En México incrementa el “turismo abortero” y se producen cada año 2 millones de abortos en hospitales públicos y clínicas privadas, causados en gran parte por presiones contra la mujer por la pareja, familia o sociedad. "Esa cifra es un genocidio que supera al holocausto contra judíos e incluso las muertes por enfermedades o pandemias, por lo que llamamos a parar y decir que la suspensión de un embarazo no es solución para las mujeres", señaló Lourdes Varela, coordinadora para América del movimiento “40 Días por la Vida”.
TURISMO “ABORTERO”
Esa práctica es un negocio y aseguró va en aumento el número de clínicas, en especial de la Ciudad de México, donde a través de redes sociales se capta a chicas en crisis y se les ofrece solución a su problema con distintos precios, proporcionan transporte y alojamiento.
Aseveró que no siempre son razones económicas que mueven a tomar esas decisiones, sino las presiones de la pareja, la sociedad y hasta la propia madre, pero matar a los hijos no natos no es la solución.
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En rueda de prensa, junto a un grupo de mujeres y hombres que hacen oración desde el pasado 22 de septiembre y hasta el próximo 31 de este mes, frente a la Catedral de Tampico, la activista refirió que los 50 millones de abortos que ocurren en el mundo cada año lastiman a la madre, al padre y a la sociedad entera, y es una tragedia que viven las mujeres.
AYUDA A MUJERES EN CRISIS
Es por ello que en el país han nacido diferentes asociaciones que ofrecen ayuda, a dar alojamiento a las embarazadas, además de bolsa de trabajo, capacitación y hasta oportunidades para seguir estudiando y al final decidan si quieren quedarse con su bebé o darlo en adopción.
Lourdes Varela agregó que su movimiento se ha instalado frente a los centros hospitalarios donde se practica el aborto, para convencerlas de que la suspensión de su embarazado no es la solución e incluso añadió que al no tratarse el síndrome posterior al aborto hay muchos casos de mujeres con intenciones suicidas.
La resolución de la Suprema Corte de Justicia que facilita a las entidades federativas a tomar decisiones para no castigar esa práctica no ofrece un resultado de fondo y se deben buscar otras alternativas.
