, ahorro y sacrificio de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos.
A diferencia de otras naciones, China entre ellas, donde los frutos tangibles de la privatización alcanzan ya a grandes sectores de la población, ¿en México dónde están y para quiénes son los grandes beneficios de la venta de empresas públicas?
