El pasado 8 de marzo se celebró el Día Internacional de la Mujer, cuando en muchas partes del mundo tomaron las calles para repudiar la violencia en contra de ellas y buscar una igualdad de género.
Me referiré concretamente a la Ciudad de México en donde vimos imágenes en las cuales las legítimas causas del movimiento de la mujer se convirtieron en actos de violencia. No debe haber ni causa social ni causa política que no se pueda atender ni resolver en el marco del Estado de derecho. La observancia de la ley, el diálogo, la tolerancia y la construcción de consensos constituyen el método de la democracia para resolver cualquier diferencia. Por ello debemos rechazar la violencia que es por definición, excluyente, intolerante, despótica y arbitraria. La legalidad, el pluralismo y la participación hacen innecesaria la violencia. Los argumentos, la razones de cada quien, deben ser escuchados, y deben encontrar vías de expresión y de acuerdo, porque somos una sociedad abierta, una sociedad libre, una sociedad que quiere vivir en paz y en armonía para que fructifique nuestro esfuerzo. Y para ello, es esencial que vivamos en un Estado de derecho. No se puede ni se debe buscar la justicia, a través de la injusticia.
El Estado mexicano ha firmado y ratificado múltiples tratados y convenciones internacionales, tendientes a combatir la desigualdad, la discriminación y buscar la equidad de género, como la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y la Ley General para la Igualdad, ordenamientos los cuales estamos obligados a respetar porque forman parte del orden jurídico nacional. Efectivamente la violencia contra la mujer constituye una violación a los derechos humanos y a las libertades fundamentales, que limita total o parcialmente a la mujer del reconocimiento, goce y ejercicio de tales derechos y libertades, por lo que debe considerarse preocupante, ya que es una ofensa a la dignidad humana y una manifestación de las relaciones de poder históricamente desiguales entre mujeres y hombres.
Por ello, uno de los principales deberes del Estado es modificar los patrones socioculturales de conducta de hombres y mujeres, incluyendo la educación a todo nivel, para contrarrestar prejuicios, costumbres y todo tipo de prácticas que se basen en la primicia de la inferioridad o superioridad de cualquiera de los géneros o de los papeles estereotipados para el hombre y la mujer. Por ello el Estado debe fomentar la educación porque en la realidad pesa más la construcción cultural de la diferencia sexual, lo cual obstaculiza la materialización real de la igualdad. Es la falta de valores y de educación la que contribuye a las diversas formas de violencia y discriminación que las mujeres viven cotidianamente. El tema de equidad de género debe abordarse desde la posición del respeto efectivo a los derechos humanos, esto es, en la medida que se garantice su cumplimiento se garantizará la equidad de género. En suma: toda mujer tiene derecho a una vida libre de violencia, tanto en el ámbito público como en el privado; tiene derecho al reconocimiento, goce, ejercicio y protección de todos los derechos humanos y las libertades consagradas en nuestra Constitución y en los tratados internacionales sobre derechos humanos. Este es el reto.
cesar.fentanesbanda@gmail.com
