La iniciativa para aumentar las penas de cinco a ocho años de prisión a quien expida, enajene, compre o adquiera comprobantes fiscales que amparen operaciones inexistentes o falsas o actos jurídicos esta “mal diseñada” y es una herramienta que sembrará terrorismo fiscal.
José Joel Gómez Velasco directivo de la Federación Estatal de Cámaras de Comercio manifestó cierto que la iniciativa privada de manera histórica se ataque la evasión fiscal, una vez más la autoridad actúa con extrema rudeza contra empresarios legales y cautivos y no endurece su actuar en contra de la economía informal que ya supera a nivel nacional a la formal.
Las Cámaras de comercio estamos de acuerdo en aumentar las sanciones y poner “mano dura” contra quienes cometen estos delitos; sin embargo, la reforma en los términos planteados puede afectar a los contribuyentes que, sin razón de dolo, incumplieron con algún requisito, por lo que esta normatividad se convertirá en una herramienta que promoverá un “terrorismo fiscal” entre los contribuyentes, advirtió.
Con la aprobación de la Reforma Tributaria, que aún tiene que ser discutida en la Cámara de Diputados, las más afectadas serán las pequeñas y medianas empresas (pymes) porque ahora deberán invertir más dinero en revisar que todos sus proveedores estén cumpliendo con sus obligaciones fiscales, para no caer en un supuesto de las modificaciones y castigarles con prisión preventiva oficiosa durante la investigación.
Además considero que la autoridad debe ser cuidadosa y no actuar contra los empresarios que por un error no pagan correctamente los impuestos o peor aún utilizar la ley como un instrumento en contra de adversarios políticos del gobierno en turno.