/ lunes 29 de abril de 2019

Sacudida al neoliberalismo

El modelo económico neoliberal que comenzó a aplicarse en México a partir de mil novecientos ochenta y uno, ya demostró sobradamente ser incapaz de producir condiciones de igualdad e incorporar a las mayorias excluidas.

Sus difíciles y estremecedores efectos solo revelan las “meteduras de pata” de sus conspicuos defensores. Algunos, afirman que pese a los negativos o magros resultados, de no haberse implantado nos hubiera ido peor, “ya que es imposible rectificar los errores cometidos durante varias décadas en pocos años”. Pero niegan que fue durante el periodo neoliberal a ultranza cuando Fobaproa se ejecutó y “blanqueó” para gozar del silencio cómplice de la clase política y “asociados”. Esto es solo una parte de la “herencia negra” de gobiernos que, por encima de la mesa, predicaban la Perestroika y el Glasnost, mientras que por debajo de la mesa, como buenos fariseos, efectuaban un curso de enajenación de empresas públicas plagado de irregularidades. Hoy, está claro que para democratizar el país, primero tiene que ocurrir la transparencia.

La apertura de fronteras al comercio internacional, desregulación, reducción del aparato estatal, privatización de empresas públicas, recorte a los subsidios y del gasto social, políticas de privilegio para los capitales financieros y comerciales por encima del sector industrial, y el surgimiento y fortalecimiento de grandes grupos empresariales en perjuicio de la pequeña y mediana empresa, es la marca de una doctrina económica que tiene a un 60% de los habitantes de nuestro territorio en la pobreza; hecho que obliga a cientos de miles de connacionales a intentar el cruce del río Bravo para buscar no solo mejores condiciones de vida sino de sobrevivencia.

México solo llegará a la mayoría de edad democrática cuando se termine con los niveles intolerables de corrupción, cosa a que algunos se niegan porque les reditúa ganancias pecunarias. Es del dominio público las historias de “enriquecimiento inexplicable” de personajes que surgieron a raíz de un exitoso proceso de privatización; circunstancia que significó, en algunos casos, la transferencia de riqueza propiedad de la nación a un grupo de inversionistas particulares que pagaron precios sensiblemente menores a los activos que adquirieron. Estos miles de millones de pesos impunemente dedicados al subsidio a la riqueza equivale a haberles entregado de manera gratuita a los nuevos propietarios nacionales y del exterior, recursos presupuestales producto de años de trabajo, ahorro y sacrificio de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos.

Se supone que los beneficios tangibles del proceso de “privatización” en México debían alcanzar a grandes sectores de los habitantes. Pero ¿dónde están y para quiénes son los grandes beneficios de la venta de empresas publicas?

El modelo económico neoliberal que comenzó a aplicarse en México a partir de mil novecientos ochenta y uno, ya demostró sobradamente ser incapaz de producir condiciones de igualdad e incorporar a las mayorias excluidas.

Sus difíciles y estremecedores efectos solo revelan las “meteduras de pata” de sus conspicuos defensores. Algunos, afirman que pese a los negativos o magros resultados, de no haberse implantado nos hubiera ido peor, “ya que es imposible rectificar los errores cometidos durante varias décadas en pocos años”. Pero niegan que fue durante el periodo neoliberal a ultranza cuando Fobaproa se ejecutó y “blanqueó” para gozar del silencio cómplice de la clase política y “asociados”. Esto es solo una parte de la “herencia negra” de gobiernos que, por encima de la mesa, predicaban la Perestroika y el Glasnost, mientras que por debajo de la mesa, como buenos fariseos, efectuaban un curso de enajenación de empresas públicas plagado de irregularidades. Hoy, está claro que para democratizar el país, primero tiene que ocurrir la transparencia.

La apertura de fronteras al comercio internacional, desregulación, reducción del aparato estatal, privatización de empresas públicas, recorte a los subsidios y del gasto social, políticas de privilegio para los capitales financieros y comerciales por encima del sector industrial, y el surgimiento y fortalecimiento de grandes grupos empresariales en perjuicio de la pequeña y mediana empresa, es la marca de una doctrina económica que tiene a un 60% de los habitantes de nuestro territorio en la pobreza; hecho que obliga a cientos de miles de connacionales a intentar el cruce del río Bravo para buscar no solo mejores condiciones de vida sino de sobrevivencia.

México solo llegará a la mayoría de edad democrática cuando se termine con los niveles intolerables de corrupción, cosa a que algunos se niegan porque les reditúa ganancias pecunarias. Es del dominio público las historias de “enriquecimiento inexplicable” de personajes que surgieron a raíz de un exitoso proceso de privatización; circunstancia que significó, en algunos casos, la transferencia de riqueza propiedad de la nación a un grupo de inversionistas particulares que pagaron precios sensiblemente menores a los activos que adquirieron. Estos miles de millones de pesos impunemente dedicados al subsidio a la riqueza equivale a haberles entregado de manera gratuita a los nuevos propietarios nacionales y del exterior, recursos presupuestales producto de años de trabajo, ahorro y sacrificio de muchas generaciones de mexicanas y mexicanos.

Se supone que los beneficios tangibles del proceso de “privatización” en México debían alcanzar a grandes sectores de los habitantes. Pero ¿dónde están y para quiénes son los grandes beneficios de la venta de empresas publicas?

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