En este año 2021 que inicia se va a llevar a cabo el proceso electoral más grande de toda la historia. Estarán en juego miles de puestos a elección popular, por lo que bien puede llamarse año electoral. Actualmente México cuenta con órganos electorales profesionales e imparciales, un sistema de justicia electoral fortalecida; con normas para una competencia equitativa entre los partidos políticos, con instrumentos electorales de confiabilidad técnica y con una organización electoral con amplia participación ciudadana.
No hay mejor garantía para la consolidación de nuestra democracia que la observancia estricta de las normas electorales. Su estricta aplicación es el único camino para construir un México en que la legalidad sea la conducta habitual de los partidos y la expectativa natural de los ciudadanos. Una cultura de la legalidad electoral será la fuente inequívoca de legitimidad política.
Hoy, se ha generado una nueva realidad: con las redes sociales, medios de comunicación han creado una sociedad más compleja, alerta y participativa; la ciudadanía plural, informada y exigente demandan legalidad, participación y reconocimiento a la pluralidad, es decir, la legalidad, el pluralismo y la participación ciudadana y social deberán ser los principios políticos que rijan esta contienda electoral.
Hoy sabemos que vivimos una realidad en medio de crisis, económica, de salud que desgraciadamente todavía no termina. Sabemos que la mejor forma de afrontar problemas colectivos es sumando esfuerzos. La multiplicación de organizaciones sociales y movimientos ciudadanos es un claro reflejo de la vitalidad de nuestra sociedad y de su capacidad para unirse en torno a las más diversas causas públicas. Los partidos políticos contendientes son el vínculo político por excelencia entre los electores y sus propuestas, son la respuesta al reto de representar los intereses de las sociedades complejas de nuestros días. La contienda electoral no debería ser una batalla y los partidos políticos contendientes no deben verse cómo enemigos. El proceso electoral es una justa entre contendientes que compiten por la preferencia ciudadana. Desgraciadamente la sociedad ha separado desde hace mucho tiempo la ética de la política. Ya no cree la gran mayoría de los ciudadanos en los políticos, pero eso no justifica que el político esté exento de seguir un riguroso mandato ético y moral. La devaluación actual de la política refleja de la arbitrariedad y la corrupción que en ocasiones enturbia la vida pública, pareciera que ya tocó fondo. El político debe saber que al final habrá un juicio histórico de la vida pública. Los hechos hablarán por sí solos, pueden ser desviados por intereses pasajeros, pero al final la evidencia de lo dicho y escrito y la realidad incontrovertible del futuro ante el pasado son los que les darán la calificación. Una política sin valores es denigrante. Sí en la contienda electoral no se respetan los valores, se ignoran los principios axiológicos y campean los más bajos instintos, la política se envilece, si por el contrario hay civilidad y respeto, lucha clara y abierta, madurez y valentía, la política se enaltece. Ese es el reto.
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