Como parte de las iniciativas contempladas en la plataforma política del Partido del Trabajo, se prevé solicitar algunas reformas y adiciones a diversos artículos de la Constitución Política Local, a las Leyes Orgánicas Respectivas y a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales, así como a la ley de Participación Ciudadana del Estado de Tamaulipas, con la finalidad que el Fiscal General del Estado, así como el Fiscal Especial para la Atención de Delitos Electorales, sean elegidos por el voto de las dos terceras partes de los miembros del congreso del estado, o de ser necesario por sorteo entre los mejores aspirantes, es decir quienes reúnan el perfil más idóneo para el cargo.
Al respecto el candidato del Partido del Trabajo a la Diputación Local por el Distrito XX, Azael Portillo, estableció que "las condiciones actuales de inseguridad pública en la entidad, sobre todo ante la ola de violencia, y el estado de cosas que se viven, además de los problemas generados por los fenómenos de migración y de crecimiento de las ciudades por la pobreza y la marginación social, hace necesario que la lucha contra la delincuencia y la protección de los derechos humanos de la población, así como la procuración de justicia, se ponga en manos de autoridades legítimas designadas con el mayor de los consensos, sobre todo ahora que se pretende garantizar la autonomía constitucional de la Fiscalía General de la República y de las Fiscalías Estatales".
Destacó el abanderado petista, que los diputados de este partido, denunciarán cualquier simulación que se haga en este tipo de nombramientos, por lo que existirán propuestas para que el fiscal general que sea designado, rinda cuentas de manera anual y públicamente ante el congreso, acerca del estado que guarda la procuración de justicia y la lucha contra la delincuencia, de los índices delictivos y de las medidas aplicadas en esa función pública, así como de los demás asuntos de su competencia.
Azael Portillo, añadió que la plataforma planteada por el Partido del Trabajo es clara, ya que se busca que con dicha reforma constitucional y las leyes mencionadas, busca garantizar que el titular del Ministerio Público y sus agentes, no tengan nexos con la delincuencia organizada, sancionando severamente a los funcionarios de este ramo que infrinjan esto.
El candidato del Partido del Trabajo en el Distrito XX, expuso por otra parte, "aspiramos a una nueva forma de designación de la fiscalía en materia de delitos electorales, de modo que se instruya con autonomía funcional y técnica para que ejerza sus atribuciones con plena imparcialidad, y no influya en la equidad de la competencia entre los partidos políticos que sirva como órgano represor de unos y perdonador de otros, cómo actualmente está subordinado al ejecutivo", finalizó.
