/ miércoles 26 de junio de 2019

Detiene CFE operación del gasoducto Texas-Altamira-Tuxpan

El inicio de un proceso de arbitraje internacional contra las compañías IEnova y TC Energía (TransCanada) por la construcción del gasoducto marino Texas-Tuxpan

El inicio de un proceso de arbitraje internacional contra las compañías IEnova y TC Energía (TransCanada) por la construcción del gasoducto marino Texas-Tuxpan, promovido por la CFE para cambiar el clausulado del contrato, siembra desconfianza para la inversión en México y podría frenar la operación de la red y con el cual estaba previsto aumentara la oferta de gas en México.

El constructor José Benito Torres Ramírez, expresidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, dijo que el gasoducto, terminado hace 15 días, es parte de la solución para satisfacer los requerimientos de gas y energía eléctrica para el sur de Tamaulipas y otras regiones del país.

Sin embargo, mencionó, no es nada favorable para nadie la posición del Gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad, al no aprovechar esta infraestructura para atender la demanda de gas no solo para la industria privada, sino también para millones de hogares mexicanos y las plantas de generación eléctrica de la propia CFE.

El ducto se terminó de construir el pasado 11 de junio y aún no entra en operaciones debido a que la empresa del Gobierno no ha emitido la constancia de aceptación.

Dijo que el anuncio de la terminación del ducto marino y que fue construido desde el valle de Texas a Altamira y Tuxpan, causó beneplácito en la industria local, porque tendrá un efecto directo en la competitividad regional y ahora sorprende el inicio de arbitraje internacional promovido por la empresa federal para cambiar el contrato.

La CFE demanda la nulidad de ciertas cláusulas del contrato de servicios de transporte, que hacen referencia a la responsabilidad de las partes en eventos de caso fortuito y fuerza mayor, así como el reembolso de pagos por capacidad relacionados a dichos eventos que la empresa productiva del Estado inicialmente reconoció conforme al contrato y que ahora considera indebidos.

La medida, que se suma a otras muchas más como la cancelación o aplazamiento de proyectos petroleros en el Golfo de México, siembran incertidumbre, aumentan desconfianza para la inversión privada y afectarán la actividad económica del país, que ya tiene predicciones de crecimiento a la baja.

El inicio de un proceso de arbitraje internacional contra las compañías IEnova y TC Energía (TransCanada) por la construcción del gasoducto marino Texas-Tuxpan, promovido por la CFE para cambiar el clausulado del contrato, siembra desconfianza para la inversión en México y podría frenar la operación de la red y con el cual estaba previsto aumentara la oferta de gas en México.

El constructor José Benito Torres Ramírez, expresidente del Consejo de Instituciones Empresariales del Sur de Tamaulipas, dijo que el gasoducto, terminado hace 15 días, es parte de la solución para satisfacer los requerimientos de gas y energía eléctrica para el sur de Tamaulipas y otras regiones del país.

Sin embargo, mencionó, no es nada favorable para nadie la posición del Gobierno federal a través de la Comisión Federal de Electricidad, al no aprovechar esta infraestructura para atender la demanda de gas no solo para la industria privada, sino también para millones de hogares mexicanos y las plantas de generación eléctrica de la propia CFE.

El ducto se terminó de construir el pasado 11 de junio y aún no entra en operaciones debido a que la empresa del Gobierno no ha emitido la constancia de aceptación.

Dijo que el anuncio de la terminación del ducto marino y que fue construido desde el valle de Texas a Altamira y Tuxpan, causó beneplácito en la industria local, porque tendrá un efecto directo en la competitividad regional y ahora sorprende el inicio de arbitraje internacional promovido por la empresa federal para cambiar el contrato.

La CFE demanda la nulidad de ciertas cláusulas del contrato de servicios de transporte, que hacen referencia a la responsabilidad de las partes en eventos de caso fortuito y fuerza mayor, así como el reembolso de pagos por capacidad relacionados a dichos eventos que la empresa productiva del Estado inicialmente reconoció conforme al contrato y que ahora considera indebidos.

La medida, que se suma a otras muchas más como la cancelación o aplazamiento de proyectos petroleros en el Golfo de México, siembran incertidumbre, aumentan desconfianza para la inversión privada y afectarán la actividad económica del país, que ya tiene predicciones de crecimiento a la baja.

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