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En el reporte de la Auditoría Superior de la Federación: 2019-2-09J2Y-0338-2020-338-DE, se encontraron irregularidades en la gestión financiera de los recursos aplicados en la obra de las subestaciones eléctricas y líneas de transmisión que ejecutó la Administración Portuaria Integral de Altamira.
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Hay inconsistencias en la aplicación de recursos, además de la falta de evidencia de las licencias, no se tienen los derechos de vía sobre los cuales se construyó la subestación de distribución 115 KV del tipo encapsulado SF6.
Además hay una diferencia de 52 millones 148 mil pesos entre la inversión reportada en la cuenta pública de 2019 como modificada por 149 millones 775 mil pesos contra la inversión reportada como pagada en el proyecto por 97 millones 626 mil pesos.
Así como deficiencias en la planeación en los trabajos por falta del proyecto ejecutivo, especificaciones de construcción, catálogo de conceptos y el programa de ejecución totalmente terminado que permitiera al contratista ejecutar los trabajos hasta su conclusión en forma ininterrumpida.
La Auditoría Superior de la Federación encontró pagos indebidos por 988 mil pesos por la falta de acreditación por 3 conceptos extraordinarios relativos a la puesta en marcha de los equipos primarios y sistemas de comunicaciones.
También que no se acreditó un informe preventivo en materia ambiental ante las instancias competentes, en lugar de la Manifestación de Impacto Ambiental.
FALTA TRANSPARENCIA EN MANEJO DE RECURSOS EN LOS PUERTOS
Una queja constante entre la comunidad portuaria es que no se publican las memorias de inversión en las administraciones portuarias.
“Las API son empresas públicas y esa falta de transparencia es muy grande, tan solo hablemos del puente roto, es algo que nos hace pensar cómo se maneja eso, si son capaces de hacer esas obras qué pasa dentro de las API”, destacó el consultor portuario Hugo Sergio Smith.
Advirtió que se requiere una limpieza en los puertos en general, porque hay poca claridad en el manejo de las obras.
“Se cobra una tarifa de 50 pesos por contenedores llenos por revisión, ese dinero se distribuye entre terminales y las API, son como 150 millones de pesos al año que se reciben y que no se transparentan”.
