/ viernes 14 de mayo de 2021

Gobernadores de la AF urgen a SCJN fijar postura sobre procesos de desafuero

El documento es firmado por los ocho gobernadores para que se establezca un posicionamiento sobre estos procesos

Los gobernadores de Aguascalientes, Colima, Coahuila, Guanajuato, Durango, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, aglutinados en la Alianza Federalista (AF), urgieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establecer su posicionamiento respecto a los procesos de desafuero.

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En una misiva signada por los mandatarios se establece: "Urgimos a la Suprema Corte de Justicia a pronunciarse sobre el conflicto constitucional trabado entre la Federación y las entidades federativas en relación con la interpretación del párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución federal".

Este hace referencia A "La definición sobre la competencia de los órganos federales y locales en el procedimiento de desafuero es fundamental para el futuro del pacto federal y no puede ser una cuestión exclusiva de la decisión de una cámara legislativa, sino que es un proceso colaborativo entre la Federación y las entidades federativas en el que debe delimitarse la participación de cada uno de los ámbitos de gobierno que intervienen", dice el documento.

Los gobernadores firmantes admitieron que la Cámara Federal tiene una parte de decisión que es soberana e inatacable, más precisan que "constitucionalmente las entidades federativas participan teniendo la última palabra en lo que se refiere al retiro del fuero con el que cuentan los servidores públicos locales. En este sentido, los poderes federales, Ejecutivo y Legislativo, han solicitado que la Suprema Corte, como máximo intérprete de la Constitución, se pronuncie sobre el tema, ya que resulta trascendental para definir las relaciones entre la Federación y las entidades federativas respecto a los procedimientos de responsabilidad".

El desplegado establece que "Habíamos desterrado el uso faccioso de los procedimientos constitucionales como herramientas para la subordinación de las entidades federativas a la Federación. No debe permitirse que se configure un nuevo instrumento que pueda utilizarse para esta finalidad. El único órgano que es responsable de delimitar las facultades de los ámbitos de competencia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la instamos a que se haga responsable de su función en el ordenamiento jurídico mexicano para abonar al fortalecimiento del federalismo, de la división de poderes y alcanzar el objetivo de consolidar el Estado de derecho que todos buscamos".

El documento es firmado por los gobernadores Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacan; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.

Este último con un proceso de desafuero aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de abril, pero negada su homologación por el Congreso local, por lo que actualmente está interpuesta una controversia constitucional ante la SCJN, misma que fue admitida, pero aún no se ha establecido la procedencia o no de la solicitud de la legislatura tamaulipeca.

Los gobernadores de Aguascalientes, Colima, Coahuila, Guanajuato, Durango, Michoacán, Nuevo León y Tamaulipas, aglutinados en la Alianza Federalista (AF), urgieron a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) establecer su posicionamiento respecto a los procesos de desafuero.

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En una misiva signada por los mandatarios se establece: "Urgimos a la Suprema Corte de Justicia a pronunciarse sobre el conflicto constitucional trabado entre la Federación y las entidades federativas en relación con la interpretación del párrafo quinto del artículo 111 de la Constitución federal".

Este hace referencia A "La definición sobre la competencia de los órganos federales y locales en el procedimiento de desafuero es fundamental para el futuro del pacto federal y no puede ser una cuestión exclusiva de la decisión de una cámara legislativa, sino que es un proceso colaborativo entre la Federación y las entidades federativas en el que debe delimitarse la participación de cada uno de los ámbitos de gobierno que intervienen", dice el documento.

Los gobernadores firmantes admitieron que la Cámara Federal tiene una parte de decisión que es soberana e inatacable, más precisan que "constitucionalmente las entidades federativas participan teniendo la última palabra en lo que se refiere al retiro del fuero con el que cuentan los servidores públicos locales. En este sentido, los poderes federales, Ejecutivo y Legislativo, han solicitado que la Suprema Corte, como máximo intérprete de la Constitución, se pronuncie sobre el tema, ya que resulta trascendental para definir las relaciones entre la Federación y las entidades federativas respecto a los procedimientos de responsabilidad".

El desplegado establece que "Habíamos desterrado el uso faccioso de los procedimientos constitucionales como herramientas para la subordinación de las entidades federativas a la Federación. No debe permitirse que se configure un nuevo instrumento que pueda utilizarse para esta finalidad. El único órgano que es responsable de delimitar las facultades de los ámbitos de competencia es la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la instamos a que se haga responsable de su función en el ordenamiento jurídico mexicano para abonar al fortalecimiento del federalismo, de la división de poderes y alcanzar el objetivo de consolidar el Estado de derecho que todos buscamos".

El documento es firmado por los gobernadores Martín Orozco Sandoval, de Aguascalientes; José Ignacio Peralta Sánchez, de Colima; Miguel Ángel Riquelme Solís, de Coahuila; Diego Sinhue Rodríguez Vallejo, de Guanajuato; José Rosas Aispuro Torres, de Durango; Silvano Aureoles Conejo, de Michoacan; Jaime Rodríguez Calderón, de Nuevo León y Francisco Javier García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas.

Este último con un proceso de desafuero aprobado por la Cámara de Diputados el 30 de abril, pero negada su homologación por el Congreso local, por lo que actualmente está interpuesta una controversia constitucional ante la SCJN, misma que fue admitida, pero aún no se ha establecido la procedencia o no de la solicitud de la legislatura tamaulipeca.

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