/ martes 1 de febrero de 2022

Gana el SAT 90% de los litigios fiscales

Los quejas contra el organismo tributario fueron en su mayoría por inconformidades en créditos o declaraciones fiscales

El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ganó el año pasado el 90.6 por ciento de amparos promovidos en su contra por los contribuyentes, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los datos de la autoridad fiscal refieren que en 2021 se promovieron un total de tres mil 10 amparos contra el SAT, de los cuales el organismo ganó dos mil 726 y solamente perdió 284.

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El número de juicios de 2021 quedó por debajo de los seis mil 855 casos presentados en 2020, de los cuales la autoridad ganó el 93.4 por ciento. Sin embargo, se acumularon seis años consecutivos en los que el SAT ganó más del 90 por ciento de los amparos promovidos.

Estos recursos legales pueden ser promovidos por cualquier persona física o moral cuando no está de acuerdo en alguna resolución fiscal, ya sea por algún crédito o declaración.

Juan Pacheco del Río, socio director del despacho De la Paz-Costemalle, comenta que los juicios son promovidos ante un juez, cuyo proceso puede resolverse en una primera instancia, que concluye una vez que se tiene una resolución, o en una segunda instancia, que es cuando el caso vuelve a ser sometido a una revisión para obtener un segundo fallo.

Si al finalizar estas etapas no hay algún acuerdo entre el SAT o el contribuyente se puede promover el amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En este contexto, de enero a diciembre del año pasado se emitieron 23 mil 81 juicios en primera instancia que en conjunto representaron un monto de 193 mil 214.5 millones de pesos.

Sin embargo, del total de recursos legales sólo el 58 por ciento fueron ganados por el SAT, encabezado por Raquel Buenrostro, mientras que perdió el 28.8 por ciento de ellos.

Ya en una segunda instancia se promovieron cerca de cuatro mil 996 juicios por un monto de 115 mil 534 millones de pesos, pero solamente el 70.8 por ciento resultaron a favor de la autoridad.

“El miedo de ser embargado o pagar grandes multas ante el SAT se apoderó de los clientes, sobre todo porque hubo grandes empresas que perdieron sus casos u otras que los quieren seguir peleando como Grupo Elektra”, señala Luis Medina, analista fiscal.

A mediados de enero se dio a conocer que la empresa del magnate mexicano Ricardo Salinas perdió un juicio contra el SAT y ahora debe pagar dos mil 636 millones de pesos derivado de un crédito fiscal por deducciones ilegales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes al ejercicio fiscal de 2006.

Grupo Salinas resaltó que acudirían a instancias internacionales para apelar la resolución, pues se trataba de una violación sobre derechos humanos, aunque Raquel Buenrostro desechó este argumento debido a que se trata de un asunto estrictamente fiscal y de una empresa de capital mexicano.

Los expertos añaden que las personas físicas pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quienes otorgan asesoría legal de manera gratuita.

Los datos de la institución encabezada por Raquel Buensrostro añaden que en juicios de sentencia definitiva hubo 18 mil 450 casos, que representaron 141 mil 361.6 millones de pesos, y alrededor del 65 por ciento o poco más de ocho mil 400 los ganó la autoridad tributaria.

“Los juicios suelen ser complicados y pueden verse como un acto de mayor fiscalización, aunque el SAT esté haciendo bien su trabajo”, agrega el analista de De la Paz-Costemalle.



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El Servicio de Administración Tributaria (SAT) ganó el año pasado el 90.6 por ciento de amparos promovidos en su contra por los contribuyentes, de acuerdo con información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).

Los datos de la autoridad fiscal refieren que en 2021 se promovieron un total de tres mil 10 amparos contra el SAT, de los cuales el organismo ganó dos mil 726 y solamente perdió 284.

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El número de juicios de 2021 quedó por debajo de los seis mil 855 casos presentados en 2020, de los cuales la autoridad ganó el 93.4 por ciento. Sin embargo, se acumularon seis años consecutivos en los que el SAT ganó más del 90 por ciento de los amparos promovidos.

Estos recursos legales pueden ser promovidos por cualquier persona física o moral cuando no está de acuerdo en alguna resolución fiscal, ya sea por algún crédito o declaración.

Juan Pacheco del Río, socio director del despacho De la Paz-Costemalle, comenta que los juicios son promovidos ante un juez, cuyo proceso puede resolverse en una primera instancia, que concluye una vez que se tiene una resolución, o en una segunda instancia, que es cuando el caso vuelve a ser sometido a una revisión para obtener un segundo fallo.

Si al finalizar estas etapas no hay algún acuerdo entre el SAT o el contribuyente se puede promover el amparo ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

En este contexto, de enero a diciembre del año pasado se emitieron 23 mil 81 juicios en primera instancia que en conjunto representaron un monto de 193 mil 214.5 millones de pesos.

Sin embargo, del total de recursos legales sólo el 58 por ciento fueron ganados por el SAT, encabezado por Raquel Buenrostro, mientras que perdió el 28.8 por ciento de ellos.

Ya en una segunda instancia se promovieron cerca de cuatro mil 996 juicios por un monto de 115 mil 534 millones de pesos, pero solamente el 70.8 por ciento resultaron a favor de la autoridad.

“El miedo de ser embargado o pagar grandes multas ante el SAT se apoderó de los clientes, sobre todo porque hubo grandes empresas que perdieron sus casos u otras que los quieren seguir peleando como Grupo Elektra”, señala Luis Medina, analista fiscal.

A mediados de enero se dio a conocer que la empresa del magnate mexicano Ricardo Salinas perdió un juicio contra el SAT y ahora debe pagar dos mil 636 millones de pesos derivado de un crédito fiscal por deducciones ilegales del Impuesto Sobre la Renta (ISR) correspondientes al ejercicio fiscal de 2006.

Grupo Salinas resaltó que acudirían a instancias internacionales para apelar la resolución, pues se trataba de una violación sobre derechos humanos, aunque Raquel Buenrostro desechó este argumento debido a que se trata de un asunto estrictamente fiscal y de una empresa de capital mexicano.

Los expertos añaden que las personas físicas pueden acudir a la Procuraduría de la Defensa del Contribuyente, quienes otorgan asesoría legal de manera gratuita.

Los datos de la institución encabezada por Raquel Buensrostro añaden que en juicios de sentencia definitiva hubo 18 mil 450 casos, que representaron 141 mil 361.6 millones de pesos, y alrededor del 65 por ciento o poco más de ocho mil 400 los ganó la autoridad tributaria.

“Los juicios suelen ser complicados y pueden verse como un acto de mayor fiscalización, aunque el SAT esté haciendo bien su trabajo”, agrega el analista de De la Paz-Costemalle.



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