/ lunes 13 de julio de 2020

SCT revisará concesiones carreteras de OHL, GIA, ICA, Pinfra y otras empresas

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pagará a una consultora privada para que revise en los próximos meses el modelo financiero original

El gobierno federal busca reequilibrar financieramente seis concesiones carreteras otorgadas a empresas privadas durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón que han enfrentado problemas en su construcción, lo que ha generado inversiones y costos adicionales.

Las carreteras sujetas a revisión son la Atizapán-Atlacomulco, concesionada en 2014 a OHL México; la Siglo XXI Jantetelco-El Higuerón, concesionada a Pinfra, Aldesa y GBM en 2013; el Libramiento Obregón, concesionado en 2014 a la constructora GIA, en consorcio con Cypsa, Rubau e Invex Infraestructura.

También se analizará el modelo financiero de las vías Nuevo Necaxa-Tihuatlán, concesionada a la mexicana ICA y a la sociedad española Globalvia en 2007; de la carretera Nueva Italia-Apatzingán, desde 2007 a cargo de Supra Construcciones, Idinsa, Corporación Constructora de Vías Terrestres y GAMI Ingeniería e Instalaciones; además del tramo La Galarza-Amatitlanes, adjudicado en 2016 a Supra Construcciones.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pagará a una consultora privada para que revise en los próximos meses el modelo financiero original para, en su caso, ampliar la vigencia de los títulos de concesión o modificar las bases de regulación tarifaria.

La Licitación Pública Nacional LO-009000062-E7-2020 disponible en Compranet establece que la empresa que contratará la SCT -de entre cinco que ya se postularon con ofertas que van de los 4.9 a los 7.8 millones de pesos- deberá elaborar un informe final que incluya recomendaciones para el reequilibrio financiero, modificaciones a la tarifas y plazos, y en su caso al esquema de compartición de ingresos establecido en los títulos de concesión para la construcción y operación de carreteras, algunas de las cuales llevan varios años de rezago.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado el retraso en la construcción de carreteras concesionadas a empresas privadas, así como los aumentos en las tarifas de peaje. En una gira por Nayarit, en mayo de 2019, el mandatario amagó con retirar la concesión de la carretera Jala-Vallarta, otorgada al Grupo Carso en el sexenio pasado, al acusar que en 10 años no había terminado la obra.

A EXAMEN FINANCIERO

El gobierno de López Obrador, a través de la SCT, analizará el caso de la vía mexiquense de 77 kilómetros Atizapán-Atlacomulco, concesionada en 2014 a OHL México por un periodo de 30 años. La obra estaría concluida en 2016, pero por problemas en la obtención del derecho de vía debió ajustar su trazo y costo.

La autopista de cuatro carriles (dos de cada sentido), dos túneles y 14 viaductos, se diseñó para mejorar la conectividad del área conurbada de la Ciudad de México con el norte y oeste del país. Su costo se calculó originalmente en cinco mil 860 millones de pesos, pero en su informe anual de 2018, Aleatica, antes OHL, reportó que la obra requerirá una inversión de 12 mil 412 millones de pesos.

La construcción dio inicio durante el segundo semestre de 2016 y se estima inicie operaciones en el segundo semestre de 2020, previó en aquel momento Aleatica.

En abril de 2018, IFM adquirió OHL Concesiones, tenedora de 56 por ciento de OHL México, que gestiona los activos de la Autopista Atizapán-Atlacomulco, así como del Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense.

Otro de los títulos de concesión que serán sujetos de una revisión por la empresa que la SCT contrate es el de la carretera Siglo XX1 Jantetelco-El Higuerón, en Morelos, concesionada en 2013 a Pinfra (operadora de 28 autopistas, incluida la México-Toluca), Aldesa (la española que desde hace unos meses es propiedad de China Railway Construction Corporation, el tercer grupo constructor del mundo) y GBM Infraestructura (un fondo de inversión especializado en apoyar proyectos de infraestructura).

La concesión para el tramo de 62 kilómetros de la Autopista Siglo XXI se puso en marcha en noviembre de 2018, casi al final de la administración de Enrique Peña Nieto, después de una inversión privada de mil 874 millones de pesos, cuya principal fuente de recuperación son las cuotas de peaje cobradas por la concesionaria.

Gerardo Ruiz Esparza, entonces titular de la SCT, dijo en la inauguración que la vía contribuiría a conectar a la capital de Puebla con el Puerto de Acapulco, en un tiempo de dos horas y 45 minutos, cuando anteriormente el trayecto era de cuatro horas.

Desde sus primeros días de operación, los usuarios de la vía reclamaron el alto costo del peaje, de 179 pesos en ese entonces. A estos reclamos se suman los constantes bloqueos, en algunos casos durante un par de meses, por parte de ejidatarios de la zona quienes reclaman una indemnización por las afectaciones causadas por la obra a sus tierras.

La administración de Andrés Manuel López Obrador se propone también analizar un reequilibrio financiero del título de concesión por 30 años para construir, operar, explotar, conservar y mantener el Libramiento de Ciudad Obregón de 34 kilómetros, en el estado de Sonora.

La concesión fue entregada en agosto de 2014 a Invex Infraestructura, Constructora y Pavimentadora Vise, Construcciones Rubau, Constructora y a Edificadora GIA, de Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas.

La obra, que forma parte del corredor México-Nogales y tuvo un costo de mil 145 millones de pesos, fue inaugurada por el expresidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2018, unos días antes de terminar su mandato.

APP CARRETERAS

El gobierno de López Obrador también revisará el modelo financiero de tres proyectos carreteros bajo el modelo de Asociación Público Privada (APP).

De acuerdo con la información de la SCT, será sometida a un análisis de reequilibrio financiero la concesión por 30 años de la carretera Nuevo Necaxa-Tihuatlán de 84.7 kilómetros en Puebla y Veracruz, entregada a la mexicana ICA y a la sociedad española Globalvia, el segundo grupo mundial de concesiones formado por FCC y Bankia.

La carretera forma parte de la Autopista México-Tuxpan y está integrada por dos tramos. El primero de 36.6 kilómetros, de dos carriles, abarca de Nuevo Necaxa a Ávila Camacho, bajo un esquema de Proyectos de Prestación de Servicios -una modalidad de APP- libre de peaje, con pago por disponibilidad. Esta parte fue inaugurada por el el expresidente Felipe Calderón casi al finalizar su sexenio, en noviembre de 2012.

El segundo tramo de Ávila Camacho a Tihuatlán, consta de cuatro carriles de cuota y 48.1 kilómetros. La inauguración de este tramo estuvo a cargo del expresidente Enrique Peña Nieto en 2014.

El título de concesión de la vía Nuevo Necaxa-Tihuatlán fue modificado en 2012 debido a contingencias relacionadas con el derecho de vía del tramo carretero Nuevo Necaxa-Ávila Camacho y obras adicionales.

Apenas en noviembre pasado, la SCT confirmó que ICA se acercó a la dependencia para solicitar que se autoricen recomposiciones accionarias de diversas concesiones para recuperar capital y poder reinvertirlo en el sector, una de estas sería la carretera Nuevo Necaxa-Tihuatlán, que requirió una inversión de alrededor de nueve mil millones de pesos y comenzó operaciones en 2014.

Comunicaciones y Transportes analizará también la estructura financiera del título de concesión para ampliar, modernizar, operar, conservar y mantener un tramo de 31.7 kilómetros libre de peaje de jurisdicción federal de la carretera Nueva Italia-Apatzingán, otorgado en octubre de 2007 con una vigencia de 20 años, bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios.

La carretera en la zona de Tierra Caliente en Michoacán fue concesionada al consorcio integrado por Supra Construcciones, Idinsa, Corporación Constructora de Vías Terrestres, y a GAMI Ingeniería e Instalaciones, y requirió una inversión de 596 millones de pesos.

La vía inaugurada en agosto de 2011 por Felipe Calderón ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado con las fuerzas del orden.

La revisión que emprenderá la SCT incluye la Asociación Público Privada para la construcción, operación, mantenimiento y conservación de la carretera La Galarza-Amatitlanes. La vía de 14.7 kilómetros fue concesionada a Supra Construcciones en agosto de 2016 por un periodo de 30 años.

La obra que uniría a Izúcar de Matamoros, en Puebla, con Cuautla, Morelos, es una de las que dejó inconclusa el gobierno de Enrique Peña Nieto. Su construcción inició apenas en julio del año pasado.


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El gobierno federal busca reequilibrar financieramente seis concesiones carreteras otorgadas a empresas privadas durante los gobiernos de Enrique Peña Nieto y Felipe Calderón que han enfrentado problemas en su construcción, lo que ha generado inversiones y costos adicionales.

Las carreteras sujetas a revisión son la Atizapán-Atlacomulco, concesionada en 2014 a OHL México; la Siglo XXI Jantetelco-El Higuerón, concesionada a Pinfra, Aldesa y GBM en 2013; el Libramiento Obregón, concesionado en 2014 a la constructora GIA, en consorcio con Cypsa, Rubau e Invex Infraestructura.

También se analizará el modelo financiero de las vías Nuevo Necaxa-Tihuatlán, concesionada a la mexicana ICA y a la sociedad española Globalvia en 2007; de la carretera Nueva Italia-Apatzingán, desde 2007 a cargo de Supra Construcciones, Idinsa, Corporación Constructora de Vías Terrestres y GAMI Ingeniería e Instalaciones; además del tramo La Galarza-Amatitlanes, adjudicado en 2016 a Supra Construcciones.

La Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) pagará a una consultora privada para que revise en los próximos meses el modelo financiero original para, en su caso, ampliar la vigencia de los títulos de concesión o modificar las bases de regulación tarifaria.

La Licitación Pública Nacional LO-009000062-E7-2020 disponible en Compranet establece que la empresa que contratará la SCT -de entre cinco que ya se postularon con ofertas que van de los 4.9 a los 7.8 millones de pesos- deberá elaborar un informe final que incluya recomendaciones para el reequilibrio financiero, modificaciones a la tarifas y plazos, y en su caso al esquema de compartición de ingresos establecido en los títulos de concesión para la construcción y operación de carreteras, algunas de las cuales llevan varios años de rezago.

El presidente Andrés Manuel López Obrador ha cuestionado el retraso en la construcción de carreteras concesionadas a empresas privadas, así como los aumentos en las tarifas de peaje. En una gira por Nayarit, en mayo de 2019, el mandatario amagó con retirar la concesión de la carretera Jala-Vallarta, otorgada al Grupo Carso en el sexenio pasado, al acusar que en 10 años no había terminado la obra.

A EXAMEN FINANCIERO

El gobierno de López Obrador, a través de la SCT, analizará el caso de la vía mexiquense de 77 kilómetros Atizapán-Atlacomulco, concesionada en 2014 a OHL México por un periodo de 30 años. La obra estaría concluida en 2016, pero por problemas en la obtención del derecho de vía debió ajustar su trazo y costo.

La autopista de cuatro carriles (dos de cada sentido), dos túneles y 14 viaductos, se diseñó para mejorar la conectividad del área conurbada de la Ciudad de México con el norte y oeste del país. Su costo se calculó originalmente en cinco mil 860 millones de pesos, pero en su informe anual de 2018, Aleatica, antes OHL, reportó que la obra requerirá una inversión de 12 mil 412 millones de pesos.

La construcción dio inicio durante el segundo semestre de 2016 y se estima inicie operaciones en el segundo semestre de 2020, previó en aquel momento Aleatica.

En abril de 2018, IFM adquirió OHL Concesiones, tenedora de 56 por ciento de OHL México, que gestiona los activos de la Autopista Atizapán-Atlacomulco, así como del Viaducto Bicentenario y el Circuito Exterior Mexiquense.

Otro de los títulos de concesión que serán sujetos de una revisión por la empresa que la SCT contrate es el de la carretera Siglo XX1 Jantetelco-El Higuerón, en Morelos, concesionada en 2013 a Pinfra (operadora de 28 autopistas, incluida la México-Toluca), Aldesa (la española que desde hace unos meses es propiedad de China Railway Construction Corporation, el tercer grupo constructor del mundo) y GBM Infraestructura (un fondo de inversión especializado en apoyar proyectos de infraestructura).

La concesión para el tramo de 62 kilómetros de la Autopista Siglo XXI se puso en marcha en noviembre de 2018, casi al final de la administración de Enrique Peña Nieto, después de una inversión privada de mil 874 millones de pesos, cuya principal fuente de recuperación son las cuotas de peaje cobradas por la concesionaria.

Gerardo Ruiz Esparza, entonces titular de la SCT, dijo en la inauguración que la vía contribuiría a conectar a la capital de Puebla con el Puerto de Acapulco, en un tiempo de dos horas y 45 minutos, cuando anteriormente el trayecto era de cuatro horas.

Desde sus primeros días de operación, los usuarios de la vía reclamaron el alto costo del peaje, de 179 pesos en ese entonces. A estos reclamos se suman los constantes bloqueos, en algunos casos durante un par de meses, por parte de ejidatarios de la zona quienes reclaman una indemnización por las afectaciones causadas por la obra a sus tierras.

La administración de Andrés Manuel López Obrador se propone también analizar un reequilibrio financiero del título de concesión por 30 años para construir, operar, explotar, conservar y mantener el Libramiento de Ciudad Obregón de 34 kilómetros, en el estado de Sonora.

La concesión fue entregada en agosto de 2014 a Invex Infraestructura, Constructora y Pavimentadora Vise, Construcciones Rubau, Constructora y a Edificadora GIA, de Hipólito Gerard, cuñado del expresidente Carlos Salinas.

La obra, que forma parte del corredor México-Nogales y tuvo un costo de mil 145 millones de pesos, fue inaugurada por el expresidente Enrique Peña Nieto en noviembre de 2018, unos días antes de terminar su mandato.

APP CARRETERAS

El gobierno de López Obrador también revisará el modelo financiero de tres proyectos carreteros bajo el modelo de Asociación Público Privada (APP).

De acuerdo con la información de la SCT, será sometida a un análisis de reequilibrio financiero la concesión por 30 años de la carretera Nuevo Necaxa-Tihuatlán de 84.7 kilómetros en Puebla y Veracruz, entregada a la mexicana ICA y a la sociedad española Globalvia, el segundo grupo mundial de concesiones formado por FCC y Bankia.

La carretera forma parte de la Autopista México-Tuxpan y está integrada por dos tramos. El primero de 36.6 kilómetros, de dos carriles, abarca de Nuevo Necaxa a Ávila Camacho, bajo un esquema de Proyectos de Prestación de Servicios -una modalidad de APP- libre de peaje, con pago por disponibilidad. Esta parte fue inaugurada por el el expresidente Felipe Calderón casi al finalizar su sexenio, en noviembre de 2012.

El segundo tramo de Ávila Camacho a Tihuatlán, consta de cuatro carriles de cuota y 48.1 kilómetros. La inauguración de este tramo estuvo a cargo del expresidente Enrique Peña Nieto en 2014.

El título de concesión de la vía Nuevo Necaxa-Tihuatlán fue modificado en 2012 debido a contingencias relacionadas con el derecho de vía del tramo carretero Nuevo Necaxa-Ávila Camacho y obras adicionales.

Apenas en noviembre pasado, la SCT confirmó que ICA se acercó a la dependencia para solicitar que se autoricen recomposiciones accionarias de diversas concesiones para recuperar capital y poder reinvertirlo en el sector, una de estas sería la carretera Nuevo Necaxa-Tihuatlán, que requirió una inversión de alrededor de nueve mil millones de pesos y comenzó operaciones en 2014.

Comunicaciones y Transportes analizará también la estructura financiera del título de concesión para ampliar, modernizar, operar, conservar y mantener un tramo de 31.7 kilómetros libre de peaje de jurisdicción federal de la carretera Nueva Italia-Apatzingán, otorgado en octubre de 2007 con una vigencia de 20 años, bajo la modalidad de Proyecto de Prestación de Servicios.

La carretera en la zona de Tierra Caliente en Michoacán fue concesionada al consorcio integrado por Supra Construcciones, Idinsa, Corporación Constructora de Vías Terrestres, y a GAMI Ingeniería e Instalaciones, y requirió una inversión de 596 millones de pesos.

La vía inaugurada en agosto de 2011 por Felipe Calderón ha sido escenario de enfrentamientos entre grupos del crimen organizado con las fuerzas del orden.

La revisión que emprenderá la SCT incluye la Asociación Público Privada para la construcción, operación, mantenimiento y conservación de la carretera La Galarza-Amatitlanes. La vía de 14.7 kilómetros fue concesionada a Supra Construcciones en agosto de 2016 por un periodo de 30 años.

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