El Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos de Tamaulipas buscará revertir con amparos judiciales la decisión de diputados locales de excluir la figura de director responsable de obra pública en el reglamento y Ley de Obra Pública del Estado, obligatoriedad que ayudaría a controlar la calidad de la infraestructura ejecutada por el gobierno, en sus tres niveles.
Enrique Domínguez Aguilar, vicepresidente de ese organismo conformado por trece asociaciones, expuso que hay enojo en su gremio, debido a que los poderes Ejecutivo y Legislativo en la entidad se negaron a escuchar la demanda ciudadana de incluir esa figura en la normativa oficial, la cual contribuiría a un mejor uso del erario.
En la zona sur se han visto deficiencias en proyectos de infraestructura como el paso a desnivel del Callejón de Barriles, Paso Inferior de avenida Hidalgo o incluso el puente “roto”, construido con recursos federales, que pudieron evitarse si tuvieran supervisiones ajenos a las constructoras que los llevan a cabo, agregó.
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AMPAROS JUDICIALES
Esas imperfecciones ocasionan sobrecostos a cargo del gasto público, una vez que son corregidos, lo que hace necesario el trabajo los directores responsable de obra pública, como sucede en proyectos a cargo de particulares, donde necesariamente para obtener el permiso municipal debe contar con un ingeniero a cargo del proyecto y acatar la normativa oficial, manifestó.
Dijo que desde hace dos años la agrupación de arquitectos e ingenieros civiles buscó infructuosamente a Cecilia del Alto, secretaria de Obras Públicas, para presentar la propuesta y solo lograron los canalizara con Juan Patiño Cruz, actual director del ITIFE, sin obtener respuesta alguna a la petición.
“Hubo acercamiento con algunos diputados, pero finalmente la legislatura saliente se anticipó y en el reglamento a la Ley de Obra Pública no contempló la obligación que toda obra pública esté sujeta a la supervisión de un externo y la instancia estatal se haga cargo de sus honorarios”.
QUIEREN MARCHA ATRÁS
Sin embargo, aseguró, no quedarán con brazos cruzados y buscarán que la próxima legislatura a iniciar actividades el 1 de octubre, escuche el planteamiento y de marcha atrás a la decisión y acepte la propuesta de los profesionistas.
Incluso, dijo, que no descartan recurrir a instancias judiciales y utilizar el recurso de amparo para que Tamaulipas sea puntero en el país en la designación obligada de directores responsables en toda obra gubernamental y verificar que se acata la normativa de calidad, seguridad e higiene.
