La Justicia es una tarea pendiente en nuestro país desde siempre. No hemos encontrado el camino adecuado para mejorar la impunidad y en esto, como en todo, los pobres son los más afectados.
Paradójicamente en este gobierno que asegura tener como prioridad a los pobres, se ha visto incrementado el número de personas en prisión, debido a que en 2019 aumentaron los delitos que ameritan prisión preventiva.
Más de 210 mil personas están privadas de su libertad en las más de 300 cárceles que existen en el país y al menos a más de la mitad no se les ha condenado, es decir, no les han probado si cometieron el delito del que se les acusa.
Cada día son detenidas más de 300 personas en México, y son los pobres, los que no pueden pagar un abogado, los que permanecen en prisión. La mayoría de ellos son artesanos, choferes, campesinos y sin empleo, mientras solo el uno por ciento son empresarios, otro uno por ciento funcionarios públicos y casi el cuatro por ciento de profesionistas.
En cuanto a las mujeres en prisión, el drama es mayor. Son el 8 por ciento de la población carcelaria, nueve de cada diez son primodelincuentes, o sea es la primera vez que han cometido un delito, aún no han sido sentenciadas y en casi todos los casos son jefas de familia y pobres.
Hacinamiento, sobrepoblación, mala alimentación, pocas medidas de seguridad, autogobierno, falta de actividades que les den herramientas para salir adelante son problemas que se multiplican. Y lo increíble es que la mayoría se encuentra por delitos menores y casi nueve de cada diez han delinquido por primera vez y la mayoría se encuentran sin sentencia.
Ante tal realidad, es necesario retomar la propuesta de establecer un mecanismo con aplicación en todo el país, para que hombres y mujeres accedan a los beneficios que les concede la ley independientemente de su condición económica.
Es necesario que se formen mesas de trabajo con autoridades federales y estatales, con representación de la sociedad civil para que se revise caso por caso y se determine quien tiene derecho a defenderse en libertad, quien tiene derecho a libertad anticipada o es candidato al indulto, siempre cuidando que no peligre la sociedad y que su inserción sea en beneficio de su familia.
Ojalá podamos hacer algo ante esta realidad.
