/ martes 2 de agosto de 2022

Ante la Corte, Morena impugna decretos del PAN en el Congreso de Tamaulipas

Los morenistas acusan que la bancada de Acción Nacional pretende acotar al gobierno entrante

Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el grupo Parlamentario de Morena del Congreso de Tamaulipas presentó tres recursos de impugnación sobre tres decretos impulsados por el Partido Acción Nacional (PAN).

La diputada local, Úrsula Salazar Mojica, representante de la bancada de Morena, anunció que el pasado viernes 29 de julio se impugnaron tres decretos que afectan el proceso del ingreso del nuevo gobierno que será encabezado por el morenista Américo Villarreal Anaya.

“Refrendamos nuestro compromiso con el pueblo de Tamaulipas, de seguir defendiendo en los tribunales lo que legalmente ganamos en las urnas y que estos criminales prianistas nos quieren arrebatar”, aseguró.

Señalan discriminación a proveedores

La legisladora que es sobrina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el primer decreto impugnado en la SCJN es el 65-182 que establece que, para inscribirse en el Padrón de Proveedores estatal o municipal, los interesados deberán cumplir el requisito de Exhibir Constancia de Antecedentes de No Corrupción.

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“Vulnera la prohibición de no discriminación y el principio igualitario, así como las garantías de libertad de oficio y libre empresa”, indicó.

Aseguró que se afecta los derechos económicos de los ciudadanos, debido a que pese no tener sospechas de actos de corrupción, estarán obligados tramitar este documento para inscribirse en el padrón de proveedores.

Acusan que se restan atribuciones al ejecutivo estatal

Precisó que se impugnó el decreto No. 65-183 mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de La Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Detalló que esta medida tiene como objetivo eliminar o modificar atribuciones al ejecutivo de la entidad; así como modificar la integración y adscripción de diversos órganos incorporándolos a la Fiscalía Estatal.

Los morenistas acusan que la bancada de Acción Nacional pretende acotar al gobierno entrante | Facebook: Úrsula Salazar

Tamaulipas nos pertenece a todos, no a unos cuantos, ni una minoría rapaz y obscura, que solo ven esta tierra, como un botín para enriquecerse ilícitamente”, añadió.

Impugnan decreto relacionado con el agua

Salazar Mojica precisó que se impugnó el decreto 65-184 relacionado con el servicio público del agua y que pretende modificar la Ley de Aguas, para eliminar en los Consejos de Administración de los organismos municipales.

“La reforma aprobada por el PAN deja el poder de decisión, por mayoría de votos, al sector social y privado y deja fuera del ámbito de decisión efectiva al propio municipio, lo que contraviene de manera cierta y directa lo que establece el artículo 115 constitucional”, planteó.

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"Priva al municipio de la facultad de decidir respecto de la prestación efectiva del servicio de agua y del monto y cobro de los derechos de este … mucho menos merecemos, que, por medio de argucias legaloides, quieran torcer la voluntad de la mayoría”, enfatizó.

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La líder de Morena en el Congreso de Tamaulipas no descartó que se presenten más recursos ante la Suprema Corte relacionados con los decretos del PAN.

Ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), el grupo Parlamentario de Morena del Congreso de Tamaulipas presentó tres recursos de impugnación sobre tres decretos impulsados por el Partido Acción Nacional (PAN).

La diputada local, Úrsula Salazar Mojica, representante de la bancada de Morena, anunció que el pasado viernes 29 de julio se impugnaron tres decretos que afectan el proceso del ingreso del nuevo gobierno que será encabezado por el morenista Américo Villarreal Anaya.

“Refrendamos nuestro compromiso con el pueblo de Tamaulipas, de seguir defendiendo en los tribunales lo que legalmente ganamos en las urnas y que estos criminales prianistas nos quieren arrebatar”, aseguró.

Señalan discriminación a proveedores

La legisladora que es sobrina del presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, informó que el primer decreto impugnado en la SCJN es el 65-182 que establece que, para inscribirse en el Padrón de Proveedores estatal o municipal, los interesados deberán cumplir el requisito de Exhibir Constancia de Antecedentes de No Corrupción.

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“Vulnera la prohibición de no discriminación y el principio igualitario, así como las garantías de libertad de oficio y libre empresa”, indicó.

Aseguró que se afecta los derechos económicos de los ciudadanos, debido a que pese no tener sospechas de actos de corrupción, estarán obligados tramitar este documento para inscribirse en el padrón de proveedores.

Acusan que se restan atribuciones al ejecutivo estatal

Precisó que se impugnó el decreto No. 65-183 mediante el cual se reforman y adicionan diversas disposiciones de La Ley de Coordinación del Sistema de Seguridad Pública del Estado de Tamaulipas, la Ley de Seguridad Pública para el Estado de Tamaulipas, y la Ley Orgánica de la Fiscalía General de Justicia del Estado de Tamaulipas.

Detalló que esta medida tiene como objetivo eliminar o modificar atribuciones al ejecutivo de la entidad; así como modificar la integración y adscripción de diversos órganos incorporándolos a la Fiscalía Estatal.

Los morenistas acusan que la bancada de Acción Nacional pretende acotar al gobierno entrante | Facebook: Úrsula Salazar

Tamaulipas nos pertenece a todos, no a unos cuantos, ni una minoría rapaz y obscura, que solo ven esta tierra, como un botín para enriquecerse ilícitamente”, añadió.

Impugnan decreto relacionado con el agua

Salazar Mojica precisó que se impugnó el decreto 65-184 relacionado con el servicio público del agua y que pretende modificar la Ley de Aguas, para eliminar en los Consejos de Administración de los organismos municipales.

“La reforma aprobada por el PAN deja el poder de decisión, por mayoría de votos, al sector social y privado y deja fuera del ámbito de decisión efectiva al propio municipio, lo que contraviene de manera cierta y directa lo que establece el artículo 115 constitucional”, planteó.

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"Priva al municipio de la facultad de decidir respecto de la prestación efectiva del servicio de agua y del monto y cobro de los derechos de este … mucho menos merecemos, que, por medio de argucias legaloides, quieran torcer la voluntad de la mayoría”, enfatizó.

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