Aunque el juez Octavo de Distrito determinó la suspensión provisional contra cualquier orden de aprehensión girada contra el gobernador de Tamaulipas, será hasta dentro de 28 días -el 22 de junio del 2021-, que en la Audiencia Constitucional se determine si otorga o niega el amparo definitivo.
Suscríbete a la edición digital de El Sol de Tampico aquí
El delegado de la Federación de Asociaciones de Abogados en Tamaulipas, Fausto E. Villarreal García indicó que de momento “prohíbe a las autoridades señaladas como responsables que ejecuten cualquier orden de aprehensión que tengan en contra del gobernador, hasta en tanto se resuelva lo conducente en el incidente y después en la audiencia constitucional que es esta ultima la que resolverá sobre el fondo del juicio promovido”.
Explicó que “esto implica que no se ha resuelto el fondo principal del amparo, solo es una medida para proteger los derechos humanos y demás que tenga el quejoso dentro del incidente de suspensión solicitado”.
El gobernador promovió amparo y se radicó ese juicio en el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Tamaulipas, asignándosele el No. 669/2021-2, promovido contra los actos del presidente de la República de los Estados Unidos Mexicanos y otras autoridades como la Fiscalía General de la República y se admitió para su tramitación.
En el incidente de suspensión solicitado por el gobernador se señala como fecha para la Audiencia Constitucional las 13:45 horas del 22 de junio del 2021, “esta audiencia tiene por objeto analizar todo lo relativo a los derechos humanos del quejoso para que de estar violentados se le proteja”.
El juzgado federal reconoce que el gobernador tiene fuero, “En efecto, el ahora proveniente del amparo tiene la calidad jurídica y política de gobernador Constitucional del Estado Libre y Soberano de Tamaulipas”, se lee en la resolución publicada este martes por el Consejo de la Judicatura Federal.
En este incidente de suspensión se busca precisar si se cumplió o no el procedimiento para la privación de la inmunidad procesal “lo que se pretende no es declarar al gobernador culpable o no, sino tratar la materia del fuero, que es la base del juicio promovido”.