El próximo 6 de junio son las elecciones más grandes de la historia de nuestro país, y tenemos un derecho y una obligación de acudir a votar por el candidato de sus preferencias, en forma libre, secreta, universal y sin coacción de ninguna naturaleza.
Fundamentado en el artículo 35 constitucional, que dispone que son derechos del ciudadano: votar en las elecciones populares; poder ser votado para todos los cargos de elección popular, teniendo las cualidades que establece la ley. En consecuencia, el voto se considera como un derecho y obligación ciudadana estableciendo el deber cívico de acudir a los centros de votación para ejercer ese derecho y esa obligación. El voto, es secreto lo cual es una garantía de la ley electoral que impide que un extraño pueda influir en su voto o conocerlo. ¿Por qué es el derecho a votar universal? Porque es de todos los adultos, sin distinción de raza, sexo, creencia o posición social y económica. Consiste en darle a cada ciudadano un solo voto, que tiene un valor de resultado igual al de cualquier otro elector independientemente de sus ingresos, riqueza o estatus social.
México cuenta con órganos electorales profesionales e imparciales, con mayores espacios para la representación política con un sistema de justicia electoral fortalecido; con normas para una competencia equitativa entre partidos; con instrumentos electorales de probada confiabilidad técnica; y con una organización electoral que depende de una amplia participación ciudadana. El hecho fundamental es que hoy contamos con reglas más favorables para la transparencia y la equidad electorales. La democracia se construye a partir del acuerdo y la convergencia de posiciones diversas que enriquecen el marco normativo electoral. Se aplican normas que fiscalizan el financiamiento de partidos, gastos de campaña y acceso a los medios de comunicación, todas ellas deberán ser analizadas con el concurso de todos los partidos, que es la mejor forma de lograr la plena autonomía de los órganos electorales. La ley electoral y su estricta aplicación es el único camino para construir un México en el que la legalidad sea la conducta habitual de los partidos. Uno de los grandes retos es traducir en materia electoral una firme cultura de la legalidad; una cultura en el que el apego a la legalidad electoral sea la fuente inequívoca de la legitimidad política.
La contienda electoral no debe verse como una guerra y los partidos políticos no son enemigos. Los partidos políticos representan fuerzas integrantes de la voluntad nacional. Sus intereses y sus planteamientos deben ser conocidos y reconocidos que nos permitan identificar las diferencias y convergencias, sosteniendo diálogos de intercambios civilizado para representar la creciente pluralidad social y de agregar y articular los diversos intereses y convertirlos en postulados, programas e ideologías que contiendan por el voto ciudadano para forjar gobiernos verdaderamente representativos. Además, las preferencias electorales, simpatías personales por alguna candidata o candidato no deben ser motivo de ninguna manera para dividir familias, amistades y mucho menos dividir a la sociedad. Busquemos la unidad, por encima de cualquier preferencia ciudadana. Salgamos a votar. Ese es el reto.
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