La dispersión del virus mortal SARS-CoV-2 fue el tiro de gracia para miles de estancias infantiles, cuya agonía comenzó hace dos años cuando se ordenó la extinción de la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) y por ende el fin de apoyos a madres trabajadoras y estudiantes que recibían los servicios de guardería.
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En ese entonces en la zona metropolitana el padrón estaba conformado por 110 establecimientos, empleaban a un promedio de 900 personas y atendían entre 30 y 45 pequeños cada una. Hoy gracias al huracán surgido por la combinación de factores, apenas sobreviven 15 en Tampico, 7 en Madero y 10 en Altamira.
El argumento del Gobierno federal se basó que en algunas de las estancias infantiles había padrones alterados y los recursos no llegaban a las madres necesitadas, por lo que los 950 pesos por cada infante inscritos en la red de guarderías Sedesol sería entregado directamente a las beneficiarias para que ellas hicieran el pago o bien darlo a los “abuelos encargados de cuidar a los nietos”, señaló Mario Martínez, propietario del establecimiento "Peques" en Ciudad Madero.
Sin embargo el cumplimiento fue a medias o nulo, pues a dos años de la medida de cada 10 mamás el recurso apenas llega a dos o tres, ya que la actualización del padrón o la conformación de otro, solo se hizo con algunas cuantas y hasta ahora permanece en pausa, sin que haya fecha para ser retomado, ni forma de incorporarse vía internet al programa, ya que el Portal de Bienestar está suspendido.
El empresario relata que antes de la llegada del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, había estancias que hacían labor social en colonias vulnerables como la Nuevo Madero en Altamira, donde las beneficiarias del programa no hacían aportaciones adicionales a la gubernamental, aunque en otras, la gran mayoría sí pagaban cuotas extras para completar el pago por el cuidado, orientación escolar y alimentación de los pequeños.
“En cada lugar eran atendidos alrededor de 40 o 45 hijos de trabajadoras domésticas, empleados del sector informal, vendedoras, comerciantes, estudiantes o hasta aquellas con mejores sueldos, pero sin seguridad social”, dijo.
Reconoce que el golpe fue amortiguado un poco con la colaboración del gobierno del estado, con apoyos para desayunos escolares al entregar donaciones de arroz, frijol, avena, frutas, verduras y condonando el pago por revisiones de Protección Civil y licencia sanitaria.
LLEGÓ LA PANDEMIA
La herida que aún estaba fresca hacia el sector, que en vano realizó manifestaciones contra la decisión federal y recurrió al recurso de amparo, fue empeorada por la pandemia del coronavirus cuando la Secretaría de Salud ordenó el cierre total de julio de 2020 a febrero de este año.
“Eso hizo imposible la supervivencia, pues sin atender pequeños y cero ingresos había que pagar nómina, servicios públicos, entre otros gastos que no podría afrontar la desgastada capacidad financiera de los propietarios”, refirió.
En este primer año había sobrevivido 60% de los negocios, pero la inmovilidad social acabó con otro 30% de los negocios, sobre todo aquellos que no tuvieron la capacidad de renovarse ni afrontar los dobles desafíos.
El empresario Martínez afirma que hoy la situación no es nada fácil, pues el gobierno del estado pasó a los municipios la facultad de otorgar el permiso de Protección Civil, lo que implica un gasto adicional de 30 mil pesos por el pago de un consultor, la ejecución de proyecto estructural y de seguridad, además de contratar el indispensable seguro de responsabilidad civil, con un costo anual superior a los 12 mil pesos.
SOBREVIVEN LAS MÁS FUERTES
Sin embargo, aclara que no todas las estancias antes llamadas Sedesol sucumbieron a los golpes gubernamentales y de salud, las que siguen prestando servicio son aquellas que afrontaron los retos, innovaron y ofrecieron servicios adicionales como horarios hasta de 12 horas de lunes a sábado, así como orientación didáctica y escolar para los pequeños.
Elena Hernández, una de las propietarias más joven de estancias infantiles, agrega que "con la decisión federal todo cambió y quienes no murieron han afrontado retos enormes, como el de recurrir a préstamos de las familias para pagar la certificación de los peritos de la Secretaría de Energía y obtener derecho al suministro de la CFE, una vez que tuvieron que cerrar por la pandemia, además de la obligatoriedad de hacer frente a otros gastos como la licencia sanitaria y permisos de Protección Civil".
La psicóloga dueña de “Abejitas” en Ciudad Madero, señala que hace 10 años cuando apenas había llegado a los 20 años decidió abrir su negocio y ha sido una década de lucha continua para mantener viva su empresa, donde emplea a ocho trabajadoras y debe laborar doce horas, a partir de las siete de la mañana.
SIN RESPUESTA LA MAYORÍA DE LOS AMPAROS
Con la decisión federal todo cambió, y aunque al parecer 90% de los 320 negocios de Tamaulipas promovió amparos, muchos desistieron y otros recibieron resoluciones inexistentes por los jueces de distrito, sin que haya prosperado alguna de las solicitudes de protección judicial.