Tampico, Tamps., Abril 12 (OEM-Informex).-Para frenar la ola de desapariciones en México, la Organización Mundial de las Naciones Unidas (ONU) recomendó que el país abandone el enfoque de la militarización como modelo de seguridad pública, ya que esto ha sido ligado con faltas a los derechos humanos.
Este martes 12 de abril, el Comité para Desaparición Forzada de la ONU, presentó oficialmente su informe sobre la visita que cuatro de sus integrantes efectuaron en esta nación del 15 al 26 de noviembre de 2021.
La delegación visitó 13 entidades: Chihuahua, Ciudad de México, Coahuila, Estado de México, Guanajuato, Guerrero, Jalisco, Morelos, Nayarit, Nuevo León, Sinaloa, Tamaulipas y Veracruz.
Sostuvo reuniones con más de 85 instituciones de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, así como con órganos autónomos; se encontró con decenas de colectivos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil provenientes de 31 de las 32 entidades federativas. Durante estos 11 días de visita, la ONU señaló que se reportó la desaparición de 112 personas.
HAY QUEJAS CONTRA SEDENA Y SEMAR
Carmen Rosa Villa Quintana, presidenta del Comité y que se reunió en Nuevo Laredo con buscadoras del campo de exterminio “La Bartolina”, ubicado en Matamoros, fue quien presentó este documento donde urgió fortalecer a las fuerzas civiles del orden y que el Estado establezca un plan de retiro ordenado y verificable de los militares.
“Entre 2007 y 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos emitió un total de 162 recomendaciones a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y Secretaría de Marina (Semar) por violaciones graves a los derechos humanos”, dijo.
Informó que 15 de las recomendaciones están relacionadas con casos de desaparición forzada.
LA IMPUNIDAD ABSOLUTA EN MÉXICO
Según la información proporcionada por el Estado a la ONU, hasta el 26 de noviembre de 2021, solo un mínimo porcentaje de los casos de desaparición de personas, entre 2% y 6%, habían sido judicializados.
“Sólo se habían emitido 36 sentencias en casos de desaparición de personas a nivel nacional. A ello se suma la actitud, pasiva muchas veces, de las instituciones judiciales frente a un fenómeno tan grave como la desaparición de personas”, apuntó la visitadora de la ONU.
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“Lo anterior contribuye a la notable falta de confianza de las víctimas en las instituciones, que a su vez resulta en un alto número de casos no reportados o denunciados”, agregó.
Afirmó que la impunidad en México es un rasgo estructural que favorece la reproducción y el encubrimiento de las desapariciones forzadas que pone en peligro y causa zozobra a las víctimas y a los servidores públicos que buscan a las personas desaparecidas e investigan sus casos.
RESUENA EN TAMAULIPAS
Con los casos de homicidios de migrantes, durante este informe presentado desde Ginebra, Villa Quintana señaló el riesgo que sufren los migrantes, por lo que citó algunos lugares de Tamaulipas.
“El Comité recibió información acerca de otros patrones de desapariciones ocurridas en el contexto migratorio de las que las masacres de San Fernando, Cadereyta, Güemez y Camargo”, puntualizó.
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Advirtió sobre el peligro que sufren los transportistas que viajan de Monterrey a Nuevo Laredo a la altura del kilómetro 26 de la carretera 85, conocido popularmente como el tramo del terror, donde en los últimos 11 años se han reportado 206 casos de desaparición.
“El Comité nota con preocupación el aumento de desapariciones de personas a la altura del kilómetro 26 de la carretera 85 de Monterrey a Nuevo Laredo, principalmente conductores de vehículos de transporte pesado y sus acompañantes”, reiteró.
LAS RECOMENDACIONES
La ONU señaló en este reporte que al 26 de noviembre de 2021 se encontraban registradas 95 mil 121 personas en desaparición, aunque consideró que muchos casos no han sido denunciados, por lo que se emitieron una serie de recomendaciones que el Gobierno de México deberá responder en un periodo de cuatro meses.
Estas prioridades planteadas por la ONU son: Tomar en consideración los criterios de responsabilidad de los servidores públicos, abandonar el enfoque de militarización de la seguridad pública, sensibilizar sobre las desapariciones e implementar debidamente el marco normativo.
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Aunado a fortalecer las instituciones y los procesos de búsqueda, garantizar la coordinación, remover los obstáculos que impiden la judicialización, atender las desapariciones ocurridas en el contexto migratorio, resolver la crisis forense, reconocer el papel de las víctimas y proteger a los servidores públicos involucrados en las búsquedas.
“Son medidas que el Estado debe adoptar en corto mediano y largo plazo, vamos a estar atentos como Comité sobre todo para poder determinar el grado de cumplimiento de las recomendaciones”, respondió a uno de los reporteros que cuestionaron sobre lo qué debe hacer México con estas recomendaciones.
