/ jueves 25 de febrero de 2021

Se acabó la fiesta para factureras y outsourcing: procurador fiscal

El procurador fiscal Carlos Romero subrayó que el mercado de la subcontratación en México se pervirtió al grado de que las empresas competían por ver quién pagaba menos contribuciones

El procurador Fiscal de la Federación, Carlos Romero Aranda, aseveró que “se acabó la fiesta” para las factureras y las empresas de outsourcing que durante años buscaron defraudar al fisco.

“Esto ya cambió, se acabó la fiesta. La persecución de delitos fiscales es una realidad, ya no se dejan pasar temas que antes eran una normalidad”, dijo el funcionario durante su participación en el 3° Congreso Nacional Virtual Reformas 2021 de Thomson Reuters.

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Al ser cuestionado sobre casos de fraude fiscal revelados recientemente y que señalan a personajes como Raúl Beyruti Sánchez, presidente y fundador de GINgroup; Francisco García Cabeza de Vaca, gobernador de Tamaulipas, y directivos de Interjet, el procurador respondió que a quienes se encuentren dentro de los ilícitos de les va a perseguir “con todo”.

Refirió que la persecución del outsourcing ilegal se realiza en acato a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de no solapar a nadie, por lo que el gobierno ha realizado un trabajo minuciosos para llegar a las cabezas de estas empresas.

El miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del presidente de GINgroup, a quien se le acusa por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Romero Aranda subrayó que el principio de presunción de inocencia le impide referirse casos particulares, pero comentó que dependencias como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el SAT, el IMSS y la procuraduría que encabeza se han coordinado para dar con las cabezas de las empresas que cometen ilícitos fiscales.

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“No es una campaña aislada ni situación esporádica, es el fruto del trabajo de dos años de un grupo interinstitucional encomendado por el Presidente para acabar con el outsourcing”.

Subrayó que el mercado de la subcontratación en México se pervirtió, al grado de que las empresas competían por ver quién pagaba menos contribuciones.

Apuntó que la reforma penal fiscal del año pasado tiene dos vertientes: la persecutoria por la que se han presentado denuncias y ya hay órdenes de aprehensión, y una inhibitoria, para que las empresas dejen de actuar al margen de la ley.

“Hay que ver quién será el valiente que seguirá recibiendo los servicios de estos grupos (...) sólo alguien que no mide el riesgo podría estar en esos supuestos y seguir contratando estos esquemas”, indicó.

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El procurador fiscal presentó su libro El Outsourcing, Tercerización o Subcontratación Laboral, en el que analiza este esquema laboral y sus impactos fiscales.

De acuerdo con los datos del libro, en el país hay cuatro mil empresas de outsourcing, de las cuales sólo 100 están inscritas ante el IMSS. De este monto, apenas 40 pagan impuestos, señala.

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Refirió que la persecución del outsourcing ilegal se realiza en acato a la instrucción del presidente Andrés Manuel López Obrador de no solapar a nadie, por lo que el gobierno ha realizado un trabajo minuciosos para llegar a las cabezas de estas empresas.

El miércoles, la Fiscalía General de la República (FGR) obtuvo una orden de aprehensión en contra del presidente de GINgroup, a quien se le acusa por presunta delincuencia organizada, operaciones con recursos de procedencia ilícita y defraudación fiscal.

Romero Aranda subrayó que el principio de presunción de inocencia le impide referirse casos particulares, pero comentó que dependencias como la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el SAT, el IMSS y la procuraduría que encabeza se han coordinado para dar con las cabezas de las empresas que cometen ilícitos fiscales.

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Subrayó que el mercado de la subcontratación en México se pervirtió, al grado de que las empresas competían por ver quién pagaba menos contribuciones.

Apuntó que la reforma penal fiscal del año pasado tiene dos vertientes: la persecutoria por la que se han presentado denuncias y ya hay órdenes de aprehensión, y una inhibitoria, para que las empresas dejen de actuar al margen de la ley.

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