OZULUAMA, Ver., diciembre 2019.- El gobierno municipal de Ozuluama enfrenta serio problema legal, ya que el ayuntamiento se ha negado a pagar un laudo ganado por exempleados municipales despedidos de forma justificada, mismos a los que autoridad federal dio fallo a favor, pero que ha sido ignorado por el alcalde Armando Gómez Betancourt e integrantes del cabildo, quienes pueden ser separados del cargo por desacato a un juez federal.
En su momento estos ex empleados municipales decidieron proceder legalmente contra el ayuntamiento de Ozuluama y después de un largo proceso de varios años la autoridad laboral emitió el laudo a su favor por lo que ahora exigen el pago de 10 millones de pesos de indemnización por concepto de sueldos caídos y demás prestaciones no recibidas en todo este tiempo.
De continuar con la indiferencia e incumpliendo a la ordenanza emitida por la autoridad federal, por parte del alcalde Armando Gómez Betancourt, puede enfrentar un proceso que provocaría la separación del cargo e inclusive la cárcel junto con integrantes del cuerpo edilicio.
Los exempleados, en su momento buscaron acercamiento con el presidente municipal de Ozuluama para lograr llegar a un acuerdo, pero fiel a su costumbre éste los evadió en reiteradas ocasiones, lo que le costó una multa y la inscripción de embargo de un bien inmueble al edil a través del Registro Público de la Propiedad.
Fue el Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Veracruz, el que le impuso al alcalde Armando Gómez, la multa, dentro del expediente 471/2008-III con fecha del 13 de marzo del 2019, el mandamiento de ejecución del oficio 002/AAGB/M/JUN/2019, con fecha del 17 de junio y acta de requerimiento de pago y embargo No.002/REQ/MJ/ JUN/2019 de fecha de 18 de junio 2019.
En este proceso al jefe del cuerpo edilicio ozuluamense, también están involucrados integrantes del cabildo, quienes a través de Hacienda del Estado se procedió a la aplicación de multas a Daniela Sosa Sosa, sindica única; Guadalupe del Carmen Castellanos Nieto, regidora primero; Elías Campillo San Martín, regidor segundo; Jorge Delgado Sosa, regidor tercero, por el desacato al ordenamiento de un Juez Federal.
Ante esta situación, el gobierno municipal deberá, para pagar la indemnización, procederá a la enajenación de bienes municipales, con la autorización del Congreso del Estado, para el acopio de recursos y cumplir con la ordenanza del juez y pagar el monto de aproximadamente 10 millones de pesos, que reclaman los demandantes.
DATO
Por su parte el abogado del caso, hace saber al gobierno municipal y al alcalde Armando Gómez, que al margen de la multa que se le imponga en caso de contumacia o evasivas, el expediente será remitido al Tribunal Colegiado que corresponda por razón de turno, para seguir con el trámite de inejecución que puede derivar en la separación del puesto del edil y su consignación, tal como lo refiere el Artículo 193 de la Ley de Amparo.