Parálisis en obra pública detiene el crecimiento

Los constructores de Tamaulipas enfrentan sombrío panorama ante la caída en la inversión, tanto pública como privada, siendo este último sector el que tiene un menor porcentaje de flujo con sólo 38.8% del total capital aplicado.

La entidad se coloca en el lugar 27 del ranking nacional de inversión privada y del Presupuesto de Egresos de la Federación del 2019, pues solo se ha contratado 18%.

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Decenas de inmuebles a punto de colapsar

Durante el primer semestre de 2019 la inversión privada en tierra tamaulipeca quedó muy lejos de entidades como Baja California Sur, donde 90.8% de la inversión total fue de particulares; superando solo a Chiapas, Colima, México, Oaxaca y Campeche que están en el fondo de la tabla.

En lo que respecta al porcentaje de participación pública tampoco la situación es halagüeña, ya que de los 5 mil 436.85 millones de pesos considerados en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) para el 2019, hasta julio solo se habían contratado 979.20 millones de pesos, 18% del total.

El presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC) en Tamaulipas, Roberto Salinas Ferrer, aseguró que “no tenemos un crecimiento económico en infraestructura privada, como en otros estados que están creciendo en tasas altas, Tamaulipas tiene crecimiento más modesto”.

De las 380 empresas constructoras afiliadas al organismo empresarial 140 (que representan 36.84%) no han tenido trabajo en todo lo que va del presente año, concentrándose la afectación mayormente en la parte sur de Tampico, Ciudad Madero y Altamira.

La crisis de la industria de la construcción se refleja negativamente en por lo menos 44 sectores como cemento, derivados pétreos, acero, carpintería, madera y otros, estando en riesgo el empleo de por lo menos 40 mil obreros que en la entidad dependen de la actividad.

En lo referente al PEF 2019 “no precisamente se ejercerá la cantidad que se presupuestó, quizá no hubo la recaudación que estimaron y por ello quedaron abajo en lo proyectado para Tamaulipas”.

A nivel nacional es la Secretaría de Comunicaciones y Transportes la dependencia que más ha avanzado en la aplicación del recurso asignado, con 55%, seguida de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, con 49%; el resto va a un claro subejercicio.

“El 2019 pensamos que por ser el primer año de este sexenio hubo una curva de adaptación o de aprendizaje en el que no se liberaron los recursos en tiempo y forma, la esperanza queda en el 2020 aunque el presupuesto del año entrante no viene muy a favor de la inversión en infraetructura”, explicó Salinas Ferrer.

ESPERABAN 64 PROYECTOS

Al inicio de este año, el primero de Andrés Manuel López Obrador al frente del Gobierno federal, se esperaba el desarrollo de 64 proyectos, pero en el décimo mes la espectativa alcanzada está muy por debajo.

Entre los más destacados se encuentran el rescate de la refinería “Francisco I. Madero” que registra un marcado atraso, la reconstrucción de la planta de generación de energía eléctrica CFE Altamira, obras de protección del Litoral Costero y la ampliación de la red carretera.

Por la SCT se contemplaba la construcción del Libramiento México II, la ampliación de la carretera federal Ciudad Victoria, límite de Estado de Nuevo León, sí como en Asociación Pública-Privada los trabajos de conservación de la carretera Monterrey-Nuevo Laredo y la rehabilitación de la carretera Tampico-Victoria, algunos que avanzan de manera lenta.

Se puede mencionar además el estancamiento del nuevo Hospital Civil de Ciudad Madero, considerado compromiso inconcluso de Enrique Peña Nieto, cuya primera piedra fue colocada en septiembre de 2015 por el entonces gobernador Egidio Torre Cantú y la secretaria de Salud federal, Mercedes Juan.

La primera promesa de entrega fue para agosto de 2016, así han pasado más de tres años sin poder concretarse y el actual Gobierno federal no se ha responsabilizado para su conclusión.

De esta manera la industria de la construcción tamaulipeca enfrenta una severa crisis por la falta de obras, quedando en riesgo la conservación y generación de empleos para miles de personas que dependen de esta actividad, considerada el termómetro de la economía.