CIUDAD DE MÉXICO.-La reforma a la Ley de la Industria Energética, es fundamental para las empresas del sector y para todos los mexicanos, porque mantiene la exclusividad del Estado en la generación, transmisión y distribución de energía, afirmó el senador Américo Villarreal Anaya al justificar la aprobación de la misma.
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"Faltan a la verdad quienes dicen que la CFE producirá energías sucias y caras, pues los generadores privados nos venden energía generadas por termoeléctricas y sufrimos las consecuencias de graves afectaciones ecológicas en la instalación de generadores eólicos a los que tendenciosamente justifican como los más baratos", dijo el senador tamaulipeco por Morena.
Explicó que la CFE también tiene energías limpias (24%), como las hidroeléctricas, la geotérmica, la nuclear; pero las dejaron en el despacho cuando hicieron su reforma.
Villarreal Anaya precisó que con esta decisión, se está apostando por la industria pública, por utilizar y modernizar la infraestructura con la que se cuenta y respetar los bienes nacionales, "hay que entender que la seguridad energética está por encima de la eficiencia económica; que haya competencia, pero una competencia justa".
Reiteró a los críticos que esto que hacen los senadores de Morena y los aliados, es la transformación para lo que llegamos aquí con el voto de la gente buscando un estado de bienestar y humanista:
Si dicen que vivimos en el pasado con políticas de hace 40 años y que somos nacionalistas.
"Si ser nacionalista es recuperar nuestra capacidad de refinación y no al desmantelamiento de las refinerías. Si ser nacionalista es recuperar la capacidad de CFE. Si ser nacionalista es recuperar la capacidad de los servicios de salud. Si soy orgullosamente nacionalista”, puntualizó el senador.
El Senado avaló la reforma a la Ley de la Industria Eléctrica para revertir las reglas del sector diseñadas durante el sexenio pasado y esta modificación ordena la revisión y, de ser necesario, la renegociación de los contratos vigentes firmados con inversionistas privados nacionales y extranjeros, “a fin de garantizar su legalidad y el cumplimiento del requisito de rentabilidad para el gobierno federal”.
