/ sábado 21 de diciembre de 2019

Exempleados municipales de Ozuluama demandan pago de millonario laudo

El gobierno municipal de Ozuluama enfrenta serio problema legal, ya que el ayuntamiento se ha negado a pagar un laudo ganado por exempleados municipales despedidos de forma justificada

OZULUAMA, Ver., diciembre 2019.- El gobierno municipal de Ozuluama enfrenta serio problema legal, ya que el ayuntamiento se ha negado a pagar un laudo ganado por exempleados municipales despedidos de forma justificada, mismos a los que autoridad federal dio fallo a favor, pero que ha sido ignorado por el alcalde Armando Gómez Betancourt e integrantes del cabildo, quienes pueden ser separados del cargo por desacato a un juez federal.

En su momento estos ex empleados municipales decidieron proceder legalmente contra el ayuntamiento de Ozuluama y después de un largo proceso de varios años la autoridad laboral emitió el laudo a su favor por lo que ahora exigen el pago de 10 millones de pesos de indemnización por concepto de sueldos caídos y demás prestaciones no recibidas en todo este tiempo.

De continuar con la indiferencia e incumpliendo a la ordenanza emitida por la autoridad federal, por parte del alcalde Armando Gómez Betancourt, puede enfrentar un proceso que provocaría la separación del cargo e inclusive la cárcel junto con integrantes del cuerpo edilicio.

Los exempleados, en su momento buscaron acercamiento con el presidente municipal de Ozuluama para lograr llegar a un acuerdo, pero fiel a su costumbre éste los evadió en reiteradas ocasiones, lo que le costó una multa y la inscripción de embargo de un bien inmueble al edil a través del Registro Público de la Propiedad.

Fue el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, el que le impuso al alcalde Armando Gómez, la multa, dentro del expediente 471/2008-III con fecha del 13 de marzo del 2019, el mandamiento de ejecución del oficio 002/AAGB/M/JUN/2019, con fecha del 17 de junio y acta de requerimiento de pago y embargo No.002/REQ/MJ/ JUN/2019 de fecha de 18 de junio 2019.

En este proceso al jefe del cuerpo edilicio ozuluamense, también están involucrados integrantes del cabildo, quienes a través de Hacienda del Estado se procedió a la aplicación de multas a Daniela Sosa Sosa, sindica única; Guadalupe del Carmen Castellanos Nieto, regidora primero; Elías Campillo San Martín, regidor segundo; Jorge Delgado Sosa, regidor tercero, por el desacato al ordenamiento de un Juez Federal.

Ante esta situación, el gobierno municipal deberá, para pagar la indemnización, procederá a la enajenación de bienes municipales, con la autorización del Congreso del Estado, para el acopio de recursos y cumplir con la ordenanza del juez y pagar el monto de aproximadamente 10 millones de pesos, que reclaman los demandantes.

DATO

Por su parte el abogado del caso, hace saber al gobierno municipal y al alcalde Armando Gómez, que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia o evasivas, el expediente será remitido al Tribunal Colegiado que corresponda por razón de turno, para seguir con el trámite de inejecución que puede derivar en la separación del puesto del edil y su consignación, tal como lo refiere el Artículo 193 de la Ley de Amparo.

OZULUAMA, Ver., diciembre 2019.- El gobierno municipal de Ozuluama enfrenta serio problema legal, ya que el ayuntamiento se ha negado a pagar un laudo ganado por exempleados municipales despedidos de forma justificada, mismos a los que autoridad federal dio fallo a favor, pero que ha sido ignorado por el alcalde Armando Gómez Betancourt e integrantes del cabildo, quienes pueden ser separados del cargo por desacato a un juez federal.

En su momento estos ex empleados municipales decidieron proceder legalmente contra el ayuntamiento de Ozuluama y después de un largo proceso de varios años la autoridad laboral emitió el laudo a su favor por lo que ahora exigen el pago de 10 millones de pesos de indemnización por concepto de sueldos caídos y demás prestaciones no recibidas en todo este tiempo.

De continuar con la indiferencia e incumpliendo a la ordenanza emitida por la autoridad federal, por parte del alcalde Armando Gómez Betancourt, puede enfrentar un proceso que provocaría la separación del cargo e inclusive la cárcel junto con integrantes del cuerpo edilicio.

Los exempleados, en su momento buscaron acercamiento con el presidente municipal de Ozuluama para lograr llegar a un acuerdo, pero fiel a su costumbre éste los evadió en reiteradas ocasiones, lo que le costó una multa y la inscripción de embargo de un bien inmueble al edil a través del Registro Público de la Propiedad.

Fue el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, el que le impuso al alcalde Armando Gómez, la multa, dentro del expediente 471/2008-III con fecha del 13 de marzo del 2019, el mandamiento de ejecución del oficio 002/AAGB/M/JUN/2019, con fecha del 17 de junio y acta de requerimiento de pago y embargo No.002/REQ/MJ/ JUN/2019 de fecha de 18 de junio 2019.

En este proceso al jefe del cuerpo edilicio ozuluamense, también están involucrados integrantes del cabildo, quienes a través de Hacienda del Estado se procedió a la aplicación de multas a Daniela Sosa Sosa, sindica única; Guadalupe del Carmen Castellanos Nieto, regidora primero; Elías Campillo San Martín, regidor segundo; Jorge Delgado Sosa, regidor tercero, por el desacato al ordenamiento de un Juez Federal.

Ante esta situación, el gobierno municipal deberá, para pagar la indemnización, procederá a la enajenación de bienes municipales, con la autorización del Congreso del Estado, para el acopio de recursos y cumplir con la ordenanza del juez y pagar el monto de aproximadamente 10 millones de pesos, que reclaman los demandantes.

DATO

Por su parte el abogado del caso, hace saber al gobierno municipal y al alcalde Armando Gómez, que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia o evasivas, el expediente será remitido al Tribunal Colegiado que corresponda por razón de turno, para seguir con el trámite de inejecución que puede derivar en la separación del puesto del edil y su consignación, tal como lo refiere el Artículo 193 de la Ley de Amparo.

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