Dar mal uso a drones podrían llevar a la cárcel a una persona hasta por 40 años, de acuerdo con una publicación realizada en el Periódico Oficial del Estado (POE) de Tamaulipas.
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Se trata de un decreto expedido por el Congreso de la Unión que prohíbe y castiga el uso de estos equipos.
¿Por qué regular los drones?
Con estas reformas al Código Penal Federal y la Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos buscan frenar el uso de ese tipo de equipos por parte de la delincuencia, sobre todo de los cárteles del crimen organizado.
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Debido a que los aparatos, manejados a distancia, se han estado utilizando por los grupos criminales para vigilar o atacar tanto a las fuerzas de seguridad como a los grupos rivales, e incluso a la población civil.
¿Cuáles son las penas?
De acuerdo al decreto, las penas por ese delito serán las siguientes:
- Quien utilice drones para cometer conductas indebidas, como arrojar objetos o artefactos explosivos, sustancias químicas o impactar a personas o propiedades con el fin de causar daño podría ser castigado con una pena de 15 a 40 años de prisión.
Además de una multa de 400 (43,428 pesos) a mil 200 (130 mil 284 pesos) veces el valor diario de la UMA (108.57 pesos)
- De 10 a 20 años de prisión para quien, mediante el uso de drones, cause daño a una persona o bien de las fuerzas armadas o de seguridad pública. Esta pena puede aumentar hasta en una mitad si el daño es grave.
- Quien importe, manufacture, arme, adquiera o adapte drones para el transporte de artefactos explosivos, armas, narcóticos o drogas sintéticas podría recibir de 5 a 10 años de prisión.
- De 3 a 20 años de prisión para quien, mediante violencia, amenazas o engaños, se apodere o tome el control de una plataforma física, instalaciones o servicios de navegación aérea o marítima o de aeropuertos que presenten servicios de aviación civil.
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Esta legislación incluye penas sanciones para la vigilancia ilegal
“Se sanciona a quien utilice drones equipados con dispositivos para fotografiar o realizar grabaciones de audio o video, con el fin de vigilar actividades de personas servidoras públicas para conocer o reportar su ubicación”, señala esta regulación que fue homologada en Tamaulipas.
